Sin aliento quedó un abogado de Guadalajara, ajeno a las controversias constitucionales que convulsionan el Supremo Tribunal de Justicia local, cuando supo que el Pleno votó preguntar a la Corte la forma en que debería ejecutar la sentencia para restaurar la normalidad constitucional, trastocada año y medio atrás, durante la elección de presidente.
Quienes interpretan las leyes piden una interpretación llana de una sentencia que los obliga, rumió para sí antes de resolver, irónico, “es una perogrullada”. Con sentido común y oportunidad de negocio propuso una manera menos complicada; contraten un despacho de abogados competente, ofreciendo el suyo.
El abogado tapatío ignoraba, desde luego, las oscuras motivaciones de los magistrados que optaron por pedir a la Corte explicaciones sobre la elegibilidad o no de Julio César Jiménez Castro, magistrado presidente depuesto la víspera por los ministros en sentencia histórica, y la correcta manera de proceder para solventar el acto inconstitucional en que permaneció el Tribunal de Chihuahua.
Los magistrados saben como proceder para dar cumplimiento cabal a la sentencia, sin embargo el Pleno votó la moción con el único propósito de frustrar la reelección de Jiménez Castro, ordenada desde Palacio de gobierno y cabildeada por Luz Estela Castro, consejera de la Judicatura.
La votación del jueves es por tanto una medida política, no jurídica. Su primera intención es frustrar la reelección de Jiménez Castro y la segunda ganar tiempo para una propuesta diferente, circunstancias que demuestran hasta que punto de insensatez llegaron los responsables de administrar justicia en la entidad, al verse presionados por el Ejecutivo y reconvenidos por la Corte.
Es el ridículo al que los llevaron las disputas políticas entre Javier Corral y las reminiscencias de César Duarte ¿Qué podría ser más ruin? No imagino otra bajeza mayor que verlos resolviendo sus diferencias de criterios jurídicos a golpes. Les falta poco, están a una lengua de canario de llegar a los puños.
Los viejos magistrados recuerdan con orgullo a Carlos González Pérez, un magistrado que permaneció 30 años en la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, conviviendo con cinco gobernadores, entre ellos Oscar Flores y Manuel Bernardo Aguirre, dos históricos de la entidad.
Entonces prevalecía el orden y la normalidad institucional, inimaginable un atropello entre poderes, las reglas era respetadas por los titulares de cada poder. Y no hago una evocación romántica al pasado, históricamente el Poder Judicial ha estado sometido a los intereses del Ejecutivo, ayer como hoy la justicia está sujeta a los intereses políticos y disponible para quién puede pagarla. Poderoso caballero es don dinero.
De aquella relación estable destaco las formas y sobre todo el respeto a las leyes. Sabían conducirse sin avasallamientos públicos ni desplantes autoritarios. Suave, voluntarios y hasta con cierta dignidad los magistrados se ponían a las ordenes del gobernador en turno y éste engolaba la voz mientras ponderaba en público la autonomía de la justicia. Eran rituales sabia y pacientemente depurados durante décadas de amasiato consentido.
Cuando González Pérez se jubiló, muy entrado en años, llegó a la presidencia Marco Aurelio Mendoza, con Fernando Baeza de gobernador. A partir de ahí quedó instaurada la efímera era de “los magistrados presidentes por gobernador”. Siguieron Augusto Martínez Gil con Francisco Barrio y Pablo Zapata con Patricio Martínez.
La tradición basada en el entendimiento mutuo y las buenas maneras perduró en los tres sexenios, los viejos rituales que garantizan la normalidad institucional prevalecieron aceitando una relación de voluntaria subordinación. Todo en su sitio; me atiendes te respeto y aplaudo.
Reyes Baeza honró la tradición con José Chávez Aragón en oficio de presidente, pero las sanguijuelas de la discordia se hacían cada vez más presentes en las fisuras abiertas de la compleja relación Ejecutivo-Judicial y sobrevino las primera diferencia pública, con la procuradora Patricia González y el propio Chávez Aragón como protagonistas estelares, en aquel episodio nefasto conocido como las puertas giratorias. Desde entonces la ropa sucia se lava en maquinas públicas.
Para resolver las diferencias, inaceptable a los ojos de un gobernador formado en la más ortodoxa institucionalidad priista, Reyes aprovechó los tres años cumplidos de Chávez Aragón en la Presidencia y desautorizar su reelección. Se puso al lado de la procuradora.
Pudo designar a cualquier magistrado elegible para sustituir a Chávez Aragón, en cambio decidió –dicen que aconsejado por Mario Tarango- hacer el primer movimiento que dejaba expuesta la vulnerada autonomía del Tribunal: el Congreso votó la llamada “Ley Acosta”, acomodando los requisitos de elegibilidad para que Rodolfo Acosta Muñoz, recién nombrado magistrado, asumiese la Presidencia.
No pasó de observaciones hilarantes, conociendo los usos y costumbres, Fito cumplió con las expectativas llevando la fiesta en paz. Entendía que su presidencia era de tres años.
César Duarte tampoco empezó mal, eligió de presidente a Ramírez Benítez, un magistrado de carrera sin más merecimientos que la rutina cumplida, de personalidad opacada e incapaz de guardar distancia con el Poder, pero satisfacía los requerimientos para ejercer una presidencia aceptable.
No obstante su falta de carácter y la ausencia de respeto hacía la institución, contrastado con el histrionismo avasallante de Duarte y su necesidad de mostrar el poder, hicieron de Ramírez Benítez el candidato perfecto para “magistrado florero”. Peor, su obsequioso servilismo permitió que Duarte advirtiese que podía hacer cualquier cosa en el Tribunal… y la hizo.
Así maquinó la forma de introducir a sus amigos en el Pleno y tuvo la ocurrencia de proponer “oxigenarlo”, modismo usado para justificar la más denigrante intervención de un poder en otro, forzando la jubilación de magistrados experimentados para dejar en su lugar a ciertos amigos de incondicionalidad probada.
Nacieron entonces los famosos “oxigenadores”, un grupo de catorce nuevos magistrados, con el apunte al margen de que siete deberían ser “internos” y otros siete “externos”, que serían los amigos propuestos del gobernador, entre ellos Gabriel Sepúlveda, al que pagaba con una magistratura haberlo marginado de la candidatura a presidente municipal por Parral. Así vea Duarte el ejercicio del poder, con ojos del político pueblerino que todo lo puede.
Las semanas previas en las que pensaba sería su reelección, Ramírez Benítez llamaba “patrón” a Duarte, en la sumisión más vulgar e indigna que jamás asumiera ningún otro presidente. Pero el “patrón” tenía otros planes, cansado de cargar con el “florero” optó por desecharlo e increíblemente abrió una rendija de luz, permitiendo la elección de Alberto Vázquez Quintero, un probo magistrado de Ciudad Juárez con limitaciones motrices.
Pronto se percató del error y ordenó destituirlo, segundo atropello, en menos de un año de aquel sexenio aciago. Alegó el burdo pretexto de que Vázquez Quintero tenía problemas de salud, por sus limitantes, para desempeñar el cargo y movió al resto de los magistrados apremiando que lo depusieran. No recurrió al Congreso, obligó al Pleno a destituirlo.
Eligieron en su lugar a Miguel Salcido Ramírez, pero cuando lo incomodó por negarse a recibir el edificio del “Centro de Justicia” (Era el nombre oficial de la Ciudad Judicial, para dejar las siglas en “CDJ”, César Duarte Jaquez, el más deleznable acto de sometimiento al Tlatoani) volvió a cambiar de presidente para dejar a Gabriel Sepúlveda, primero entre los oxigenadores. Los movía como su fuesen secretarios de gabinete. Sólo faltó decir que “caerían, uno a uno, como chanates”.
Antes de entregar el gobierno Duarte buscó un blindaje institucional que le garantizase impunidad, ya se hablaba en voz alta de la corrupción y para su tranquilidad ordenó la creación del Consejo de la Judicatura, con siete integrantes: tres del Tribunal, dos del Ejecutivo y dos del Legislativo, todos de él.
Esta historia puede sintetizarse en cuatro etapas: el florero, que marcaría pauta para los posteriores presidentes; la oxigenación, primer gran atropello; la deposición de Vázquez Quintero, segundo atropello y el sometimiento total del Pleno; y el Consejo de la Judicatura que garantizaría su impunidad. De cada una puede ser escrito un tratado jurídico.
Así recibió Javier Corral el Supremo Tribunal de Justicia, una amasijo de injurias, prepotencias, abusos, sometido y bullendo, una herencia maldita que le recordaba todos los días el rostro del enemigo cuyo nombre no puede mencionar y optó por llamar “vulgar ladrón”.
A ese Tribunal no lo movía el propósito de administrar justicia sino la confrontación entre grupos, ahí prevalecían entrelazados intereses y rencores irreconciliables, al que sólo faltó una historia de amor, despecho y celos para ser telenovela.
¿Qué hizo para desenredar la madeja y restituir la credibilidad? Igual que la Corte, ésta entrega va en partes, la próxima narrará el capitulo del Nuevo Amanecer hasta concluir con las sentencias de la Corte. Ya se, es de weba, pero como preguntó Peña Nieto ¿Usted qué haría, si el espacio acabó y la Corte sigue sin sentenciar la segunda controversia?.
