En septiembre del año pasado un juez federal canceló una orden de aprehensión contra María Guadalupe Rodríguez Martínez, al conocer que la Procuraduría General de la República retirase acusaciones de lavado por cien millones de pesos.
La señora Martínez Rodríguez había recibido, del gobierno de Nuevo León, depósitos en sus cuentas personales que hacían dicha cantidad, cuando estaban “oficialmente” destinados a programas de estancias infantiles operadas por el Centro de Desarrollo Infantil (Cendis), que a su vez maneja una organización llamada “Frente Popular Tierra y Libertad”, filial del Partido del Trabajo.
Antes de retirar los cargos la PGR presentó una acusación formal contra la señora, a quién tenía identificada como líder de una organización criminal responsable de malversar fondos estatales. ¿Por qué el entonces procurador Elías Beltrán ordenó al Ministerio Público desistirse y el juez negó la orden de aprehensión con inusitada celeridad? La señora es conyugue de Alberto Anaya, líder nacional del PT. Corrupción e impunidad en las más altas esferas de la política.
Si, López Obrador tiene argumentos para retirar el apoyo Federal al programa de Estancias Infantiles, conoce de primera mano la enorme corrupción e impunidad y sabe que, provistas de antifaces humanitarios, diversas organizaciones de la Sociedad Civil desvían millones de dineros público y privado a bolsillos de ladrones que se hacen pasar por buenas personas.
Hay, sin embargo, un pero, el maldito pero que deja sensaciones agridulces. En esa reacción aparentemente impulsiva del presidente se observa un método, una lógica de gobierno que va más allá de las necesarias acciones contra la corrupción; López Obrador está ocupado en concentrar poder, acumularlo en torno en su persona, ésta vez nulificando a las organizaciones intermedias de la sociedad para asumirse como único y gran benefactor del “pueblo bueno y sabio”.
Tengo sensaciones encontradas; por una parte comparto la medida de retirar el financiamiento a las y los dirigentes de organizaciones corruptas que medran con el presupuesto federal, revestidos de ciudadanos que velan por el prójimo –La señora Castro de Chihuahua y otras de sus colegas algo saben de esto- y por otra encuentro inaceptable que sea el gobierno quién las suplante, pues así afirma que la Cuarta Transformación camina hacia un régimen de dictadura.
Además de las Instancias Infantiles, el presidente ha dicho que también quitará de en medio a las organizaciones campesinas y todo tipo de “oeneges” que reciben dinero del gobierno, para los más diversos fines.
Insisto, esas organizaciones se han convertido en un negocio multimillonario de unos cuantos –y cuantas- bribones. No obstante la radical medida abre preguntas: ¿No hay, entre todas las organizaciones civiles, una que preste servicios desinteresados? ¿No queda una sola A.C. justa en ésta Sodoma de corrupción y avaricia? ¿Para acabar con la corrupción, la única alternativa es cerrar el chorro de dinero a los organismos intermedios, como cerró los ductos de Pemex a fin de contener el huachicol?.
Desde luego que existen alternativas, por ejemplo impulsar la transparencia, modificar las leyes para que cualquier ciudadano pida cuentas, autorizar a los órganos fiscalizadores del gobierno que realicen auditorias y las hagan públicas, castigar a quienes las aprovechen en beneficio personal. En otras palabras, utilizar los recursos y el poder del Estado para combatir la corrupción sin cancelar la participación ciudadana. Comprobar que no hay justos antes de incendiar Sodoma.
La realidad es que no quiere escuchar otras alternativas, está convencido de que sólo él y su ejército de agentes en todo el país tienen calidad moral para distribuir las multimillonarias sumas de dinero público, cientos de miles de millones de pesos, a madres solteras, ancianos, jóvenes desocupados, estudiantes en escuelas públicas, jubilados con el mínimo, y desde ayer a madres trabajadoras con hijos en edad de guardería, campesinos y cualquier gremio o sociedad que reciba subsidios.
El gobierno de López Obrador concentra los instrumentos de la dádiva mientras cancela y criminaliza la participación ciudadana, convirtiéndose en monopolio del “córima peso”. ¿Usted llamaría, a un gobierno así, populista? Es pregunta. Ideólogos y apologistas del nuevo régimen tienen la palabra.
