Lenin Moreno ha pasado de manifestar sin tapujos su incomodidad por la presencia de Julian Assange en la embajada ecuatoriana de Londres a invitarle a irse. Su tiempo de asilo en la sede diplomática, que suma ya seis años, está a punto de agotarse si el fundador de Wikileaks hace caso al presidente de Ecuador y decide abandonar la legación diplomática por su propio pie. «Está hecho el camino para que el señor Assange tome la decisión de salir a una casi libertad», ha asegurado Moreno este jueves en una entrevista con varias radios locales, precisando que Reino Unido ha garantizado que el australiano no será extraditado a ningún país si su vida corre peligro.
De ahí que el presidente de Ecuador haya reafirmado que, en conversación con el Gobierno del Reino Unido, le han asegurado que tal escenario no se dará. «Nos enviaron una comunicación oficial del Gobierno británico indicando que la Constitución de Gran Bretaña impide que una persona sea extraditada a un sitio donde corra peligro su vida», ha insistido Moreno.
Aun así, el australiano tendrá que responder por incumplir la libertad condicional. «No olvidemos que él no se presentó a los juzgados británicos y tiene que pagar una pena no larga por aquello. Eso lo decidirá la justicia británica», precisó Moreno.
El presidente ecuatoriano aprovechó la entrevista conjunta con varias radios nacionales para aclarar, por segunda vez, otro asunto relacionado con Assange y sus problemas con Estados Unidos. Se trata de Paul Manafort. El entonces jefe de campaña de Donald Trump se reunió con Moreno en mayo de 2017, justo después de las elecciones presidenciales ecuatorianas que ganó. Según la versión oficial, Manafort acompañaba a un grupo de inversores chinos que estaban interesados en participar en sectores estratégicos de Ecuador. Como la Constitución ecuatoriana impide que haya capital extranjero en ese tipo de negocios, la reunión terminó sin acuerdo. Moreno ha querido explicitar ahora que no se habló en ningún momento de Assange, que es lo que está investigando Estados Unidos, según desveló CNN hace unos días, después de que The Guardian publicase que Assange y Manafort también se habían reunido.
Si el australiano finalmente se marcha de la embajada pondrá fin a los meses de fricción que ha vivido desde que Ecuador renovó a su presidente. Cuando gobernaba Rafael Correa, la convivencia con el fundador de Wikileaks en la sede diplomática se mantuvo sin discrepancias, pero la llegada de Lenín Moreno al poder cambió el panorama. A finales de 2017, el mandatario ecuatoriano exigió a Assange que firmara un documento donde se comprometía a no hacer pronunciamientos sobre asuntos de política interna de otros países. Ante su incumplimiento, durante la crisis secesionista catalana, Moreno decidió incomunicar al hacker y negarle el acceso a Internet.
A mediados de octubre de este año, el Gobierno ecuatoriano le impuso un protocolo de convivencia que le obligaba a pagar sus gastos de manutención, a someterse a exámenes médicos trimestrales y a que sus visitas sean autorizadas previamente, a cambio de recuperar la conexión a la Red. Assange protestó por el nuevo régimen porque, según denunció, vulneraba sus derechos humanos y porque, indirectamente, forzaba su salida de la embajada. Si no cumplía con las condiciones, Ecuador podría retirarle el asilo.
No era la primera vez que el país latinoamericano ideaba alternativas para resolver el asunto de Assange. A finales de 2017, concedió al australiano la nacionalidad ecuatoriana, pese a que no cumplía todos los requisitos de la legislación nacional, para que pudiera acceder a un salvoconducto diplomático y, con ello, trasladarse a la embajada en Rusia. Reino Unido no lo aceptó.
