El recuento de hechos violentos en los últimos días aterra: asesinato de dos ganaderos, uno en el interior de un restaurante y otro en compañía de su pequeña hija –cinco años- en concurrido crucero de la ciudad a plena luz del día; un muerto en Lowés; balaceras simultáneas en Cuauhtémoc y Madera, dejando a la región en virtual toque de queda, cerradas escuelas y negocios; ejecución de un abogado en el crucero más transitado de la ciudad, Juventud y Cantera.
Antes las balaceras previas en Cuauhtémoc, cuando mataron al “Cabo”, donde hablan de entre cuarenta y setenta muertos, y otras anteriores en la región, el asesinato infame de Miroslava Breach, el horror hasta la muerte de Doña Matilde, los siete policías de Madera y otros oficiales asesinados en distintos puntos del estado, incluida la ciudad de Chihuahua.
No se trata de pormenorizar los muertos, para citarlos por su nombre y apellido sería necesaria la sección de opinión completa durante toda la semana, y eso excluidos los alias. En los ocho meses del presente gobierno el número de muertos supera el millar, sin sombra de duda.
El punto es poner en su contexto el momento de inseguridad prevaleciente en la entidad, para tormento y angustia de la sociedad. Otra vez estamos como en la guerra de Calderón contra el crimen, pues hoy como entonces los sicarios del mal actúan a cualquier hora del día o la noche en restaurantes, cruceros, centros comerciales, colonias populares y barrios residenciales –el académico asesinado en san Felipe- matando a periodistas –van dos- académicos, mujeres, productores, ganaderos abogados, policías. Cualquiera en Chihuahua es blanco del mal.
Quizás los hechos sean menos frecuentes que en aquellos años aciagos, sin embargo ahí están, igual de violentos, atemorizantes e impunes, con los barones del mal y la ineficacia o complicidad de las instituciones de seguridad, especialmente la Fiscalía, en el centro del torbellino sangriento.
Las detenciones le dieron un respiro, comentó en privado un personaje de amplias credenciales en la procuración de justicia local, refiriéndose a que César Augusto Peniche se tambaleaba del cargo antes de los primeros tres detenidos asociados a la corrupción del pasado gobierno.
¿Hasta cuando aguantará? Preguntó uno de los presentes en la mesa de café. Hasta que se presente otra crisis de seguridad, reviró sin pensarlo el experto. Cierto, las primeras detenciones dieron un respiro a Peniche, pero no pasó mucho tiempo para que la violencia lo alcanzase de nuevo.
Su incapacidad es manifiesta, le queda grande la responsabilidad, por lo mismo ahora la pregunta es: ¿Qué llegará primero, otros detenidos a modo de salvavidas o su relevo?
Es momento de que Javier Corral tome decisiones importantes y una de ellas sería realizar una valoración sincera y desapasionada sobre el resultado de la Fiscalía.
Desde fuera las deficiencias operativas parecen claras y se notan en que los maxijuicios avanzan más mediáticamente que en los hechos y en la erupción violenta en amplias franjas de la entidad, incluida la ciudad de Chihuahua.
Si los analistas del Nuevo Amanecer ven otra realidad expónganla, quizás el periodismo al que el señor gobernador llama corrupto no vea sino sangre donde sólo hay palomas de la paz con su ramo de olivo en el pico.
Ayer nada menos taxistas paralizaron el centro de la ciudad durante horas. Exigen explicaciones sobre la desaparición de un colega, al que presumen muerto por haber encontrado su auto incendiado.
Lo que siempre se ha dicho, en la medida que la violencia crece se agudizan los problemas sociales y la economía entra en parálisis. Es un tema demasiado importante para relegarlo a segundones, como evidentemente lo hace el gobierno de Corral, prioridad demostrada en su estrategia nacional de comunicación, circunscrita en Duarte, sin hacer la mención menor a la crisis de seguridad.
A reserva de poner en blanco y negro las implicaciones y alcances del decreto que autoriza a la Secretaría de Fuentes Vélez indemnizar con 65 millones de pesos a los indígenas afectados por los terrenos expropiados para el aeropuerto de Creel, todo apunta a que doña “Pety” Guerrero se conduce parcial con la asignación del dinero.
El decreto 1438 habla de la comunidad “Bosques de San Elias-Repechique” y detalla que la componen 33 rancherías, citadas todas por su nombre, cuyos residentes legales serían por ley los únicos beneficiarios de la indemnización.
El grupo que reclama su parte, liderado por Neoel Carrasco, asegura que pretenden dejarlos fuera de la distribución, pues la Pety favorece deliberadamente sólo a los ejidatarios de Repechique, donde ha sido asesora por décadas, ninguneando a otras comunidades.
Todo asunto agrario implica una maraña legal, muchas veces remitida a los tiempos de la Reforma Agraria o incluso antes y más cuando se trata de dinero, ya sabe donde hay centavos los chabochis meten la mano y el diablo la cola.
Si las comunidades de los ejidatarios inconformes están contenidas en el decreto y ellos son parte legal de tales comunidades, Chihuahua estaría ante el intento de un despojo sin precedentes en la historia del agrarismo chihuahuense, perpetuado por el gobierno y quienes dentro de él se llaman indigenistas.
Es muy importante que la señora comisionada de los pueblos indios clarifique esa situación. Tampoco se trata de que cada indígena de la sierra o la entidad quiera parte del recurso, exigirlo sin derecho sería igualmente deshonesto. Fuentes Vélez y la Pety explíquenlo con manzanitas y se acabó. Es muy sencillo ¿O no?
Denuncia ciudadana. Hace días acudió a la oficina de Recaudación de Rentas, sucursal Mirador, una anciana mayor de ochenta años a cobrar un certificado de depósito. Su joven hija iba acompañándola, con tan mala experiencia que las hicieron esperar casi una hora, por un tramite atorado en la ventanilla para adultos mayores.
Las mujeres trataron de ir a una ventanilla común, pero las regresaron de malas maneras, ordenándoles que debían formarse en la fila de ancianos.
La mujer joven reclamó la desatención y solo recibió indiferencias de una dependiente identificada como Ingrid Muro y la supervisora Inés Manzano. Queda el comentario por si pretenden realizar una investigación a fin de mejorar la atención al público en las oficinas de Recaudación.
