El máximo tribunal de Venezuela revirtió parte de dos sentencias que habían cercenado las facultades del Parlamento dominado por la oposición, en un intento por calmar protestas y acusaciones de dictadura contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había dictaminado que su sala constitucional asumiría el rol del Parlamento, al considerar que ese cuerpo estaba en desacato por no haber desincorporado a tres de sus miembros acusados de comprar votos.
La corte había limitado la inmunidad parlamentaria abriendo la posibilidad de llevar a juicio a los diputados opositores, quienes hablaban de un golpe de Estado.
Pero la madrugada de ayer Maduro conminó al Tribunal Supremo a revisar las sentencias para sanar lo que calificó como un impasse.
La tarde de ayer, los miembros del Mercosur descartaron expulsar a Venezuela del bloque, pero sí señalaron que hubo una ruptura del orden democrático en Venezuela e instaron al gobierno de Maduro a adoptar correctivos para garantizar la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho.
Además, solicitaron la convocatoria de elecciones pendientes y la liberación de presos políticos.
En la práctica, la Asamblea Nacional seguirá bloqueada por la justicia, que le ha impedido aprobar una sola ley desde que asumió funciones a principios de 2016.
Miles de manifestantes intentaron llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, pero fueron repelidos por las fuerzas antimotines.
