Alfredo Piñera Guevara.- Me pregunto si en nuestro país existe algún mexicano, cualquiera mayor de edad con capacidad de discernimiento, que pueda asegurar con auténtica convicción que el presidente de México es una persona absolutamente vertical y honesta; que a lo largo de su carrera como político y servidor público jamás ha cometido algún acto de corrupción y los señalamientos que pesan sobre él -ejemplo “la Casa Blanca” o el caso reciente de Odebrecht- han sido originados por pura “mala leche” y con fines inmorales de descalificación política.
¡Qué va, por favor! No creo que exista un solo mexicano (y pocos extranjeros) que se atrevan a rechazar que nuestro presidente de la República es un político enormemente corrupto con gigantescas orejas de ratón, él y todo su inútil equipo de colaboradores de primer nivel, ¿o sí?
Por eso no entiendo cómo carajos hay quienes siguen idolatrándolo, como si realmente fuera un estadista extraordinario, digno de toda confianza y consideración. ¿Será que los mexicanos ya perdimos nuestra capacidad de asombro e indignación frente a los casos más cínicos y absurdos de corrupción y degradación política?
Puede ser, pero este fenómeno social de conformismo con la ilegalidad debemos de atenderlo con extrema urgencia y prioridad; revisar a fondo qué le está pasando a nuestra sociedad, pues se mantiene impávida a pesar de que los casos de corrupción cada vez son más cínicos y burdos; 16 exgobernadores presos, procesados o prófugos de la justicia (siete de ellos ya en la cárcel) y un incontable número de servidores públicos de menor nivel en serios problemas legales por actos de corrupción. ¡Más de la mitad de los gobernadores del total de estados en el país indiciados!
Cualquiera diría: “¡Bueno, al menos ya comenzamos a combatir la corrupción y se está aplicando la justicia!”. ¡Nada más superficial y relativo que eso! Perseguir a un porcentaje mínimo, ejemplares del total de corruptos no es combatir verdaderamente la corrupción, mucho menos coadyuvar a erradicarla. La corrupción es un enorme problema que se ha vuelto cultural, de mala educación y de peligrosa degradación de los principios y valores de una sociedad que busca ser justa. Sobre ello no se ha hecho absolutamente nada.
No veo que en los programas de instituciones educativas se hayan insertado nuevos programas de formación cívica en materia de legalidad, cultura de denuncia y respeto por las buenas costumbres y tradiciones de México. No veo que en las instituciones de gobierno o en las privadas, centros de trabajo, educativas de nivel medio y superior, colegiados y asociaciones, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, se impartan cursos, talleres y programas de re-educación pública, denuncia del delito y la corrupción y principios de ética y moral.
La inmensa mayoría estamos atenidos que es exclusiva obligación de la autoridad combatir la corrupción, pero sólo cuando ésta ya dañó a la sociedad y a las personas. No hay programas de prevención, de detección de zonas – riesgo o administración de indicadores de debilitamiento institucional.
¿Quién o quiénes son rectores de la legalidad en nuestra población? menciónese usted un sólo nombre de persona o institución en la que realmente confíe. ¿La autoridad judicial, el ejecutivo estatal o los 33 diputados de nuestro Congreso?
En China, Corea del Norte e Indonesia ya es legal la pena de muerte para los servidores públicos que cometan actos de corrupción. Con ello resolvieron de tajo sus graves problemas de corrupción. Algo tenemos que hacer para no tener que llegar a ello.
