Derecho al sagrado chivo y otras bagatelas

 

Derecho al sagrado chivo y otras bagatelas

El impulso de la Cuarta Transformación se atoró en el derecho universal a recibir una remuneración económica justa a cambio de un trabajo realizado, el sagrado e intocable “chivo”.

La Corte y una menguada oposición compuesta por senadores y diputados del PAN, PRI y PRD pusieron pausa a la llamada Ley de Remuneraciones cuya propuesta es que ningún servidor público reciba un salario mayor a 108 mil pesos mensuales, cantidad establecida por el presidente López Obrador.

Encuentro el tema irrelevante en el contexto general de austeridad. Reduciendo salarios altos y aumentando bajos el ahorro es marginal, una bagatela en el Presupuesto de Egresos, calculado alrededor de cinco mil billones de pesos.

Sin embargo el contenido simbólico que acompaña a la iniciativa es poderoso, ahí radica el sentido y fin del régimen trazado por López Obrador; quitar a los ricos para dar a los pobres y reducir, así, la ominosa brecha que los separa. Esa brecha que hizo crecer el neoliberalismo que AMLO vomita. Yo también, es injusto e inhumano.

El problema es que parte de un criterio arbitrario, absolutista, que imposibilita una ley de remuneraciones congruente. Establece, por que así le dio gana, un salario máximo de 108 mil pesos mensuales pagables al presidente e invoca el precepto constitucional de que nadie puede ganar más que él, pues precisamente es el presidente.

No hace la ley, facultad reservada a los legisladores, pero impone una condicionante que limita y atenta contra la soberanía legislativa del Congreso, sin más razón que la de verse satisfecho con un salario de 108 mil pesos. En consecuencia de ahí todos hacia abajo, el tope mayor está fijado.

Aparte de la complejidad para fijar salarios en una variedad inimaginable de personal altamente especializado como el que requiere un país de nuestras dimensiones: doctores en ciencias, ingenieros petroleros, geólogos, banqueros, neurocirujanos y sabe Dios cuantos más, la iniciativa de Morena tiene un alto contenido ideológico y político que la hace inviable.

La complejidad de requerimientos en personal puede resolverse, la materia ideológica y política no. En la reacción de López Obrador y los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados quedan expuestas las motivaciones ideológicas y políticas.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores acusó a los ministros de “elaborar, redactar y cabildear la Ley de Remuneraciones”, descalificándolos por ser “juez y parte”. Mario Delgado, su contraparte en el la Cámara de Diputados los desafió con que “a pesar de sus resistencias habrá austeridad republicana”.

Ambos siguiendo declaraciones que López Obrador hizo el sábado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde recordó a los ministros el mandamiento juarista de la honrosa medianía y los acusó de dar mal ejemplo defendiendo “sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos de 600 mil pesos”, precisamente ellos, “quienes deberían impartir justicia”.

A partir de ayer sábado todos los mexicanos opuestos a la Ley de Remuneraciones son antijuaristas, por ende conservadores; quienes apoyan quedan inscritos en la lista de liberales, reeditando así la eterna lucha ideológica en nuestro país entre liberales y conservadores que sólo ha servido para dividirnos como sociedad, debilitarnos frente al poderoso imperio y obstaculizar el desarrollo nacional.

Gracias a Dios hace tiempo me despojé de tutelas ideológicas, conservo mi fe católica tal y como la aprendí de mis padres pero encuentro irracional todo extremismo. No tomaré parte de una discusión que, como dije al inicio, es superficial, inane, una bagatela frente a los dos grandes problemas del país: corrupción e inseguridad, y un tercero que asoma desde que la Cuarta Transformación quedó instalada: totalitarismo.

Estoy de acuerdo con el presidente en que muchos funcionarios reciben el salario que no merecen, entre ellos –ciertamente- ministros, magistrados y jueces. No se cuanto reciben, hace dos años decían que los ministros ganaban 450 mil y hoy que 600, en ambos casos es mucho, un burla para el Mexicano trabajador que promedia doce mil.

Los juzgadores no son los únicos excedidos en percepciones, sólo sirvan de ejemplo. Con esas cantidades salariales abro tres preguntas: ¿Tenemos una Corte contrapeso al Ejecutivo y garante de la constitucionalidad mexicana? ¿Un cuerpo de juzgadores probos e incorruptibles? ¿Un sistema judicial que resuelve los juicios en apego a derecho y libre de presiones económicas o desde el poder? No, el nuestro es un sistema judicial podrido donde las leyes están al servicio de quienes pueden pagarlas.

Buenos salarios no son garantía de honestidad, ganan más y necesitan más. Así como los juzgadores del país son susceptibles a que les unten la mano, sucede con muchos funcionarios del Ejecutivo y Legislativo, despachando en áreas de poder o influencia, avenidos al moche, el reglamentario diez por ciento, el mándame decir, aceitar la maquinaria, ponerse la del Puebla.

Tenemos un rico prontuario que describe la corrupción institucionalizada donde caben compras infladas en diez, veinte o cincuenta por ciento, obras de mala calidad pagadas a precio de primera o  señaladas en un reporte como concluidas, millonarios patrocinios de campañas políticas a cambio de contratos en Pemex, CFE, Obras Públicas, Servicios diversos.

La corrupción es un entramado que gira en torno a lo que López Obrador llamó la “mafia del poder” donde cientos de miles de millones de dólares pasan anualmente de manos entre unos cuantos funcionarios encumbrados en posiciones claves de gobierno y empresarios inescrupulosos hechos al moche. Es un cáncer cuya metástasis tocó a todas las áreas de gobierno que manejan recursos.

Me dijo hace tiempo un exsecretario de finanzas del gobierno estatal que con parte del dinero desviado, regalado o que César Duarte llevó a sus cuentas personales, el periférico de la Juventud pudo ser pavimentado con concreto hidráulico de norte a sur en sus cinco carriles. Imagine la corrupción del país, cuántos problemas de infraestructura vialidad, marítima, aeroportuaria, de comunicaciones, educación, salud quedarían resueltos o atenuados sin la maldita corrupción.

El problema de la austeridad no empieza ni termina en los salarios de funcionarios, tampoco es parte sustantiva de la corrupción. Instaurar un régimen austero de perfil juarista y erradicar esos vicios perniciosos que lastran el desarrollo nacional tiene que ver ante todo con voluntad política del de “arriba”. Ahora el mayor encumbrado es López Obrador “el de más arriba”, por tanto es suya la obligación de frenar la corrupción y sólo tendrá éxito si emprende una sincera campaña contra la impunidad, acicate y cobijo de los corruptos. En ella se encuentran y en ella se tapan.

Mientras permanezca concentrado en batallas superficiales tocadas por viejos atavismos ideológicos y desatienda sus deberes con la seguridad y la pacificación del país, concluirán los seis años y la discusión entre conservadores y liberales permanecerá empantanada. Lleva dos siglos.

¿Y el reto de la Corte intentando ser contrapeso, por ignorarlo en todo el texto? ¿Alguien lo ha tomado en serio? Yo no, en los primeros días de enero López Obrador impondrá presidente a los ministros y, solícitos, harán lo que siempre han hecho con cada nuevo tlatoani; ponerse de tapete, aplaudir y fingir independencia. Si, también a mi me parece de weba ¿O no?.