Jaime García Chávez.-
En esta entrega escribo sobre el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana, FICOSEC por sus siglas. Antes haré un pequeño rodeo: el pueblo –estipula la Constitución– ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, a lo que se suman los estados del Pacto Federal.
Se trata de un principio rector sobre el que se construye el derecho público y, aunque parezca repetitivo, es el presupuesto de lo “público” para normar las relaciones entre el gobierno y una sociedad plural, que han de estar entrelazados por vínculos de representación legítima, de acuerdo a la más sencilla y esclarecida interpretación de nuestra legalidad.
Señalo de inicio esa premisa para subrayar que no está en manos de los gobernantes enajenar función alguna de sus facultades o atribuciones expresas, por más loable que sean los fines a los que se pretenda atender y llegar. Ni enajenarlos, encargarlos, delegarlos o simplemente entregarlos en cualquiera de las circunstancias posibles a los particulares. Esto es así porque la representación en las democracias es algo por lo que se pueden fincar responsabilidades, exigir rendición de cuentas, someter a auditoría y fiscalización por los propios órganos o instituciones previstas en el mismo código básico. En otras palabras, sin que esto sugiera un divorcio entre gobierno y sociedad, aquel estará en un lado y los particulares y sus corporaciones, cuando se interpongan, por otro. Harina de otro costal, dice la conseja popular.
Con la llegada del neoliberalismo al país, esto empezó a desnaturalizarse, soslayarse, perdiéndose en perjuicio de la pluralidad que somos, el sentido profundo de lo estatal y los principios rectores de derecho público que los rigen. Alimentó esta visión una concepción facciosa de lo que se denomina “sociedad civil”, viejo concepto con más de un significado que admite infinidad de comprensiones, no pocas de ellas utilitarias y también excluyentes. Lejos estoy de proponer que haya un zanjón o abismo infranqueable entre el Estado y el gobierno, por una parte, y la sociedad, desde luego.
Reconozco que hay un quebradero de cabezas en las ciencias políticas para dirimir la diferencia. Soy partidario de profundos, y sobre todo consolidados, métodos democráticos, de la democracia participativa real, no de la de opereta propia de merolicos afectos a la oclocracia. Entiendo que durante el autoritarismo priísta a México le sobraron mandones y le faltó sociedad, y que esta batalló, en un abigarrado racimo de experiencias, para obtener lo que tiene ahora, aunque no con la seguridad que a veces se piensa.
En las pautas de los neoliberales –esporulan por todas partes y partidos– hubo un cambio de paradigmas sociales que sustituyeron viejos contenidos y programas. Pongo ejemplos: pensar en obreros, campesinos, dejó de ser parte del lenguaje y, además, los neolatifundistas pasaron a ser los productores del campo, al igual que los patrones, empleadores. Con el lenguaje mismo se borraron divisiones, contradicciones sociales, y no se diga las cadenas opresivas. Hoy el paradigma imperante es ser “empresario” y hasta se presume una filosofía, cualquier cosa que ello signifique, denominada “emprendedurismo”, y llaman “innovación” a la simple copia o imitación de lo que está en boga en las economías avanzadas, preferentemente en Estados Unidos. Y así otros conceptos como “gobernanza”, o “socialmente responsable” que decantan en filantropía. De esta última he dicho, casi como retintín, lo que afirmó el monstruo Nietzsche, que no es más que “el agradecimiento, sin saberlo, por una digestión feliz”. En fin, hasta aquí el “breve” rodeo.
FICOSEC es una intromisión de los grandes empresarios en tareas que sólo le pertenecen al gobierno y al Estado, en este caso a Chihuahua como entidad federativa. Creado en 2008 al calor de la “guerra” calderonista y consolidado durante la tiranía de César Duarte, es la mascarada y la simulación con las cuales nos venden la idea de la participación de la sociedad y la ciudadanía en los temas de seguridad pública, asumiéndose como “una experiencia única”.
FICOSEC es una inadmisible concesión a un empresariado que, pretendiendo asumir tareas de la fiscalidad (“autoimposición”, le llaman), se arroga actividades estatales que no le corresponden, que se usan para legitimar la más despiadada exclusión del modelo económico imperante y de la cual los salarios irrisorios son muestra y sacan dinero público en su propia utilidad y a final de cuentas para beneficiar su propia seguridad, no tan sólo se amurallan en sus colonias, sino también pretenden asomarse al infierno para ver cómo acrecientan su competitividad económica.
Pero en su historia no sólo ese es el saldo negativo. En los tiempos de César Duarte, y por boca de Luis Lara, fue un aparato que el hoy prófugo aprovechó para elogiar y adular un régimen de corrupción. Tanto Francisco Barrio como Javier Corral, durante su estadía en Unión Ciudadana, visualizaron este fenómeno, conocen a esa gente desde adentro, pero luego este último, ya en el poder, lo olvidó, se abrazó con Luis Lara y hasta coptó a gente FICOSEC para que formara parte de su gobierno, cual es el caso de Alejandra de la Vega y el contubernio con funcionarios de la antigua PGR, en este caso César Augusto Peniche. Tengo por falso que FICOSEC esté del lado de los ciudadanos; mejor dicho, es una especie de autodefensa de lujo, no del tipo de las que hay en Michoacán y Guerrero con gente expoliada, sino de las élites privilegiadas. Mientras esto continúe, la claudicación del estado es evidente.
Veamos algunos números. El presupuesto público de Chihuahua, tramitado y autorizado por el Congreso local, autorizó a FICOSEC 178 millones de pesos para hacer tareas que le corresponden a diversas áreas de gobierno, en especial a los ramos de Seguridad y Justicia. Es el 4% de lo presupuestado para la Fiscalía General, o el 2% de todo el ramo presupuestal que examino. Para darnos una idea de la calidad de esta suma, resulta importante compararla con lo destinado a municipios en esta área, 167 millones; a Derechos Humanos, 68 millones; a la Secretaría de la Función Pública, 91 millones de pesos y a la Auditoría Superior, 153 millones, lo que no habla de una real y consistente lucha contra la corrupción y se prefiere a los empresarios. Parece que a esas instituciones les hace falta sangre azul.
Se trata sin duda de un privilegio otorgado al empresariado, a un FICOSEC que se subdivide, cuando menos, en un par de asociaciones civiles más, que nos viene con la superficial narrativa de que tiene una “misión” y también una “visión”, y no se diga “valores” de una pedestre axiología que hasta hacen de la frugalidad una excelente divisa. Pero, para no gastar suelas ni llantas, corren por pura carretera pavimentada, no lejos de las moradas de la élite de la élite de esos 36 mil empresarios por los que dicen hablar.
Varias moralejas pueden brotar de todo esto. Si quieren hacer filantropía y buscar el bien común y la seguridad, háganlo con su dinero. No deformen las instituciones públicas, no estampen las siglas de FICOSEC en las patrullas, no propalen la empleomanía. Estamos en presencia de lo que puede ser un recurso presupuestal mejor aprovechado. No les escatimo a los señores empresarios su intervención, sino sus propios recursos para todas las tareas que emprendan, sobre todo si van más allá de las pías. Nunca ha sido bien visto hacer caravana con sombrero ajeno, tampoco que el Estado claudique y nos quiera convencer de que la sociedad civil está incorporada, al igual que los ciudadanos, en las tareas en pro de la paz. Las calles de Juárez, de Chihuahua, de Cuauhtémoc, pero sobre todo en las aldeas serranas, se requiere un Estado presente, no personeros empresariales que, para disipar sus pesadillas, crean entidades como FICOSEC.
Y una pregunta es obligada: ¿Por qué permitir que haya un “estadito” dentro del Estado?
