En su proceso de consolidar un régimen autoritario de partido único, Morena mantiene la ofensiva contra instituciones del país que daban poder al ciudadano frente al Estado. Ha sido una devastación acelerada que pretenden cerrar con la Reforma Electoral presentada hoy por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Estratégicamente podrán volver a la guerra de Calderón contra organizaciones criminales y ceder soberanía frente a los Estados Unidos, pero en la parte de restaurar el partido de Estado no se han movido ni un milímetro. Ahí su voluntad autoritaria es plena, no ceden ni dialogan.
En todos los sentidos la iniciativa de Shienbaum, ¿o de López Obrador?, es la confirmación absoluta de su vocación autoritaria; invocan austeridad para debilitar a los órganos electorales y partidos políticos, consolidar la “desciudadanización” del proceso electoral, ganan tiempo valioso para el fraude eliminando el PREP y diseñan un bodrio que les permita garantizar mayorías calificadas con la nueva asignación de diputados federales y senadores. Son autores de una Ley Electoral que, por primera vez desde que iniciamos el camino democrático en los noventas, será votada únicamente por el partido dominante y, asegúrelo, sus aliados en la destrucción nacional.
¿Que valor tienen las reglas de un juego si uno de los equipos impone al árbitro, se apropia del boletaje y acomoda las reglas del juego a su beneficio negando voz a los representantes del equipo adversario? Es precisamente lo que pretende aprobar Morena, asegurar triunfos electorales en razón de la ley y la fuerza del Estado. Complica por sistema la participación ciudadana en cada paso del proceso electoral.
Toda Ley Electoral que se tenga por democrática y comprometida con la sociedad debe garantizar certeza, equidad y legalidad en los procesos que regula, con la premisa básica de un ciudadano un voto, origen de la voluntad popular. Ese principio lo rompió Morena
antes de la Iniciativa, dos ejemplos de la regresión autoritaria son incuestionables: la burda sobrerrepresentación con la que se asignaron una mayoría calificada en el Poder Legislativo no ganada en las urnas y la legalización del mayor fraude en la historia nacional; los acordeones de la elección judicial. Al árbitro ya lo tenía secuestrado y qué propuso en la Iniciativa: Restarles presupuesto para debilitarlo todavía más. No les gusta depender de los consejeros, necesitan al INE y Trife sometidos por ley, en este caso una ley que complica su funcionalidad.
Igual remedio para los Partidos Políticos, cuando eran oposición reclamaban equidad en el financiamiento, alegando que el viejo partido hegemónico recibía más. Hoy que son gobierno reducen el financiamiento a los partidos con la certeza de que el suyo recibirá la mayor cantidad de dinero público para hacer campaña y, abuso extremo, es único beneficiario de los programas electorales del gobierno, dotados con un billón de pesos anuales. Volvemos a lo mismo, no les basta verlos perdidos y limitados en sus recursos, quieren ahogarlos con tal de que mañana no puedan competir en circunstancias equitativas. Eliminan riesgos de competitividad y ganan tiempo para desfondarlos, sueño de todo régimen autoritario; monopolizar la vía de acceso al poder.
En un ejercicio de buena voluntad soñadora, pongamos que castigan a organismos y partidos pensando sinceramente en ahorrar. Si damos por buena su versión, entonces porqué no hablan de fortalecer la ciudadanización del sistema electoral, garantizando que la cadena democrática, desde la impresión de las boletas hasta el conteo final, esté manejada y supervisada estrictamente por ciudadanos. De esa parte no han hablado y es la más sensible, el corazón de la democracia. Ninguna propuesta para sacar de las casillas y del proceso en general a funcionarios muy menores del INE y dejar que los ciudadanos cumplan con su tarea. Y no digan que ya está, en las últimas elecciones son los empleados, no los ciudadanos, quien manda en las casillas. La ciudadanización fue el mayor logro, en los hechos lo han destruido y en la iniciativa no proponen ninguna medida para corregirlo.
Otro retroceso con el estribillo de ahorrar es la eliminación del PREP. Encontrar una fórmula para dar agilidad al resultado la misma noche de la elección fue una tarea titánica de muchos mexicanos comprometidos con la democracia, el espacio entre la elección y el conteo legal se prestaba a pervertir resultados. Hoy simplemente decidieron eliminarlo porque sale muy caro. En el fondo, su propósito es abrir un espacio para manipular la voluntad popular, por que la certeza democrática no tiene precio, menos en un país donde la historia electoral es la historia de chanchullos depurados, como el nuestro.
La zanahoria de ahorrar en regidores, diputados locales, federales y senadores está muy bien, hay dispendios. Pero en ninguna parte de la Iniciativa establecieron topes máximos para que ningún partido, por ejemplo, pueda tener más del cincuenta por ciento más uno de los votos en las cámaras y congresos legislativos. Ese sería un verdadero reconocimiento a las minorías, tomarlas en cuenta cuando se trata de reformar la Constitución. Tal facultad se la sigue arrogando el partido de Estado, garantizando en las nuevas reglas de acceso a la Cámara de Diputados y Senadores mayorías calificadas. Verán cuando acaben de leer la letra chiquita.
Nunca sabremos si era más radical la propuesta de Pablo Gómez, un antidemocrático que durante décadas ha parasitado al sistema electoral mexicano yendo de senador a diputado una tras otra. No sepultaron el sistema electoral construido con tanto esfuerzo por los mexicanos libres, pero con lo que hicieron está condenado a morir por inanición, víctima de zopilotes carroñeros que tienen la desfachatez de llamarse demócratas. Con todo hay esperanza, tema de que hablaré mañana.
