*¿Conseguirá Lucha heredar su silla?

* “En ésta maldita vida todo es dinero”

* Perdón al narco y cárcel al contribuyente: ML

Luz Estela Castro está fuera de la Judicatura, confirmaron ayer. Lo que no pudieron hacer santones del PAN, prominentes empresarios, barras y colegios de abogados, ni medios de comunicación, lo consiguió un cáncer que hizo metástasis. Lucha, sin embargo, no es una mujer común, al interior del Tribunal y en el gremio de la litis y la chicana comentan que intentó heredar la consejería a Irma Villanueva, su discípula más avanzada en el negocio de los derechos humanos y la protesta callejera.

Igual abogados y tinterillos oficiantes en el gremio alimentan los rumores sin otro propósito que amenizar las mesas de café. Cuando están desocupados, lo cual es frecuente, suelen solazarse con la desgracia ajena, profesan el chisme como ministerio de fe, aunque si damos por buenas sus especulaciones, abren la siguiente pregunta: ¿Quién o qué dobló a Lucha?

Más que en los rumores que corrieron en los últimos días, la pregunta encuentra pertinencia en la declaración enfática del gobernador Javier Corral, negando que su propuesta para sustituir a Lucha sea Irma Villanueva. Ni loco la muevo, donde está hace un excelente trabajo, dijo para despejar cualquier duda, como enviando un mensaje tranquilizador a magistrados o actores opuestos a la polémica consejera.

Permitir que Lucha herede el cargo, sea o no a su discípula favorita, sería un desacierto mayúsculo de Corral. Su imagen, la de su gobierno y la del Poder Judicial ha sido lastrada hasta el fondo de la credibilidad por excesos y abusos de la señora, imagine dónde quedaría si a la vuelta de 30 días resulta que le alcanzó para dejarlo en herencia. A nivel de suelo raso… y pisoteado.

Aquí dejo la reflexión, consciente de quedar muy corto en cuanto la cuerda que trae el tema. Prefiero esperar el desenlace, es decir que cierren el círculo con la elección de la nueva consejera, para entregar un análisis detallado.

Hacerlo es una obligación, aguanta hasta para un libro. Creo sinceramente que no hay antecedente de mayores abusos y atropellos en la historia del Poder Judicial, que los cometidos en la era de la oxigenación Duartista y la sin razón de Javier permitiendo que una mujer cuestionada por miles y miles de chihuahuenses tomase por rehén a todo un Poder del Gobierno.

Rompeolas

“En ésta maldita vida todo es dinero, amigo”, con esa frase de insatisfacción con la vida, un policía extorsionador de Parral justificó ante su víctima el atraco del que lo hacía objeto. Hablaba, según el audio del video grabado por el mismo conductor, como queriendo limpiar su consciencia; ni modo carnal, te robo por que todo en este pinche mundo está podrido. Las imágenes del camionero extorsionado circularon ayer en  redes, son de dominio público ¿Cómo reaccionó el presidente municipal que pretende pasar por moderno Pancho Villa? El Caballo Lozoya zanjó el asunto con un “cesaré a los policías”. Tolerante con los delincuentes de uniforme y placa el edil parralito, ahí fácilmente podrían tipificarse los delitos de “secuestro exprés”, “delincuencia organizada” y “extorsión”. Esos agentes y el oficial del transporte que parece su jefecillo merecen ir a prisión, cesarlos sólo los dejaría libres para que se incorporen “oficialmente” a la delincuencia. Cuántos choferes le gusta que hayan extorsionado y al Caballo sólo se le ocurre despedirlos.

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Nadie lo ha dicho mejor que Ignacio Morales Lechuga, Procurador General de la República en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y actual colaborador de “El Universal”. Así tituló su entrega de ayer: “Perdón a los narcos y cárcel al contribuyente”. Devastadora por sencilla, clara y certera. Es tan contundente que sale sobrando el texto, pues el círculo informado sabe que el “líder amadísimo” promueve una ley de amnistía que abre ventanas para que narcotraficantes salgan de prisión, y por otro lado el Senado acaba de aprobar una Reforma Fiscal que hace de la evasión de impuestos un delito equiparable al crimen organizado y el secuestro, con el agravante –han observado legisladores de oposición-que podría ser usada como instrumento de venganza o control político. Para que vayan midiendo hacia dónde vamos como país.