CIUDAD DE MÉXICO
Un Juez Federal de Control con sede en Hermosillo, Sonora, vinculó a proceso a Sergio Salazar Salazar y a Carla Rochín Nieto, director de Prestaciones Económicas y Sociales, y Coordinadora Nacional de Guardias del IMSS, respectivamente, por omisión en los delitos de lesiones y homicidio culposos, en relación con el caso de la Guardería ABC.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes, que este proceso forma parte de una nueva denuncia que presentó, el 25 de febrero de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como madres y padres de las víctimas.
El motivo, se indicó, que el reclamo social de una justicia efectiva, con un caso que incluyera a funcionarios de alto nivel de la institución, seguía vigente e incumplido.
En la denuncia, dijo el organismo autónomo, se involucró a funcionarios de alto nivel del IMSS, en la que luego de las investigaciones se consideró necesario ejercitar acción penal en contra de quienes el 5 junio de 2009, cuando ocurrió el incendio en la estancia infantil, estaban a cargo de esas oficinas.
De acuerdo con las pesquisas, el Ministerio Público Federal (MPF) consideró que Salazar Salazar y Rochín Nieto fueron omisos en cumplir con los deberes que les imponían las normas y lineamientos que regulaban el servicio de guarderías.
Se estableció que, si los exfuncionarios hubieran atendido sus responsabilidades, probablemente se hubiera evitado el incendio de la Guardería ABC, o el riesgo de que ocurriera hubiera sido mínimo.
La mañana del 5 de junio de 2009, se registró un incendio en unas oficinas de la tesorería del estado de Sonora, el fuego se extendió a las instalaciones aledañas de la Guardería ABC, con un saldo final de 49 menores de edad muertos y 43 niñas, niños y adultos heridos.
La FGR detalló que la nueva denuncia del IMSS y del grupo de madres y padres de las víctimas se presentó debido a que, luego de los hechos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ejercitó acción penal en contra de 22 funcionarios del Seguro Social, de la Sociedad Civil Guardería ABC, y de los gobiernos estatal y municipal.
El 13 de mayo de 2016, el Juez Primero de Distrito en Sonora, dictó sentencia condenatoria en contra de 19 de los involucrados, entre servidores públicos de los tres niveles de gobierno, quienes no tenían cargos relevantes o de alto nivel dentro de las dependencias.
La sentencia involucró también a la representante legal y un miembro del consejo de administración de la Guardería ABC.
La sentencia ha sido apelada por la parte de los involucrados y actualmente está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
