La estrategia jurídica de la Judicatura contra los íconos de la oxigenación, Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez, pinta para fallida. Eso de que los corren de su Sala “por que Lucha ya lo acordó con el jefe” puede ser razón de antipatía suficiente, pero carente de valor probatorio ante tribunales.
Dos observaciones que describen la deficiencia jurídica están en el corazón de los amparos presentados por los magistrados; la cuestionada facultad del Consejo de la judicatura para deponerlos, siendo que fueron designados por el Congreso, es decir otro Poder, y que los destituyesen sin haber sido sentenciados por el delito que les imputan, qué tal si son inocentes.
Las motivaciones reales son claras hasta para un estudiante despistado de Derecho que sigue la política estatal, quieren sacarlos a cualquier precio por que representan al Duartismo dentro del Poder Judicial, su sola presencia incomoda a los representantes de Palacio.
Son las vendettas propias al cambio de todo sexenio, sólo que los operadores responsables de enviarlos a San Guillermo necesitan demostrar ante los tribunales que además de buenos deseos tienen elementos jurídicos para deponerlos.
Ahí fallan los asesores de Luz Estela Castro, Angélica Godínez, Julio César Jiménez Castro, César Peniche y desde luego el gobernador Javier Corral, no pueden someterlos ante las leyes como desearían, a pesar de contar con todo el poder del Ejecutivo.
Falta que también en su caso esté metida la mano del asesor estrella de gobierno, Maclovio Murillo, el que lleva con enormes dificultades los maxijuicios de la corrupción.
¿En puerta otra derrota jurídica en su haber? Abusado, un buen día se cansa Corral y lo despide con la misma facilidad con que lo contrató y sin la protección del Poder Maclovio tendría que salir corriendo de Chihuahua. Son muchos y muy poderosos los dolientes.
Quedan abiertos recursos legales contra la suspensión definitiva concedida a los magistrados, seguramente la Judicatura o el Pleno harán uso de los mismos, pero si por las vísperas se sacan los tiempos, ahora los momios están a favor de los defenestrados, cuando nadie abonaba un peso pensando en que regresarían a la Sala.
Por lo pronto el gremio de la Litis y la chicana soltó su venenillo: querían enviarlos a San Guillermo pero lo único que consiguieron fue hacerles un “cochinito navideño”, pues la restitución en el cargo les permitirá reclamar el 70 por ciento del salario retenido al momento de cesarlos.
Trágame tierra, ahora necesitan un chivo expiatorio dentro del Tribunal, ni modo que las empoderadas o el magistrado florero asuman las consecuencias de ir perdiendo la batalla legal contra sus odiados compañeros de trabajo.
Ahí los tendrán en cada Pleno, como recordatorio de que no pueden deshacerse de ellos. La risita de los duartistas es la que cala, disfrútenla en previsión de que la sentencia definitiva al juicio de amparo venga en su contra, posibilidad que pese a todo se mantiene vigente.
Hay más en esta Guerra Civil entre magistrados. Solvente y acodado en la barra, Jorge Ramírez reveló que la Suprema Corte podría pronunciarse pronto sobre la Controversia Constitucional presentada por Sepúlveda, contra la remoción de presidente. Informó que está puesta en los listados de la Corte desde el pasado ocho de enero.
Como la ve, luce ojona para ser paloma, sin embargo por lo actuado cualquier fallo parece posible, qué tal si el día de mañana notifican al Pleno o al Consejo de la judicatura que lo regresen a la presidencia o convoquen a nueva elección.
Por favor, que alguien con sentido común, poder y amor al Supremo Tribual de Justicia ponga alto en las absurdas disputas, total las ordenes de aprehensión contra el vulgar ladrón están libradas y para asegurar una sentencia condenatoria tienen a los jueces de consigna. Quieren hacer justicia, con los jueces y magistrados a sus ordenen les basta, dejen al Tribunal en paz y que siga su curso.
De peor manera no pudo empezar el Comité de Participación Ciudadana para el Sistema Anticorrupción, presumido por el gobierno del PAN como su magna obra a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Abre con exigencias del Congreso local, incluidos los diputados del PAN, para que uno de sus cinco integrantes, Joaquín Treviño, renuncie de inmediato al cargo por razones de homofobia.
En ésta era de sensibilidades ir contra las minorías es un suicidio social, Treviño lo hizo con la soltura de un chivo retozando sobre fina cristalería, provisto de cascos de acero en las pezuñas.
Su tono y calificativos despectivos hacia los homosexuales ha sido ampliamente difundido, ayer éste espacio citó la frase más ilustrativa. Sin embargo prevalece una pregunta ¿Porqué la Comisión electiva dejó pasar su nombre siendo que el entonces aspirante fijó postura durante la entrevista formal?
Precisamente por los motivos que ha sostenido esta columna, nombrar a una comisión de notables para que a su vez elija a un comité de otros notables que supervisen a las instituciones anticorrupción, es una vulgar farsa.
En ese Comité todo mundo metió mano: José Antonio Enríquez Tamez, quién será primer presidente, es miembro del PAN –admitido por él ante la Comisión- desde 1984; René Moreno Medina incumple con el requisito más elemental, la edad. Tiene solo 30 años y debería tener 35, según los requisitos de elegibilidad aprobados; el ahora oficialmente homofóbico Treviño, es una posición del panismo actuante en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; y Liliana Ochoa Ortega es la representante de Gustavo Madero, con quién trabajó cuando el ahora precandidato a senador era presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Un mínimo de congruencia vendría bien al señor gobernador, Javier Corral Jurado, a quién le son atribuidos tales excesos y simulaciones, por su proclividad a intervenir de manera directa y sistemática en las instituciones y los poderes del Estado, entes a los que sometió en cuanto protestó el cargo como jefe del Ejecutivo.
No hagan que sean citados los ejemplos del feroz intervencionismo, cualquiera puede verlo. Para un año y cuatro meses de gobierno son demasiadas aún comparadas con los abusos de César Duarte, lo que ya es mucho decir. Es la convicción democrática y republicana del Nuevo Amanecer.
