Hablar de la crisis financiera de la administración estatal es un lugar común. Desde que Duarte hipotecó las carreteras a plazos calculados en décadas, 30 años, y dejó la deuda a largo plazo en más de 20 mil millones, la fragilidad de las finanzas públicas es un tema recurrente. A Javier Corral le quedó muy grande la responsabilidad y en lugar de reducirla, a base de cortos, la hizo crecer en más de once mil millones, más pasivos a proveedores cuya cantidad es una opacidad absoluta.
No pretendo desenhebrar la crisis poniendo los números en blanco y negro, ni dar por exactas las cantidades, esa tarea es responsabilidad de aquellos a quienes la gobernadora electa confíe tan delicada tarea. El propósito es aportar números gruesos que nos permitan visualizar la dimensión del problema que tiene frente a sí la gobernadora electa, Maru Campos.
Es tan devastador el escenario financiero de la administración estatal que podemos definirlas como “técnicamente quebradas”, según parámetros de corredurías internacionales, Hacienda y Banco de México. Y con los últimos aumentos de la inflación, repercuten directamente en los intereses, las calificadoras internacionales pusieron a Chihuahua en alerta roja. Continúan erosionándose y pierden el grado de inversión, lo que sería un desastre mayor pues complicando la ya de por si muy complejas alternativas de solución.
Trataré de apretar los números. Entre deuda a largo plazo, los llamados cortos y bonos ceros pongamos un monto de 49 mil millones de pesos, de los cuales 11 serían a corto plazo. Sólo en esos conceptos está comprometido el 65 por ciento del presupuesto anual, cerrado a 70 mil millones de pesos.
Ahora, incluidos los 22 mil millones en bonos carreteros, contratados en dos polémicas emisiones de 15 y seis mil millones, el pasivo de proveedores –nadie sabe cuanto es- y el histórico déficit educativo que podría estar en 12 mil millones de pesos o más, Chihuahua tendría una deuda total muy superior a su presupuesto anual y la obligación ineludible de pagarla. Únicamente los estados de Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México están más endeudados, pero con el doble de presupuestos.
El enorme costo financiero es brutal, tan sólo en deuda a largo plazo el estado destina anualmente alrededor de tres mil millones de pesos a intereses y otros tres mil a capital. Y Por los once de “conceptos varios” casi mil millones, pues son tasas más altas. Hablamos de casi siete mil millones de pesos anuales, el diez por ciento del presupuesto, para lo que llaman “servicio” de la deuda. Y, recuerde, los otros compromisos no los hemos mencionado en el costo.
Cuando Maru reciba la administración tendrá compromisos inmediatos por 18 mil millones de pesos, entre los cortos plazos, el interés de los mismos, y el costo financiero de la deuda a largo plazo ¿Dónde conseguir esa cantidad y a la vez satisfacer los compromisos urgentes: nómina, gasto corriente, aguinaldos y todo lo impostergable en salud y seguridad? Eso de que las finanzas están quebradas no es una narrativa catastrofista, es que realmente están quebradas.
¿Soluciones? Que las vayan buscando, todas serán difíciles. Pero en lo primero que debería pensar la gobernadora electa, es en dejar la responsabilidad de la crisis financiera en manos de la “mafia hacendaria”. Los nerd de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y de todas las instituciones crediticias son una mafia hecha y derecha. Un secretario surgido de ese grupo y además palomeado por los gurús financieros de la 4T, Herrera o Ramírez de la O, el nuevos secretario, sería un primer paso en la dirección correcta.
No tengo la menor idea de cual será su decisión al respecto, pero la enseñanza de Corral –dejó muchas en el sentido de lo que no se debe hacer- es que un secretario del tipo Fuentes Vélez; amiguis de comprobada lealtad y fama de honesto es la fórmula segura para el fracaso. Para recoger el tiradero y empezar a limpiarlo, necesita uno con relaciones en la mafia, credenciales en crisis complejas y aprobado por los tiburones del régimen.
Antes de cerrar un apunte obvio: Maru debe partir de la idea que de López Obrador y el Gobierno Federal sólo recibirá lo mínimo que corresponda a Chihuahua. Por más comedida y buena relación en el trato, no conseguirá ni un centavos adicional para educación, proveedores o apoyos extraordinarios, la concentración del dinero y el poder es total en el régimen del populismo ignorante.
Rompeolas
Ha surgido una exacerbada polémica, sordas voces de interrogante o desaprobación, sobre la toma de protesta de Maru Campos en ciudad Juárez. Es una grilla superficial y muy menor, tratando de presentarla como oportunista. ¿Por qué en Juárez? Y por que no. Es tan válido como en cualquier otro municipio del estado y si Maru se ha propuesto acotar a Morena en su mayor bastión, está en todo su derecho y además tiene obligación política con su partido. Ciudad Juárez es una ciudad que ha sido víctima de presidentes municipales corruptos e irresponsables que sólo buscan medrar con el cargo. Como dijo hace tiempo Angélica Fuentes: a Juárez todo mundo le quiere sacar pero nadie le quiere meter. Tiene razón, es importante que el estado haga presencia fuerte en la frontera, los juarenses necesitan su concurrencia, y si además resta presencia a Morena, bueno pues el rendimiento electoral es lo que buscan todos los políticos o es que sólo los del oficialismo tienen esa prerrogativa.
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El dos de agosto, es decir al otro día del gran fracaso que será la consulta ciudadana “para enjuiciar a los ex presidentes, iniciará otra feroz ofensiva contra el Instituto Nacional Electoral, seguro, seguro, seguro, a menos que sea antes. No es que tenga bola mágica, es lo que anticipa la vocería 4T sabiendo que la participación ciudadana será muy baja, como han advertido diversos observadores. Al verse desairado el Tlatoani descargará su ira contra el organismo electoral, responsabilizándolo del fracaso. Tenemos que hacerlo resistir, cae el INE y cae la frágil democracia que nos ha costado años construir. Empezamos por desairar la farsa, López Obrador necesita comprender que no es dueño de la voluntad ciudadana.
