Alguien se tomó la molestia de documentar una flotilla de autos que van de los modelos 2010 al 2013, presumiblemente adquiridos por Jesús Esparza, algunos de sus familiares próximos y compañeros de trabajo, que después habrían pasado a formar parte del parque vehicular de la Auditoria Superior del Estado.
Dos ejemplos: Mazda CX-7 modelo 2012, placas EFV7737, número de serie JM3ER2C53C0412519, cuyo propietario original era Edgar Omar Ramírez Martínez, Director General de Administración y Finanzas de la Auditoria Superior. Ford línea CV EDGE, modelo 2013, placas EGM4816, número de serie 2FMDK3KC2DBA20500, propiedad de Jesús Manuel Esparza Flores, Auditor General. Como esos hay al menos otros cuatro casos.
Los mismos autos, modelo, marca, línea, placas y número de serie, aparecen después como parte de la plantilla de autos propiedad de Gobierno del Estado, como lo demuestra el trabajo del investigador anónimo, quien se ocupó de conseguir las Tarjetas de Circulación de cuando pertenecían a los funcionarios y sus familias y cuando pertenecían al Gobierno.
Los datos son fácilmente verificables, es cuestión de que los interesados ingresen a la página de transparencia de la Auditoria Superior o al Sistema de Ingresos de la Secretaría de Hacienda para comprobar que ahora las muebles son de Gobierno, y luego ir a las primeras Tarjetas de Circulación, donde constan los propietarios originales.
¿Qué sucedió? En los pasillos de la Auditoria Superior están convencidos que los autos cambiaron de dueño pero no de manos, pues una vez adquiridos por Gobierno siguieron siendo usados por sus antiguos propietarios.
Es decir, Esparza y compañía los habría comprado originalmente, usado cierto tiempo y después vendido a la Auditoria por él representada. En otras palabras se los habría pagado para seguir usándolos, según interpretan empleados en el organismo auditor.
Vaya con el señor auditor ¿Ocultará otras linduras? Jesús no se dio cuenta que trabajaba en casa del jabonero, donde el que no cae resbala. ¿Y las cuentas de Duarte, Hermosillo y los otros miembros de la pandilla? Todas calificadas con perfecto diez. Así auditaban, como usted pudo observar.
La ocurrencia de Javier Corral, pidiendo prestado a los empresarios a fin de aliviar los urgentes problemas de caja, generó suspicacias entre dueños del pueblo. Ayer cruzaron telefonazos arqueando las cejas mientras se preguntaban ¿Quién va primero y hace punta?
Conocidos por su generosidad y desprendimiento más allá de los límites impuestos por la madre Teresa de Calcuta, los señores de la IP se hicieron bolas levantando la mano al mismo tiempo hasta estorbarse unos a otros, de suerte que ninguno pudo quedarse con la dicha de ser el primero.
Resignados presentaron una contraoferta: Que sea el señor gobernador quien ponga el ejemplo, rescatando dinero –como Yúnes en Veracruz- de los cómplices de César Duarte. Y mencionaron apellidos como Galván, Almeida, Yáñez, Tagle, Hermosillo, Hernández, susceptibles de “auscultarlos” para la recuperación.
Otra opción avistada en el chat de los adinerados es que Alejandra de la Vega, Gustavo Madero y sus primos los Elías Madero, Kalisch, Cuarón y los Fernández, Memo Luján, entre otros, sean los primeros en depositar su cheque en la cachucha del señor gobernador.
Difícil, lo que buscan es lana, antes que los trasquilen son capaces de pedir el regreso de Duarte. Faltaba más. Son versiones que corren entre representantes de la Iniciativa Privada, sobre la colecta del gobernador Corral.
Y con desplantes como los atribuidos al asesor plenipotenciario y secretario sin cartera de proyectos especiales, Manuel Ovalle Araiza, amigo y confidente de César Jáuregui, el “exbueno”, es improbable que la generosidad empresarial se manifieste.
Locatarios de la plaza del mariachi jalaron la cuerda entre las oficinas de la Secretaría General y la Dirección de Gobernación, hasta encontrar que Ovalle Araiza es responsable de que los chihuahuenses no puedan declarar, con un caballito de Don Julio, formalmente inauguradas las posadas decembrinas, siendo que avanza el Guadalupe-Reyes.
Contradicciones de la administración pública, mientras un diputado panista propone convertir a Juárez en barra libre las 24 horas del día, en Chihuahua el asesor mayor de Gobierno frena los permisos para la venta de alcohol, en una plaza que lleva por nombre “del Mariachi”. Lástima de proyecto, a ver cuando Ovalle decide abrir las barras, aunque sea de dos a cuatro, sin que implique hora feliz.
Los diputados olvidaron los aprietos económicos de Fuentes Vélez y aprobaron una indemnización por 65 millones de pesos, aplicables en cinco –la administración de Corral- para la comunidad tarahumara de Repechique, por el viejo problema del aeropuerto en Creel, cuyos terrenos le pertenecen.
Las campanas en el templo de Sisoguichi llaman al “tonare”, una especie de fiesta indígena acompañada con pesado caldo de res y tesguino en abundancia. La ocasión amerita eso y más, llevan dos sexenios esperado el dinero, que ayer el Congreso votara por la aprobación del fideicomiso es motivo de satisfacción.
La influencia del Pato Ávila, menos conocido por Javier, sacerdote guía de la región, queda manifiesta. Sin sus buenos oficios hubiese sido impensable la aprobación del fideicomiso, lo mismo que su representante en la Comisión de la Tarahumara, Paty Guerrero, otra indigenista empoderada.
Para que no digan que su presencia en el gobierno de Coral es inútil, ayer demostraron poder, falta hacer la entrega efectiva de los centavitos, el fideicomiso ya está ¿Quién lo administrará? Sólo por mera precaución aguas, el dinero tienta al más pudoroso.
Aparte de los comuneros, en Repechique también hay chabochis que tienen motivos para celebrar. Se trata de los Elías y sus socios, propietarios de cientos de hectáreas boscosas próximas al aeropuerto.
Destrabado el nudo que impedía la operación de la terminal aérea, podrán desarrollar turísticamente la región, uno de sus proyectos económicos más esperados. Si Chihuahua tiene su “freewaycitos”, por que no pensar en su “Ruidoso Tarahumara.
