Influidos por la concepción electorera que domina en la clase política del país, los gobernantes adoptan una doble moral; ven todo negro y podrido cuando son oposición y al ocupar el cargo anhelado cierran los ojos y desautorizan la critica social.
El gobierno actual encontró su escudo repelente a la información que le desagrada, desacreditando a los medios que le son incómodos, por “vendidos a César Duarte y como hoy no les damos dinero, nos atacan”.
Que cada medio hable por si, El Diario ha ceñido su política editorial a los hechos de interés ciudadano. Que pueden existir errores en su información, desde luego, ningún medio en el mundo está exento de pifias, más bien se trata de una constante por la velocidad con que corre la información y los intentos de quienes se ven señalados, entre ellos los gobiernos, de ocultarla.
Javier Corral y su aparato comunicacional pueden seguir desestimando la erupción violenta en las últimas semanas, con declaraciones propias de activistas sociales o frases a modo de muletillas discursivas que denotan su incompetencia: “No permitiremos… prometemos que… son hechos bochornos que a todos… daremos con los responsables… en nuestro gobierno no hay espacio para la… nosotros no escondemos las víctimas…
Por encima del grueso maquillaje mediante el cual intentan ocultar sus manifiestas imperfecciones, la terca realidad los delata. No van dos meses y ya son varias las muertes de alto impacto, únicas que importan a cierto sector de la sociedad e incomodan al gobierno.
En un lapso de quince días, a principios de año asesinaron a los activistas indígenas Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros, sin que Javier Ávila, Luz Estela Castro y ningún defensor de los derechos humanos admiradores de Corral levanten la voz. El domingo pasado en la noche mataron al vicerrector del Tec de Monterrey, con apenas tímidas reacciones de la comunidad académica y los egresados, ante el silencio cómplice de Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial. En promedio va más de una muerte “emblemática” por cada dos meses.
Durante la misma erupción, en Parral encuentran a una niña de 14 años, estudiante de secundaria, asesinada; en Chihuahua una joven universitaria es despojada de su auto a plena luz del día y abandonada en la carretera a Juárez; en Juárez asesinan a un niño de diez años dentro de su casa; en Chihuahua despojan a una señora de su auto. Todo en la impunidad.
¿Están de acuerdo, los estrategas del Nuevo Amanecer que sostienen el escudo de la desacreditación a los medios, con esa elemental conclusión y el recuento mínimo de víctimas inocentes en los últimos días?
Entiendan, no priva el ánimo de molestar, a través de sus páginas informativas y de opinión El Diario advirtió innumerables veces sobre el grave peligro que corría la entidad, si los grupos criminales encontraban fisuras por las cuales extender su dominio del mal.
Hoy esas advertencias son una realidad, la violencia se instaló de nuevo en la entidad, con independencia de que cierren los ojos o prefieran voltear a otro lado. Son las consecuencias de inoperatividad, descoordinación e incompetencia del aparato de seguridad y el disimulo inexperto del gobernador.
Los antecedentes están frescos, el nombramiento de Javier Benavidez, como primer jefe de policía, generó una crisis de gabinete por la inconformidad de un íntimo amigo del gobernador y responsable de la comunicación, Antonio Pinedo, rabieta que pospuso la llegada del comandante actual, Oscar Aparicio, casi un mes, dejando durante ese tiempo sin mando a la PEU.
Entre la Fiscalía del Estado y la Policía de Ciudad Juárez privó la descoordinación desde el nombramiento de González Nicolás como Director de Seguridad, hasta hace tres días que Ricardo Realivázquez relevó a Sergio Almaraz, quién el 30 de diciembre entró en lugar de González Nicolás. Fueron casi cinco meses de mutuas acusaciones mientras la violencia crecía.
Desde la irresponsable promesa de “cárcel al 80” en 72 horas, pasaron otros cinco meses para emprender un operativo de la Fiscalía en la región dominada por el capo emplazado por el mismo gobernador, con tal desatino e impericia que los agentes de la PEU llegaron sin consenso de los seis presidentes aludidos y atropellando a los policías municipales de la región, acusándolos sumariamente de coludirse con el crimen. Desde el inicio del operativo las protestas han sido graneadas y hoy están en huelga de hambre 130 elementos de Nuevo Casas Grandes.
Otra vez la misma pregunta ¿Están de acuerdo en el actual gobierno con tales hechos o ven exagerada la sucinta reseña, a fin de contrariar la estrategia de seguridad y debilitar al gobierno?
Quizás llegó el momento de que Javier Corral, ocupado en asuntos de supuesta transparencia, teorizaciones de buen gobierno, acusaciones contra Duarte, incursiones nacionales disfrutando el fuero, presentador de libros, activista contra el muro, promotor comercial en China, replantee su estrategia de seguridad y valore si las personas elegidas son las adecuadas para llevarlas a la práctica.
Es un tema de la mayor importancia para tomarlo a la ligera. Ayer mismo hubo una narcomanta con mensaje al gobernador, presumiblemente exigiéndole actuar contra el poderoso “80”. Por el tono de sus declaraciones con relación al hecho, da la impresión que el mensaje agradó al mandatario: “no es fácil desmontar toda la red de complicidades que esos capos tienen, pero lo vamos a lograr”. Firmeza y seguridad, hay pantalones.
Tomando el narcomensaje por bueno, lo primero que deberían preguntarse los analistas de seguridad es quién está interesado en que el gobierno desmantele la organización criminal en esa región ¿Otros grupos criminales? Obviamente sus métodos dicen que sí, entonces ¿Para quién trabaja la Fiscalía?.
Es un mensaje muy extraño, como lo presentan significa un ruego a la autoridad para limpiar a la sierra, o específicamente la región señalada, de los capos que durante décadas han dominado, pues obviamente incomodan a otros grupos. Amenazando además que de no hacerlo, tendrán que actuar ellos. Si hubiesen podido desplazarlos, desde cuando lo hubiesen hecho. Es la eterna guerra de los grupos por el territorio.
O la otra, es un mensaje simulado del propio gobierno para justificar o apremiar la incursión en la sierra. Vea usted hasta donde se llegó en unos cuantos meses, otra vez la policía de cabeza y la sociedad a merced del crimen.
