De última hora, Judicatura Federal licita contrato millonario

Ciudad de México.- Con el tiempo encima, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se dispone a licitar un contrato por hasta 2 mil 400 millones de pesos por el servicio de red privada virtual durante los próximos cuatro años.

El 27 de noviembre, a un mes del final de la presidencia del ministro Luis María Aguilar, el CJF convocó a la licitación para el contrato multianual Servicios Administrados y Extendidos de la Red Privada Virtual, que conectará por Internet 225 inmuebles del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Más de 30 empresas, entre ellas Televisa, Telmex, Axtel, la CFE, Huawei y Total Play compiten por el contrato, que será adjudicado el 28 de diciembre, en plenas vacaciones del PJF.

El contrato que se está licitando es para una red nueva con tecnología MPLS, que integra voz, video y datos en una sola plataforma, y contempla el arrendamiento de mil 85 equipos, soporte técnico en telecomunicaciones, seguridad informática, y ancho de banda muy superior al del contrato actual con Telecomm, que vence el 31 de diciembre.

La licitación de este servicio fue motivo de diferencias internas en el Consejo de la Judicatura, pues el concurso fue aprobado originalmente el 27 de junio por el voto de tres consejeros contra dos, en una sesión en la que hubo dos ausentes.

La Dirección General de Tecnologías de la Información del CJF había advertido que no se podía renovar el contrato firmado en 2013 con la CFE, que a su vez lo cedió a la paraestatal Telecomm, pues así lo había determinado el Instituto Federal de Telecomunicaciones desde 2016.

Después de las elecciones del 1 julio, con presiones crecientes por la implementación de medidas de austeridad, el mismo grupo de tres Consejeros, que había aprobado la licitación, propuso cancelarla y mantener por un año más el contrato con Telecomm, bajo el argumento de que había una nueva resolución del IFT que permitía prorrogarlo por medio de “órdenes de trabajo” hasta el cierre de 2019.

Dicha propuesta fue rechazada el 24 de octubre por cuatro contra tres, ya con la presencia de los dos Consejeros ausentes en la sesión de junio.

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