La muerte de Patrick Braxton, turista norteamericano asesinado a finales de octubre en “la playita”, Urique, revela otro caso de narcopolítica en el que las autoridades locales se han visto incompetentes y con cierto dejo de indolencia. Se acostumbraron a ver los crimines, resignados –o resueltos- a no intervenir.
Como resultados de presiones internacionales y mediáticas, tras la desaparición del turista el gobierno de Javier Corral hizo circular la información de que pudo matarlo un narcotraficante al que apodan el chueco, al servicio de un grupo criminal con el cual asocian a un hermano de la presidenta municipal de Urique. Es una de las líneas de investigación de la Fiscalía.
Los entresijos de la compleja relación entre políticos y criminales de la región los tendrán Peniche y Corral, si les reportan adecuadamente, por algo sueltan los nombres y hacen circular versiones.
De ahí a que hagan justicia dista un tramo. Por como abordan el caso da la impresión que saben con exactitud de quienes se trata, como y donde operan, sus relaciones de complicidad, pero nada pueden hacer para evitar muertes así, ni mucho menos castigarlos. De Miroslava sabían detalles de modo, tiempo, lugar, nombres y qué hicieron, detener segundones.
Frente a la impotencia de ir contra los responsables –a ver si por tratarse de un ciudadano norteamericano es diferente- al gobernador Javier Corral no le queda más que lamentar y condenar los hechos y eso cuando las circunstancias lo fuerzan, como ese asesinato.
Hasta ahí llega, condenas y lamentaciones, pues no puede contener a los grupos criminales que se apoderaron de amplias regiones del estado y hacen de sus territorios violentas ínsulas autónomas.
Hace décadas el gobierno no manda en el histórico triángulo dorado, tampoco el corredor que llaman el esófago del diablo –desde Namiquipa y Rubio hasta Ahumada y un amplio tramo fronterizo- en la región de Jiménez y Parral no hace presencia y ahora sabemos que la Baja Tarahumara también está controlada por criminales intocables.
¿Dónde gobierna Corral? La pregunta es pertinente por la forma en que evolucionó la criminalidad en Chihuahua en los últimos días, con jefecillos disputando control de diversas regiones estratégicas, donde los agentes estatales se repliegan sistemáticamente o son asimilados por las fuerzas del mal hasta ponerlos a sus servicio.
Tienen esperanza de que llegando Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública reciban apoyo de la Federación, el que hoy les han negado por el afán de Corral en detener a Peña Nieto.
Ojalá vengan a contener, regular o apaciguarlos, pero si nuevamente el gobernador sigue descalificando la estrategia federal de seguridad será improbable que atiendan sus ruegos. Mala onda, ya empezó diciendo que la Guardia Nacional es un desacierto.
Por qué no guardar silencio y pensar primero en Chihuahua. Imposible, la cabra tira al monte.
Entre la gente de Morena comentan que los cambios de delegados federales sucederán inmediatamente el uno de diciembre, cuando asuma formalmente el nuevo gobierno.
Juan Carlos Loera pedirá licencia a la Cámara de diputados esta misma semana, y será el primero que venga a instalarse como superdelegado, ya lo sabe, el representante único y plenipotenciario del gran Tlatoani.
Pero no llegará sólo, pues hace tiempo en México manejan listas de nombres propuestos para cada una de las delegaciones, con independencia de la manera en que decidan nombrarlos, si representantes, encargados o lo que sea, harán las veces de delegados.
No perderán el tiempo en las de menor importancia, por lo que se sabe están pensando en los relevos de aquellas que tienen carnita y que necesariamente requieren de alguien que las represente legalmente.
En éste caso ponga usted al Seguro Social, SCT, Issste, Economía, Sagarpa, Conagua. Sus delegados actuales deberían tomar providencias para Navidad, pues si la prisa de Morena es como dicen algunos de sus acólitos, lo más probable es que ninguno de ellos llegue a los buñuelos.
