El Paso— El miedo y el pánico han puesto en alerta ‘máxima’ a la comunidad inmigrante debido a reportes sobre una nueva agresividad de los agentes federales bajo el mandato de Donald Trump, quien prometió en su campaña la creación de una “fuerza de deportación”.
Funcionarios insisten en que no han implementado cambios sustanciales en la aplicación de las leyes, a la vez que niegan que estén deteniendo gente de manera aleatoria en puntos de revisión o que “barran” sectores donde es común la presencia de indocumentados.
Y aunque los operativos masivos no han ocurrido en El Paso, expertos hacen un llamado a la comunidad para que estén preparados sobre sus derechos y que no firmen ningún documento sin la presencia de su representante legal.
Iliana Holguín, abogada migratoria, pidió buscar asesoría de instituciones, especialistas y organizaciones no gubernamentales sobre materia migratoria.
“Los oficiales están cumpliendo su trabajo”, dijo. “Las personas pueden informarse con instituciones como la Diócesis de El Paso, que tiene personal que presta ayuda legal, igualmente Las Americas Advocacy Center, o acercarse con un abogado especialista en temas migratorios”.
La ansiedad entre inmigrantes se disparó la semana pasada luego de que agentes de la Oficina de Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron una serie de operativos en grandes áreas metropolitanas, deteniendo a cientos de personas en Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Atlanta y otras ciudades.
De acuerdo con cifras de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, 90 ciudadanos mexicanos fueron arrestados esta semana. Muchos de ellos ya fueron deportados o sometidos a procesos de deportación.
La cifra coincide con las estimaciones ofrecidas por diversas autoridades consulares de México en Estados Unidos.
Según las autoridades consulares, el mayor número de arrestos de mexicanos se ha producido en los estados de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, así como en la zona metropolitana de Los Ángeles.
El capítulo estadounidense de Amnistía Internacional emitió un comunicado ayer en el que externa su preocupación porque estas acciones “elevan graves preocupaciones sobre los derechos humanos”. Miembros del grupo hispano del Congreso demandaron reunirse inmediatamente con Thomas Homan, el jefe en funciones de ICE.
“Estos operativos han desatado temor en el corazón de la comunidad inmigrante, ya que muchos temen que la ‘fuerza de deportación’ prometida por el presidente Trump ya opera en plena acción”, señalan los legisladores en una carta a Homan.
Atención nacional
Ante la incertidumbre que reina en todo el país, la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) reiteró las medidas recomendadas a seguir por personas que son detenidas por autoridades migratorias o policiacas.
Bajo el título “Conozca Sus Derechos”, ACLU pide a los que puedan verse en dicha situación no firmar ninguna forma, como la I-407 donde se renuncia voluntariamente a la residencia permanente, y pedir la presencia de un abogado en su proceso.
“Es necesario compartir esta información con todo aquel que lo necesite”, dijo Verónica Escobar, juez del Condado de El Paso, y quien compartió en redes sociales la recomendación de ACLU.
Aunque en El Paso no se han reportado acciones de este tipo, en diferentes foros se invita a la comunidad a permanecer alerta, e incluso asesorarse legalmente para prevenirse.
“Algo que actualmente está pasando es que oficiales de libertad condicional están llamando al ICE para detener a personas que están reportándose a sus citas obligatorias dentro del programa de libertad condicional”, dijo la abogada Jeanne Morales, quien atiende casos en Midland y El Paso, Texas.
“Esto está pasando en casos donde el fiscal ha hecho un acuerdo para poner a una persona en libertad condicional (‘probation’), pero realmente no es un acuerdo ya que lo que están tratando de hacer es deportar a esas personas”, alertó la abogada, quien igualmente invitó a la comunidad a mantenerse informada y a buscar asesoría jurídica.
Efecto Trump
Lo cierto es que incluso si ICE y otras instancias aseguran que no han implementado cambios, muchos inmigrantes encuentran más persuasivas las acciones y palabras del presidente Trump, cuyo ascenso político se vio marcado por una retórica antiinmigrante, una promesa para construir un muro en la frontera con México y el compromiso de deportar a 3 millones de indocumentados.
El 25 de enero, cinco días después de su toma de protesta, emitió un decreto para mejorar la seguridad en el interior de Estados Unidos. Los medios enfatizaron el llamado de Trump para terminar con la asignación de fondos federales a las “ciudades santuario”, aquellas que no entregan de manera inmediata a los inmigrantes indocumentados que son detenidos por policías locales. (Roberto Carrillo/El Diario de El Paso. Con información del Washington Post)
