Está muy bien el combate a la corrupción, siempre que sea contra los enemigos o, como reza el dicho gallego, sobre la máxima del hágase la justicia en los bueyes de mi compadre.
El PAN montó una feroz oposición al nombramiento de Raúl Cervantes como Fiscal Anticorrupción y ahora el gobierno del Nuevo Amanecer acomoda a placer los nombres de quienes integrarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua.
Prevalece una clara incongruencia, es lo que hay. A riesgo de una pifia insensata, van tres nombres que aparecen como los favoritos para ser votados: José Antonio Enríquez Tamez, panista desde 1984 que ha servido a Paco Molina en tareas informáticas; Francisca Jiménez Barrientos, de la Red por la Participación Ciudadana. De ella no hay registros válidos de tener experiencia en asuntos de transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción, sin embargo es propuesta –aseguran- de Luz Estela Castro y eso cuenta; Manuel de Jesús Siqueiros Leyva, al que los diputados de Morena impulsaron fuerte para Auditor General del Estado, durante el episodio de ruptura e imposición entre el Oso Valenzuela y Nachito Rodríguez.
Mencionan también a René Javier Chavira Venzor, militante del PAN que tuvo la osadía de apoyar a Chacho Barraza en las campañas estatales y por eso lo iban a expulsar del partido, pero Corral decidió perdonarlo, y Paola Contestabile, de la Organización “Mukira” –mujer en tarahumara- también propuesta de la señora Castro. Por cierto, Paola es esposa de Guillermo Hernández, director del transporte estatal.
Estos serán los nuevos santones contra la corrupción en Chihuahua ¿Nota usted en alguno de ellos independencia al gobierno o al partido? Al contrario, se observa que llegarían por mera recomendación, el vulgar dedazo ¿Sabe usted de sus antecedentes o que tengan personalidad suficiente para formular observaciones a miembros del presente gobierno? Habría que ver, pero sus historias no son las de profesionales exitosos en la materia.
Por ahora quede ahí el comentario, a espera de que el Congreso oficialice los nombramientos.
Hay que reconocer la terquedad y entendimiento de las instituciones jurídicas de Rodolfo Leyva, el consejero incómodo del Ichitaip. Involucrar a la UNAM en el amparo indirecto contra el nombramiento de Javier Ávila, sacerdote jesuita apodado el “pato”, como integrante del Consejo Estatal de Atención a Víctimas, no es sencillo.
Mañana es la audiencia en el juzgado de distrito que conoce el caso y según ha trascendido, el nombre de los que firmaron el estudio de la UNAM donde exhiben la ilegalidad del sacerdote y de quién lo nombró, causará revuelo.
Quizás el Pato debería plantearse la posibilidad de pedir licencia, tras la audiencia sólo transcurrirán tres meses antes de que el juzgado de distrito dicte sentencia y aunque tiene otros recursos legales a su alcance, litigar de perdido y en medio de señalamientos es insano para la credibilidad de un hombre de Dios.
En denso y angustiante ambiente laboral respira el Supremo Tribunal de Justicia. Desde las controversias constitucionales, amparos y demás recursos entre magistrados, hasta una política de terror contra los funcionarios incómodos o insumisos a los intereses de quienes mandan en la Judicatura.
Julio César Jiménez Castro, presidente “florero” de la institución, ha sufrido más sinsabores en los últimos meses que en su larga carrera y el señor está por jubilarse. Le vendría bien acelerar los tramites de jubilación en Pensiones, antes de que el enrarecido ambiente lo deje con problemas irreversibles de salud.
Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez, figuras icónicas de la oxigenación duartista, están bajo fuego de la Judicatura que domina Luz Estela Castro, teniendo en medio al inocente presidente, que no sabe hacía donde moverse sin causar problemas.
Quieren deponerlos como magistrados; Sepúlveda se mantiene de milagro por la suspensión provisional que le recibió un juzgado federal y Ramírez padece el acoso de agentes ministeriales que hurgan entre sus resoluciones. Hasta con esas, los querubines de la Fiscalía husmeando en resoluciones judiciales.
Atrás de esas medias ubican a Luz Estela Castro, empoderada consejera de la Judicatura, quién hace mancuerna con Angélica Godínez, secretaria general, del Supremo, ambas cercanísimas a Javier Corral.
Hasta cuando permanecerá la era del terror ¿Hasta que los nuevos empoderados ocupen todos los cargos? Es la consigna y la llevan por nota.
Cristina Jiménez, diputada federal por el PAN, quedó atrapada entre el jaloneo del CEN y Palacio de gobierno. En México Marko Cortés y Damián Zepeda pidieron a la diputada que presentase su registro, pero en Chihuahua Javier Corral atravesó a Rocío Reza, a quién el Nuevo Amanecer tiene destinada para hacer fórmula con Gustavo Madero.
Es una lucha interesante entre Ricardo Anaya y Javier Corral por ocupar la mayor cantidad de espacios posibles, el gobernador queriendo cobrar a precio de oro los servicios electorales prestados con la caravana y la “Coneja”, mientras que Ricardo pretende hacer valer su liderazgo de jefe nacional, pues aunque dejó el partido sigue mandando a través de Damián Zepeda.
Además de la diputada federal juarense que aspira al senado, en medio está también César Jáuregui, a quién el mandatario intenta ubicar entre la lista de los candidatos por partido. En otras palabras Corral exige para su grupo las tres posibles senadurías de Chihuahua y desde luego todas las diputaciones federales.
El sábado 17 de febrero se reúne el Consejo Político del PAN para votar la lista de candidatos a senadores por lista, ahí se definirán los destinos de Jiménez y Jáuregui, pero todo apunta a que la diputada juarense quedará marginada. Las voces dentro de Palacio afirman que Rocío va por que va.
Sin embargo Jáuregui tampoco la tiene segura, pues también otros mandatarios del PAN exigen posiciones en el CEN y no hay tantas para dejarlos a todos satisfechos. Faltaba más, entonces para que aceptaron la candidatura de Anaya, aún sabiendo que fracturaría al partido. Ahora quieren su parte.
