Han pasado aproximadamente tres meses desde que el científico chino He Jiankui anunció el nacimiento de los dos primeros bebés genéticamente modificados de la historia de la humanidad. El experimento conmocionó al mundo y provocó una ola generalizada de condena por parte de una comunidad científica internacional, ávida de respuestas sobre lo ocurrido. China ha canalizado esta indignación en forma de una investigación que podría acarrear consecuencias penales para el polémico genetista, pero no ha resuelto prácticamente ninguna de las numerosas incógnitas que rodean el caso.
He dejó atónitos a científicos de dentro y fuera de China al anunciar, a finales de noviembre, que había modificado la información genética de dos embriones mediante la técnica CRISPR para supuestamente hacerlos más resistentes al virus del sida. Estos dos embriones habían sido implantados en el útero de la madre y el resultado era el nacimiento de dos gemelas, Lulu y Nana, “en perfecto estado de salud”. Otro embarazo de iguales características está en camino sin que la ciencia haya probado que este procedimiento no genera mutaciones secundarias que causen a los bebés un daño mayor al que supuestamente evita el cambio genético buscado.
Después de que las autoridades chinas confirmaran que las proclamas de He son ciertas, la lista de incógnitas es larga: ¿Cuál es el estado de salud de las gemelas actualmente? ¿El segundo embarazo sigue en curso? ¿Cómo es posible que He lograra saltarse todos los controles vigentes en la legislación china al respecto? ¿De dónde procedía la financiación para el experimento?
En sus pesquisas preliminares, China ha tachado a He de un lobo solitario que hizo lo que hizo con el fin de “perseguir la fama y la riqueza personal”. Los fondos usados eran del propio genetista y “se saltó de forma deliberada cualquier tipo de supervisión”, dice la versión oficial. Sin embargo, según documentos obtenidos por el medio Statnews, es posible que He usara fondos otorgados directa o indirectamente por el Estado chino para su investigación, si bien no está claro que los organismos envueltos –el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el gobierno municipal de la ciudad de Shenzhen y la Universidad en la que He trabajaba- supieran en qué se invertían. El caso está en manos del Ministerio de Seguridad Pública, que no ha dado información alguna sobre el asunto.
Hay otras preguntas añadidas derivadas del hecho de que el suceso ha ocurrido en China. He no ha aparecido públicamente desde el 28 de noviembre, cuando compareció en un congreso en Hong Kong “orgulloso” de su supuesto logro. El New York Times le identificó semanas después en el balcón de un apartamento en la residencia del campus de su universidad, una vivienda vigilada por una media docena de agentes de paisano. La explicación oficial es que esa particular escolta sirve para su protección tras la polémica generada, pero no está claro si tiene la libertad de movimientos limitada mientras se desarrolla la investigación.
El profesor de la Universidad de Stanford William Hurlbut aseguró haber hablado con He en varias ocasiones, a través de correo electrónico, tras su desaparición de la esfera pública. Su colega chino le negó que estuviera retenido en contra de su voluntad y sostuvo que por el momento vive en la residencia de la Universidad “sobre la base de un acuerdo entre las dos partes” (He fue despedido del centro formalmente en enero, cuando se publicaron los resultados preliminares de las investigaciones). Hurlbut “no percibió ninguna ansiedad” en las palabras escritas por He.
En China es habitual que los sospechosos de delitos -especialmente si se trata de casos mediáticos- desaparezcan o estén sometidos a un arresto domiciliario incluso antes de que se les imputen formalmente los cargos. Ha ocurrido con políticos acusados de corrupción o con estrellas de cine sospechosas de haber cometido fraude fiscal. Los medios de comunicación han dejado de informar del asunto e incluso la propia comunidad científica local es reacia a hablar del tema. “Las autoridades le controlan [a He Jiankui] y las discusiones sobre el caso no están permitidas”, asegura Yang Hui, investigador del Instituto de Ciencias Biológicas de Shanghái y que dirige un equipo que trabaja con la tecnología CRISPR. “La gran mayoría estamos en contra de lo que He ha hecho, pero aún así es cierto que el ambiente está algo enrarecido. Hay incluso cierto miedo a hablar abiertamente del caso”, explica otra investigadora del ramo, en este caso de un laboratorio en Pekín, que prefiere que su nombre no se publique.
La Comisión Nacional de Salud de China, entretanto, prepara una modificación de la ley para agravar los castigos de los que se salten los protocoles en materia de investigación biomédica “de alto riesgo”. Dado a conocer esta semana, el borrador de la normativa subraya que, en los casos más graves de incumplimiento, “se revocará la licencia de los equipos y su participación en investigación clínica de nuevas tecnologías biomédicas de por vida” e incluso contempla castigos penales. En el desglose de estas prácticas de alto riesgo está, en el primer epígrafe, la tecnología de edición genética. “Es bueno que haya más supervisión, especialmente para garantizar que cualquier investigación en este campo pase por el examen estricto de un comité de ética”, defiende Yang.
