Antes de irse, visualizando el despliegue judicial en su contra, César Duarte cooptó al Poder Judicial a través de acuerdos políticos –Villegas y Quintana- e incondicionales a quienes hizo magistrados, en aquel episodio conocido como la “oxigenación del Tribunal”.
Entre esos magistrados “oxigenadores” destacaba Gabriel Sepúlveda, abogado carente de credenciales, sin antecedentes en el servicio judicial pero duartista de primera hora. Lo impuso en la presidencia del Tribunal en una maniobra desesperada y vial contra José Miguel Salcido, entonces presidente negado a recibir la Ciudad judicial.
Confió en que teniendo la presidencia y la mitad de los magistrados incondicionalmente a su servicio, quedaba blindado contra todo intento por llevarlo a juicio y en consecuencia garantizaba la deseada impunidad que le permitiría transitar, sin mayores sobresaltos, su etapa de “ex”.
Error de cálculo, cuando los políticos llevan sus confrontaciones a nivel personal, como Duarte y Corral, desaparecen los límites entre lo legalmente permitido y lo políticamente posible. Puestos en esa dinámica todo se vale, cualquier recurso es bueno con tal de someter al enemigo. Es la guerra.
Duarte rompió esos límites durante aquel episodio en el Senado, donde reventó frente al entonces senador Corral el incómodo caso de sus hermanos delincuentes. En la campaña del 2004, a Reyes Baeza le pusieron sobre su escritorio el mismo expediente de los hermanos y lo que hizo el entonces candidato del PRI fue enviarlos con un propio a su adversario en campaña. Desde entonces guardan respeto mutuo, Duarte en cambio lo tronó en la primera oportunidad y ahí están las consecuencias.
Arrastrando esa carga emotiva y al ver el entramado legal diseñado para la protección de Duarte, la primer gran decisión que tomó Javier Corral fue asumir el control del Supremo Tribunal de Justicia. Lo necesitaba como garantía de que su campaña contra la corrupción no terminaría enredada en complicidades amarradas en salas y juzgados.
Si Duarte atropelló al Tribunal intentando blindarse, Corral hizo exactamente lo mismo pero al revés. Relevó de la presidencia a Gabriel Sepúlveda, impuso a un perfil dócil como el de Jiménez Castro e intentó deponer, a través de diversos recursos legales, a los magistrados de consigna duartista. Para un abuso de poder, otro.
Como muchos que dábamos seguimiento a la disputa por el control del Tribunal, aplaudí, con reservas, la decisión de Corral. No es que sea para celebrarla y lanzar loas, lo esperado de un gobernador que pretende pasar por democrático es que respete las leyes y las instituciones. Sin embargo había que “desduartizar” el Tribunal.
Hasta ahí todo bien, eran medidas urgentes para conseguir la prisión del “vulgar ladrón” que ofendió a su familia y saqueó a los chihuahuenses, no hay cruzada más noble de un gobernante. Incluso fue aceptado el escándalo de la Auditoria Superior, pues despedir a Jesús Esparza por los mismos motivos que depusieron a Sepúlveda, era comprensible.
Pero las alarmas en tono amarillo se encendieron con el nombramiento del nuevo auditor general. Omito los detalles por estar muy masticados, el resultado fue que para imponer a su elegido, Corral atropelló al Congreso del Estado y usó la justicia con fines de presión política. Lo mismo que han hecho los políticos corrompidos y obsesionados con el poder en todas las épocas. En esa parte se iguala a lo peor del PRI, el PRD y el PAN.
Si los aduladores habituales que endulzan sus jornadas de golf y trotes matutinos, quieren verlo como el demócrata dispuesto a batirse en el lodo con tal de restaurar el régimen de justicia, queda entendido. Son los cortesanos del momento, como los tuvieron antes Duarte, Reyes, Patricio, Barrio ¿Porqué recriminarles si están en su papel?
Sólo tomen en cuenta que César Jáuregui Robles, César Jáuregui Moreno, Maru Campos, el juez que dictó la orden y otros más, conocen los detalles que hicieron recular a Ignacio Rodríguez, electo Auditor General del Estado por el Pleno del Congreso. Libraron una orden de aprehensión en su contra, previniéndolo, igual que a sus promotores dentro del PAN, que de no renunciar la harían efectiva.
El episodio del Oso Valenzuela, Nachito Rodríguez, la orden de aprehensión y la reunión donde el Secretario General de Gobierno la exhibió como arma disuasiva es plenamente conocido. Si falto a verdad es por que algunos de los actores preponderantes de la historia mienten, pero hasta la fecha nadie en Gobierno ha dicho que se trate de una falsedad.
En ese punto las alarmas pasaban de amarillas a rojas. Javier Corral no desmantelaba el entramado anterior sólo como requisito para hacer justicia, también lo usaba cual arma de presión contra sus propios compañeros de partido.
Después llegó el Consejo de la Judicatura. De acuerdo a su Ley Orgánica se trata del órgano de control del Poder Judicial, en cuyo proceso de creación el Ejecutivo tiene una participación limitada; proponer a uno de los cinco consejeros, en el presente caso Lucha Castro.
Versiones de jueces, magistrados, funcionarios y abogados postulantes describen un estricto control de la señora Castro, al cual se sujeta el presidente del Pleno, Julio César Jiménez Castro, y los tres consejeros restantes. Hablan de una campaña intimidatoria contra quienes intentan ofrecer un mínimo de resistencia a su férrea dictadura.
Ese nombramiento es una de las decisiones más polémicas de su administración, mayor incluso a la destitución fulminante de Gabriel Sepúlveda, precisamente por la conducta refractaria de la señora consejera. Al interior del Tribunal la ven como dictadora que se impone sin sutilezas sobre jueces y magistrados, no se diga el personal.
Ponga usted que se trata de rumores infundados de juzgadores y abogados indispuestos contra Luz Estela Castro. También puede ser, el tiempo los pondrá a todos en su lugar.
No obstante, el estado de alteración institucional en el Poder Judicial de Chihuahua, con Lucha o sin ella, trae consecuencias funestas. Pocos casos describen de mejor manera el retorcimiento de la justicia a voluntad e interés del Ejecutivo, que el de Javier Garfio.
Por un delito no considerado grave lo mantuvieron en prisión durante seis meses y medio, sabiendo que atropellaban sus garantías individuales. La convicción de mantenerlo detenido quedó confirmada desde que el juez rechazó la reposición del daño, propuesta por Benito Tagle, el comprador de los predios. Después el juez de consigna negó todo recurso de libertad.
Es tan patético lo que hicieron para detenerlo, primero, y posteriormente soltarlo, que un ex secretario general de gobierno lo definió lapidariamente diciendo que “pisotearon todo el código penal”.
Otro conocido académico y abogado activo, explicó lo sucedido en tres líneas: “A Garfio lo mantuvieron detenido con la misma ley y el mismo articulado con que lo liberaron. Es una tragedia para la justicia, pues la interpretación es que el gobernador decide a quién mantiene detenido o libera, según sus humores y caprichos”.
Tienen razón, lo confirmó el propio Maclovio Murillo, asesor del Gobierno Estatal en el tema de los maxi-juicios, cuando liberaron al ex edil. Declaró con la mayor soltura que Garfio no se benefició por la venta de los predios y que fue obligado, como el resto de quienes integran la Junta Directiva, por César Duarte.
Javier Corral se conformó con que el ex edil se declarase culpable, pues de esa manera tenía al primer sentenciado. La culpabilidad daba razón a su cruzada justiciera, pero se cuidó de comentar que tal aceptación era parte de un acuerdo preliberatorio armado entre Palacio y los barrotes de San Guillermo.
El gobernador no contaba con el protagonismo de su asesor jurídico, ahí estaba Maclovio para cerrar la otra parte del acuerdo. Confirmó que Garfio también declaró contra el gobernador en fuga, exhibiéndolo de soplón, por lo tanto recibió trato de testigo protegido.
Con la reparación del daño, el regreso de los terrenos en disputa al patrimonio estatal, Corral, Jáuregui y Maclovio hicieron una serie de comentarios imprecisos: que sí garantizó la reparación, que los terrenos ya estaban asegurados pero no podía Coesvi disponer de ellos, y hasta Carlos Borruel terció con nuevos datos, que no valían 420 sino miles de millones.
¿No sabían eso desde un principio, cuando rechazaron la reparación del daño? ¿Garfio nunca les dijo que no se benefició de esa venta? Desde luego que sí, sólo que optaron por mantenerlo detenido como emblema del combate contra la corrupción. Es el duartista de más alto rango llevado a juicio, había que dar ejemplo de severidad.
Los chihuahuenses tienen memoria, por eso vieron contradicciones entre las declaraciones para justificar su encarcelamiento y las que ofrecieron para liberarlo. Son tan contrastantes como la noche y el día; primero era el gran corrupto que no merecía llevar el juicio en libertad, después que no se benefició de nada y que Duarte lo forzó, por eso lo soltaban.
Vea el tamaño del absurdo: Garfio se declara culpable de un delito donde bailan 320 millones de pesos y el gobierno de Corral, por medio de Maclovio Murillo, reconoce que no se benefició del mismo ¿!Entonces de que es culpable!? El que debe apelar a su inocencia se declara culpable y el que lo acusa acepta que no robó. Expliquen eso.
Algún estudioso del Derecho debe hacer una tesis doctoral para encontrar puntualmente cada una de las contradicciones, quizás concluya que está frente al mayor disparate legal del país. Pero de todas las actuaciones no se infieren razones superiores: La obsesión de Corral por detener a Duarte, matizada de motivaciones político electorales, esa conclusión se amarra en sus comentarios públicos.
Que weba, a falta del “As de oros”, Corral tuerce la ley a voluntad y echan montón con charalitos, esperando rendimientos electorales. Bendita justicia del Nuevo Amanecer.
