Jaime García Chávez .-
Los cristalazos y las bombas molotov arrojadas por desconocidos contra el longevo periódico El Monitor de Parral pudieran considerarse el mal menor, por haber producido un daño material, a final de cuentas remediable. Afortunadamente no hubo afectaciones físicas en los cinco empleados que laboraban la madrugada del pasado miércoles en que ocurrió el ataque, y aquellos daños materiales, que a decir de las evidencias significaron más la amenaza y la intimidación que el hurto, son en realidad el efecto devastador, deplorable, de la violencia incontenible que se padece en todo el estado de Chihuahua.
Desde cualquier frente, la delincuencia organizada –y esa es la primera línea de investigación seguida en este caso por la Fiscalía corralista– ha rebasado cualquier esfuerzo gubernamental, pusilánime las más de la veces, y no se diga a los discursos que el fiscal César Augusto Peniche, el jefe de las policías estatales, Óscar Aparicio, y el propio gobernador, Javier Corral, anteponen para contener el naufragio de la política de seguridad pública en la entidad.
El agravio es doblemente reprochable porque se trata de una agresión a un medio de comunicación de larga tradición en el sur del estado y porque entre las penosas consecuencias de ese ataque al periódico este dejará de circular temporalmente en su versión impresa, y en cuanto a su edición digital se obliga a la autocensura al evitar, en lo sucesivo, la publicación de notas de corte “policiaco”. Los directivos, según dieron a conocer otros medios de circulación estatal que se solidarizaron con el periódico afectado, también dejarán de publicar información con “sesgo político”, cualquier interpretación que esto pueda tener, pero que pudiera, por esa sola declaración, constituir otra línea de investigación para la policía.
No sería extraño, para los tiempos que corren, que la agresión pudiera tener como fuente a la política misma, si es que se le puede llamar política a la que utilice la violencia para imponer criterios o forzar decisiones y resultados. Sobran estudios en los que se dan a conocer cifras que indican el alto porcentaje de agresiones a periodistas por parte del poder político y de funcionarios de gobierno en concreto.
El gobierno panista en funciones ha sido un agresor consuetudinario de reporteros; el gobernador en persona ha sido un agresor constante de periodistas, y esas acometidas las ha dirigido igualmente a los grupos periodísticos que lo critican casi de manera cotidiana.
“Por sus obras los conoceréis”, cita el conocidísimo evangelio escrito por Mateo, cuyo criterio bien podría asumirse para juzgar el comportamiento de una autoridad de evidentes rasgos cristianos que ya demostró, no sólo en el caso de muchas y muchos chihuahuenses abatidos por la violencia, sino en el crimen de una periodista reconocida como Miroslava Breach, que lo suyo, lo suyo, no es resolver ni aclarar tales casos en términos de justicia, área en la que se preocupa más, injerencialmente, en repartir cargos entre sus afines.
En este asunto la pinza de la justicia no se ha cerrado y no sólo no ha dejado satisfechos a familiares, amigos y colegas de la periodista, sino a la ciudadanía misma por el nivel de impacto social, periodístico, político y humano de su asesinato. Lo que es de esperarse por parte del gobierno del estado actual es esa propensión a radicalizar verbalmente su reacción frente a las críticas por la ineficacia de sus investigaciones, por la falta de complementaridad con los derechos humanos a la hora de las detenciones y el recurrente desapego a los debidos procesos, sin contar las insuficiencias ministeriales al momento de llevar a los inculpados ante los tribunales del Poder Judicial en donde luego han de ser liberados por esas precariedades procedimentales, si es que descartamos las presiones que seguramente muchos jueces han de tener, de todos los bandos, para orientar sus resoluciones.
El ataque a El Monitor de Parral es ominoso también porque ocurre justo en una etapa de la vida del país que pretende caminar por senderos más democráticos y en momentos en que la discusión a la protección de periodistas lleva ya buen rato sin pasar de ser un buen propósito en el papel. Y no se sabe hasta qué punto la nueva administración altere esos procesos. Pero antes de su arribo al poder, en reiteradas ocasiones se ha evidenciado que el tema no trasciende del compromiso entre funcionarios de todos los niveles hacia la realidad concreta. La atención de un tema que se supone urgente, se ve obligado a pasar por una serie elementos que bien pueden tacharse de “burocráticos” tan sólo para obtener un simple “sí” y declarar una alerta de protección en favor de algún periodista afectado o del gremio de los comunicadores en general.
Pero qué se puede esperar de un país cuyo gobernante máximo “regaña” a los periodistas y les condena porque se “portan mal” con él. O de otro que, ya más en lo local, los empuja, los ignora y los ningunea en su labor, al alimón de presumir que es el primer “gobernador periodista”.
Las y los periodistas en México, quienes trabajan en equipo como el periódico parralense atacado, pero también aquellos que van por la libre en los linderos de la independencia corporativa y aun gremial, en el aquí y ahora no gozan de ninguna garantía que les brinde certeza alguna en algo tan elemental como asegurar su propia integridad. Es decir, cada vez que un reportero sale a cubrir la nota, a realizar una entrevista, a esperar alguna declaración, sale a jugársela, y sufre el agravio verbal y el hostigamiento de los funcionarios y, en casos extremos, el ataque directo. Y si el crimen organizado interviene, pues tenemos ahí a la vista las graves consecuencias, reproducidas una y otra vez en el estado de Chihuahua.
Cuando se sufre una agresión como esta no se debe visualizar, para emitir un juicio de valor, el tipo de periodismo que se practica por quien sufre la violencia. Detrás están el derecho a la información y la libertad de expresión permanentemente acechadas tanto por el poder público, ahora por el crimen organizado, y en general por eso que se engloba bajo el concepto de los intereses creados. En realidad lo que se pone en riesgo son las propias libertades, su ejercicio y el respeto que se debe tener por el sesgo periodístico que se tenga, pues bien sabido es que, suele suceder, que frente a un periódico con el que se discrepa se puede poner otro enfrente para que controvierta y debata. Cosa bien distinta a que salgan las bombas incendiarias que buscan callar y acallar la libertad que se tiene, individual o grupal, a sostener opiniones diversas. Con hechos como el comentado pierden los ciudadanos, pierde la sociedad toda. Ahí está el detalle.
