Los peores momentos de violencia en la entidad llegaron durante la fallida guerra de Calderón contra los carteles de la droga, intentando posicionar al de Sinaloa como la organización suprema. Gobernaba el estado Reyes Baeza y nada pudo hacer para detener el baño generalizado de sangre, la súbita caída en el crecimiento económica y la migración forzada, particularmente de empresarios que salieron de Juárez a ciudades fronterizas de los Estados Unidos. Estrategia y fuerza eran del Gobierno Federal.
En esa época infausta pocos fueron los hogares chihuahuenses, sin importar nivel económico ni cultural, cuyas familias permanecieron sin llorar a sus muertos, miles de ellos inocentes. De aquellos años cruentos quedó un indicador económico para la historia: en 2010, el más violento del sexenio, Cementos de Chihuahua registró más ventas en Ciudad Cuauhtémoc que en Ciudad Juárez, siendo la población fronteriza cinco o seis veces mayor. Eso demuestra la brutal caída de la construcción, uno de los indicadores más sensibles de la economía.
Sucedió también que ese año fue cuando el número de agentes federales y elementos de las fuerzas armadas saturaron la entidad. Extorsiones, secuestros, asesinatos eran asuntos ordinarios en Juárez, la capital y en amplias regiones serranas. En Juárez y la capital la violencia se disparó hasta generar temor social, estando acampados destacamentos enteros de militares y agentes federales en céntricos hoteles de ambas ciudades. Las versiones ciudadanas de entonces aseguraban que los federales al mando del impresentable Facundo Rosas cometían las mayores atrocidades. Tomaron a Chihuahua como su botín de guerra.
La introducción anterior tiene que ver con la violencia que empieza a generalizarse en la entidad, una luz parpadeante que anuncia precaución. En Juárez los asesinatos de alto impacto en restaurantes de franquicia, incremento de muertes violentas y el derecho de piso; en la sierra con el infame asesinato de dos jesuitas y un guía turístico; y la capital se calentó con la masacre de los seis en colonia Sahuaros y otros crímenes en seguidilla. Parece que la pesadilla vuelve sobre sus pasos, pues los hechos de violencia ocurren cuando a la entidad llegan más militares y agentes de la Guardia.
Es fácil preguntarse porqué la violencia se dispara mientras más elementos federales llegan a una entidad, siendo que por sentido común deberían disminuir, circunstancia en la que Chihuahua es regla, no excepción. Al reparar en la repugnante similitud entre el gobierno de Reyes con Calderón y el de Aureoles con López Obrador, esa pregunta empieza a generar justificada incertidumbre. Cuando Silvano Aureoles gobernaba Michoacán las fuerzas federales se desplazaron a la entidad en altos números –ejército y Guardia Nacional- al tiempo que los delincuentes se apoderaban de comunidades enteras generando migración humana forzada, masacres casi diarias, secuestros y extorsiones. En el caso michoacano con la particularidad de que los grupos de presión –CNTE- bloqueaban durante semanas las vías del ferrocarril, paralizando el puerto más importante del país.
Con la llegada de Ramírez Bedolla, Morena, la violencia disminuyó casi de manera simultánea al cambio de gobierno. Hoy los pueblos están en relativa calma y las vías de comunicación quedan despejadas. No digo que los michoacanos viven en el paraíso que es su tierra, pero los maestros de la CNTE ya no toman las vías ni las bandas regionales secuestran comunidades enteras, ni toman para uso exclusivo decenas de tramos carreteros. Pongamos que Michoacán entró en cierto orden ¿Por qué? ¿Sólo porque llego Morena?.
Como en la era de Calderón, García Luna y Renato Rosas crecieron las versiones sociales de que esquilmaban a las comunidades donde volcaban sus fuerzas, hoy la voz popular establece consensos de que el Gobierno Federal alienta el fortalecimiento de los grupos criminales en las entidades de oposición o cuyos gobiernos le resultan incómodos. Las versiones se basan en la certeza de que en un país de histórico y pesado centralismo como el nuestro, la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos es casi exclusiva del Gobierno Federal y suya por completo la facultad legal para combatir a los “generadores de violencia”, como la eufemística narrativa oficial llama a criminales, sicarios, extorsionadores.
Tratándose particularmente de la presente administración, con un presidente obstinado en el disparate de rendir las fuerzas armadas ante los grupos criminales –los videos, cientos de ellos, son denigrantes- y teniendo como prioridad garantizar el triunfo de su partido en la próxima elección -nada le importa más que dejar al heredero elegido- las sospechas de complicidad son rumor generalizado. He dicho en otras entregas: suyas son las fuerzas armadas, suyos los aparatos de inteligencia, suya la facultad legal, suya la estrategia y si, suya la responsabilidad.
Desde luego los gobiernos locales y los Ayuntamientos tienen parte de responsabilidad, pero su presencia es testimonial en las sesiones del Consejo de Seguridad. Sin embargo lo deseable es que los tres orden se coordinen sin sospechar unos de otros, a la sociedad no le interesa saber de competencias legales, poder de fuego, ni autorías estratégicas. Lo que cada ciudadano de este país quiere es vivir en paz, que la violencia termine y pueda recuperar su antigua libertad de salir a las calles sin temor a convertirse en estadística de violencia.
Rompeolas
El problema de que los pasantes de medicina rechacen plazas oficiales en Salud, por negarse a realizar su residencia o servicio social en comunidades de la sierra, hoy particularmente Bocoyna, tiene que ver con el temor de los últimos acontecimientos violentos. Aunque la gobernadora Campos ha hecho lo posible por alentarlos a presentarse en las comunidades serranas garantizando su seguridad, y el director de la Facultad, Luis Carlos Hinojos se coordina en buenos términos con el secretario Sandoval, de Salud, la percepción sobre inseguridad ha sido mayor y muchas veces son los mismos padres de los pasantes quienes se oponen a que presten en esas comunidades sus servicios. El problema no está en los pasantes, ni sus familiares, ni los esfuerzos de Medicina y la Secretaría de Salud, el problema está en los hechos delictivos que los inhiben.
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La comunidad universitaria quedó trastornada por la muerte del Dr. Abraham Paniagua Vázquez, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Una lástima su pérdida irreparable, era un brillante y joven profesionista comprometido con la universidad, especialmente con la Facultad que dirigió. Mis más sinceras condolencias a su esposa, a toda su familia, a sus amigos y a la comunidad académica y estudiantil de Ciencias Políticas. Tengo entendido que era un hombre creyente, que Dios lo reciba en su santo seno. Descanse en paz.
