Los demonios se desatan

* A prueba pacto de impunidad

*El sagrado derecho a la prerrogativa

En los primeros seis meses de la 4T parecía muy sólido el pacto de impunidad, oscuro acuerdo presumiblemente firmado entre Peña Nieto y López Obrador para facilitar la transición que derrotó al PRIAN y encumbró a la izquierda.

Años de agravios y desconfianzas, sin embargo, amenazan esa precaria estabilidad política y nada menos que desde arriba hacia abajo, empezando con el más débil de los firmantes, el expresidente.

La noticia de hoy es que el gobierno de Estados Unidos investiga al expresidente Peña Nieto, por que habría recibido sobornos en la compra que hizo Pemex de “Fertinal”, operación que contribuyó al deterioro financiero de la paraestatal, la petrolera más endeudada del mundo.

Trágame tierra, tan feliz que se paseaba Peña con su nueva novia y ahora con el temor de que podría ser detenido a causa de dichos sobornos ¿Dónde está metida la 4T en esas investigaciones realizadas por la justicia norteamericana? En todo, no se puede enjuiciar a un expresidente del país sin la voluntad de los actuales.

Igual sólo es otro distractor, la justicia entre poderosos siempre es en razón de las circunstancias y coyunturas políticas, pero si a Emilio Lozoya lo pusieron en el circuito e los justiciables y no se ve por donde pueda salir –acaban de revertirle el amparo y en cualquier momento pudiesen detenerlo- pues de ahí sólo hay un paso a Peña Nieto.

Ay nanita, los demonios –otra vez- empiezan a desatarse y ya sabe usted lo que eso significa: inestabilidad política, parálisis gubernamental y enrarecimiento del ambiente social. Una vez sueltos nadie podría asegurar que puede atarlos de nuevo y menos sin causar daños colaterales.

Pero si ha de venir una purga pues que venga, las voces más radicales del nuevo régimen la consideran necesaria para su pleno establecimiento y seguramente muchos están interesados en que caigan personajes del más alto perfil.

………………………….

Los partidos políticos y sus representantes en las cámaras –diputados y senadores- se han mostrado renuentes a modificar las leyes electorales, cuyo principal objetivo es reducir las ingentes cantidades de dinero del erario que reciben por ser considerados “entes de interés público”.

Con tal de mantener los enormes beneficios están dispuestos hasta a reventar la iniciativa presidencial, siendo que todas las anteriores han transitado sin restricciones. Pero como ahora les pegan directamente en el bolsillo, pues ahí la resistencia surge desbordada.

La democracia mexicana es la más cara del mundo, el voto nos cuesta más de quinientos pesos por persona y todavía los partidos políticos –en esto se puede generalizar sin temor a cometer injusticias- se niegan a que les reduzcan su presupuesto, alegando que son indispensables para la estabilidad nacional, esgrimiendo el estribillo de que son más caros para el país elecciones cuestionadas. Ajá. De ninguna manera hay certeza de honestidad electoral.

Su voracidad los describe, piensan primero en sus intereses económicos que en las necesidades del país. Ojalá López Obrador –de las muy contadas cosas que estoy de acuerdo con él- mantenga su terquedad y los haga doblar las manos, pues si por los partidos fuese no sueltan la prerrogativa aplicándoles calambres en la manos. Las ven como su sagrado derecho.