El juicio más severo sobre las reformas legales aplicables al Tribunal Superior de Justicia, votadas el martes pasado en el Congreso estatal, lo escuché de un expresidente del Pleno. Lapidario dijo: “El Poder Judicial desapareció en Chihuahua”. Enérgica sentencia, cancela una de las tres instituciones sobre las cuales descansa la vigencia del Estado.
Tras la expresión del jurista enfadado por el rumbo que toma la Justicia local, prevalece una historia de abusos, traiciones, afanes de impunidad, ambiciones, venganzas que, si no desaparecen, restringen el ejercicio de la justicia para los chihuahuenses y complican la gobernabilidad de la institución.
En menos de dos años ha resistido los vaivenes de cuatro presidentes, dos reformas a su Ley Orgánica, el cambio de la mitad de sus magistrados, creación y desaparición de salas e infinidad de recursos legales, controversias constitucionales y juicios de amparo, entre sus integrantes.
Durante los dieciocho años de los gobiernos de Baeza, Barrio y Patricio, sólo hubo tres presidentes del Tribunal: Marco Antonio Mendoza, Augusto Martínez Gil y Pablo Zapata. En los últimos dos años van cuatro, tres de los cuales han sido reventados a la mala: Vázquez Quintero, José Miguel Salcido y Gabriel Sepúlveda.
Y Julio César Jiménez Castro, que debería salir antes de que concluya el presente año, en acato a la ley, la misma que abrió espacio a la oxigenación personalizada en los trece veteranos que salieron forzados, recibe una dispensa en la reforma legal del martes pasado, extendiendo su mandato dos años y medio más, en un artículo transitorio de sastrería, es decir hecho a su medida. Jiménez Castro ingresó a los presidentes que han pateado la ley, adosando su nombre a la lista de abyectos.
Si la inestabilidad en la dirección ejecutiva de cualquier institución es sinónimo de su decadencia, como sostienen acreditados estudiosos del Estado de Derecho, el Tribunal Superior de Justicia en Chihuahua vive su etapa terminal.
Duarte lo tomó por dependencia del Ejecutivo y moldeó a su antojo buscando la impunidad negada en las elecciones, con la derrota de Enrique Serrano; Corral lo ve como grotesca manipulación de su antecesor y en lugar de restituir la independencia prometida, se monta sobre su estructura administrativa dejándolo a su servicio.
Los plebes que ofician en pasillos y áreas comunes del sistema judicial motejaron a Ramírez Benítez, primer presidente de la era Duarte, “el magistrado edecán”, por su conducta obsequiosa al Ejecutivo. Era de facto por convicción propia un elemento decorativo en todo presídium al que asistía el gobernador, también por eso lo llamaban “florero”.
Con la última reforma legal Julio César Jiménez Castro, actual presidente, es de hecho y derecho presidente simbólico. Las facultades que recibió el Consejo de la Judicatura lo dejan por encima del Pleno y por definición la Secretaría Ejecutiva será la figura dominante en ese Consejo, con independencia de su relación personal con el gobernador Corral, que convierte a Norma Angélica Godínez en la mujer más poderosa de la Justicia en Chihuahua, sin ser magistrado y mucho menos presidenta.
Duarte cambió a medio Pleno y movió a cuanto presidente le vino en gana, buscando inmunidad transexenal; Corral sometió legalmente al presidente y se puso por encima del Pleno, abriendo espacios para sancionar a magistrados y jueces. La determinación que pone asoma un dejo de venganza.
Además de transitar tambaleante por una presidencia inestable y sin fuerza, el Poder Judicial quedó avasallado por el gobernador que prometió restituir su arrebatada independencia, mientras arrastra las arbitrariedades del pasado.
Ahora cualquier juez o magistrado puede ser sujeto de amonestación y eventualmente separado del cargo. Las facultades inconstitucionales con que dotaron al Consejo, era el plan B del Ejecutivo para relevar del cargo a los magistrados duartistas que le son incómodos.
Difícil que vayan por los trece, pienso que ni siquiera se atreverían contra los cinco duartistas y los dos compromisos políticos. Pero varios de ellos –los nombres elegidos en el despacho del gobernador- sufrirán el acoso del Consejo perder la sala que recibieron de regalo. La reoxigenacion en acción, dan menos de tres meses para someterlos a juicio.
Apoyado en tan sólo una reforma legal aprobada de un día para otro con desconocimiento de magistrados y diputados, clásico albazo, un gobernador puso de rodillas al Poder Judicial. Manifestación obvia de su debilidad como institución, no mostró la menor resistencia, menos presentar batalla en defensa de su soberanía. Hoy nadie en ese Pleno refiere el concepto, por lo mismo ninguno está seguro.
Quizás los gobernantes se vean a sí mismos fortalecidos sometiendo a las instituciones, ciertamente les otorga poder temporal. En el fondo contribuyen al aceleramiento de un régimen decadente y caduco que solo es sostenido merced a la indiferencia de una sociedad ajena a los problemas nacionales, cuyo mayor interés es llegar a fin de la quincena, y a ciertas instituciones provistas de mediana credibilidad que detienen su colapso.
La cancelación de la Justicia en Chihuahua es otro de muchos ejemplos de un sistema caduco, agotado a causa de su clase política mezquina y corrupta que, ocupada en construir fortunas alucinantes, olvidó su tarea de gobernar en beneficio del ciudadano común.
Las manifestaciones decadentes están expresadas en la impotencia o complicidad del gobierno para contener a los huachicoleros. En ningún otro país del mundo, salvo Nigeria, roban más combustible de los ductos que en México; Anchas franjas de territorio nacional, corredores completos, dominados por el crimen organizado donde los cuerpos de seguridad tienen prohibido ingresar; grupos de presión que paralizan durante semanas estados como Oaxaca y Chiapas, sin que la autoridad los reprenda o libere las vías de comunicación que ahorcan a las comunidades; Es flagrante la violación a todas las leyes electorales restrictivas en el Estado de México y el IFE encantado por la tranquilidad electoral. Sabe que no puede regular la elección.
Queda también expuesta en el debilitamiento de otra institución tan importante como la PGR y con ella las procuradurías o fiscalías estatales. la PRG hace su mejor investigación en décadas –Ayotzinapa- y su titular se ve obligado a renunciar por presiones políticas y sociales; decenas de presidentes municipales, gobernadores, funcionarios públicos sorprendidos en actos de corrupción sin que les abran –a menos que reciban ordenes de Los Pinos- una carpeta de investigación. Los señores gozan de plena impunidad; el 99 por ciento de los homicidios quedan sin resolver; policías que trabajan para criminales mientras el Sistema de Seguridad busca personal acreditado digno de confianza, fingiendo que depura los cuerpos. Su impotencia hace imposible que el Ejército salga de las calles.
Desde hace años presenciamos ese debilitamiento progresivo de las instituciones, en especial de las que más deberían contribuir a un Estado de Derecho: las de seguridad, justicia y legislativas.
Mientras sufren la constante erosión, la agenda de los gobernantes está dominada por las coyunturas electorales, hoy las elecciones del presente domingo y los futurismos hacia el 2018. No advierten la fragilidad del sistema, su precaria estabilidad, cuyo andamiaje cada vez tiene mayores dificultades para mantenerlo de pié.
Es trágico ver las mayores instituciones el punto del colapso, al Poder Ejecutivo corrompido y parcialmente inoperante. No obstante hay esperanza, en este escenario decadente refresca saber que otras instituciones siguen en pie y fuertes.
El Banco de México y la Secretaría de Hacienda han mantenido la estabilidad económica, a pesar de las fuertes presiones internacionales y la voracidad agiotista de la banca nacional; el Ejército y la Marina, por más cuestionamientos que reciben de su actuar contra el crimen y desapego a los derechos humanos, siguen siendo un factor de estabilidad nacional; las Universidad Púbicas hacen investigación y desarrollan su actividad académica en paz y. A diferencia de otros países, las iglesia mantiene el oficio dominical sin participar activamente en política.
No todo está podrido, existen razones para el optimismo, esa entelequia que nos hace mirar confiados al futuro, aunque el presente nos agobie. Pero retirando tantas varas de los andamios institucionales, el hartazgo social pronto precipitará el colapso. Entonces los que hoy juegan a ser gobernantes todo poderosos, sentirán el desprecio de la gente y no podrán hacer nada para mitigarlo.
Vean a Duarte, dispuso del todo el poder, en todo momento, en todo el territorio estatal y hoy su mayor preocupación es mantener la libertad y conservar su fortuna. Los cargos son temporales, no para siempre.
