Luz Estela Castro, cuestionada consejera de la Judicatura, recibe un salario mensual de 200 de mil pesos, según la página de transparencia del Supremo Tribunal de Justicia, citada ayer por el Diario de Chihuahua.
Si trabaja ocho horas diarias durante cinco días a la semana, multiplicado por cuatro semanas que harían un mes –promedio- la señora trabajaría 200 horas mensuales, por cada una de las cuales recibe mil pesos, salario promedio semanal para un trabajador de maquila, peón de obra y empleado del comercio.
Puesto en dólares, tomando como base 20 pesos por dólar –la paridad es inferior- la señora consejera cobraría del erario público 50 dólares por hora, cantidad menor a lo que reciben investigadores de alto perfil en importantes universidades estadounidenses y cuatro veces mayor a los mínimos en los estados del vecino país que mejor pagan.
De tales abusos está la gente harta, hasta los supuestos luchadores sociales ceban sus ambiciones económicas en cuanto tienen la oportunidad de instalarse en cualquier nivel de gobierno, detentando cierto podercillo. ¿Servidores públicos? Desde luego, siempre que la quincena no se menor a los cien mil pesos.
De algo sirven las locuras de López Obrador, con una sola declaración, ganar 108 mil pesos al mes y promover que ningún funcionario público en el país perciba más que el presidente, destapó las realidades más incomodas de una clase política rapaz –conceptos obradoristas- muchas veces ineficiente y con frecuencia corrupta.
La consejera Castro no es la única, desde luego, pero si uno de los ejemplos más representativos del oprobio de sus gobernantes contra una sociedad asqueada. Son razones, entre otras, del hartazgo reventado en las boletas.
Armando Cabada está desesperado, se rehúsa a reconocer su derrota. No estaba prevista en sus planes, simplemente consideró la elección como trámite para la reelección y estimó innecesario establecer alianzas políticas, pensando que se bastaba solo.
A pesar de que los votos de la elección se contaron nuevamente en todas las casillas, por el estrecho margen con González Mocken, Armando decidió impugnar la elección. Necesita pruebas suficientes para echar la elección por tierra, pues su apuesta es riesgosa; nunca será lo mismo una transición tersa, convenida, que otra impugnada.
En el segundo caso las pasiones se exaltan y surgen los apetitos de venganza. Hoy Cabada está de bajada y los adheridos a Morena quedaron empoderados, es la nueva realidad política del país.
A propósito de juaritos en fin personajes hechos en la cultura de la “hermana república”, mucho protagonismo el de Héctor González Mocken, hermano de Javier:
Dicta ordenes, se rodea de un séquito, diseña estrategias, envía mensajes amenazantes, promueve su nombre en medios. Siempre había sido, entre los dos hermanos, el más adelantado, hoy no se resigna al segundo plano.
Apúntele, Héctor será muy pronto uno de los mayores problemas de su hermano, el futuro presidente juarito si los tribunales electorales ratifican su triunfo. Ninguna prima dona resiste los reflectores.
Ni los asesores e ideólogos, o el propio López Obrador tienen clara idea de la forma en que operarán, en los hechos, los delegados federales a los que los ocurrentes llaman “virreyes”. Juan Carlos Loera en Chihuahua.
Hay quienes piensan que su tarea será manejar los vastos recursos destinados por el Gobierno Federal a los estados, entre 70 y 95 por ciento, según la entidad, lo que significa manejar miles y miles de millones. Alrededor de 40 mil en el caso de Chihuahua.
Una decisión de tal naturaleza despedazaría el pacto federal y desde luego acabaría con los convenios de coordinación fiscal, centralizando brutalmente el destino del presupuesto. Por más deseos que tengan de poner en practica tales facultades, concretarlo sería imposible.
Pero de no alcanzar categoría de “virrey”, los superdelegados tampoco serán simples figurines. La lógica es que a través de sus oficinas sean aplicados los programas federales del asistencialismo, ahora remasterizados con los apoyos económicos a madres solteras, viejitos y ninis. En algunos municipios ya levantan listas.
Esa facultad por sí misma les concede amplio poder, seguiría siendo mucho dinero el que pase por sus manos. Su trabajo, además de la repartición con chequera abierta, será crear una estructura partidista que les permita consolidar el poder y afianzarse políticamente en los próximos seis años.
¿Le trae recuerdos un esquema de asistencialismo electoral? Pues claro, es el viejo PRI sólo que con prácticas más sofisticadas y la compra de voluntades pagadas en abonos chiquitos pero puntuales. El pragmatismo político disfrazado de izquierda llegó para quedarse.
De vil venganza calificó López Obrador la multa de 197 millones de pesos, impuesta a Morena por el INE. Más que la multa en sí misma, lo enfadó el motivo: acusar a su partido de malversar 44 millones de un fideicomiso destinado a damnificados del pasado sismo que sacudió al suroeste del país y la ciudad de México.
Que el partido de los honestos sea multado por deshonesto y llevando en medio a los más necesitados, es para calentar a cualquier líder político, más a uno como López Obrador, que no admite replicas ni recomendaciones.
En esta parte erra el futuro presidente, sigue actuando como jefe de partido cuando muy pronto será presidente de todos los mexicanos ¿Venganza política? Como de qué o por qué ¿Se vengan los consejeros del INE por que recibió 30 millones de votos? No hace sentido.
La investigación está bien montada, lo mejor sería desmarcarse y dejar que su presidente de partido, Yeidckol Polevnsky haga las aclaraciones pertinentes, a fin de cuentas también maneja con destreza el discurso de retorcer los argumentos.
Este será un tema que manchará el inicio de su presidencia. Pierde credibilidad si llegó con el discurso de la honestidad y resulta que su partido desvió dinero de un fideicomiso para damnificados de una catástrofe. Tampoco es la gran cosa, el bono democrático del uno de julio conjura cualquier sospecha… por ahora.
