Chihuahua, Chih.- En el foro convocado por legisladores de oposición en el Congreso del Estado, efectuado la semana pasada, las posturas quedaron claras.
Los agricultores perciben la reforma no como solución técnica, sino como herramienta de centralización.
Advierten agricultores que no es una herramienta técnica, sino mecanismo de centralización y control político que atenta contra el patrimonio y la seguridad jurídica de los productores.
Alexa Jiménez, integrante de Agricultores Unidos de Chihuahua, expresó ahí que la iniciativa busca quitar concesiones y derechos de manera arbitraria.
Además que centraliza el uso, poder y administración del agua, exponiendo a los usuarios al autoritarismo y al mal funcionamiento en trámites, no transparenta el uso del recurso, criminaliza al agricultor y prohíbe la transmisión y cambio de titularidad de derechos.
La ley pone en riesgo la seguridad alimentaria nacional y quita valor a la tierra al retirarle el recurso hídrico.
“Preocupa que la nueva ley en lugar de resolver estos casos, acuse a los productores de estar en la irregularidad»
Cornelio Reimer, Productor
El productor Cornelio Reimer, manifestó gran preocupación por la incertidumbre y los rezagos de años en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde solicitudes de prórrogas o cambios de título no son resueltos, a pesar del plazo legal de 60 días.
Le preocupa que la nueva ley en lugar de resolver estos casos, acuse a los productores de estar en la irregularidad, con una centralización que generará un aumento de la corrupción y frenará la inversión en el campo.
El ejidatario Jorge Robles consideró la iniciativa como un “capricho” que data de 2020 y es retomada en un momento crítico por el Tratado de Aguas Internacionales.
Argumentó que la prohibición de la transmisión de derechos (Art. 22) afecta a los ejidatarios y pequeños propietarios, quienes rentan su tierra para sostener la economía agroalimentaria.
Criticó que la ley condiciona la tecnificación: si hay ahorro de agua, este pasaría al “banco de agua del gobierno” en lugar de quedarse en presas para uso futuro sin reducir la concesión en papel.
Denunció que el propuesto Registro Nacional de Agua no será público y que no ofrece certeza.
Asimismo, alertó que el Artículo 118 modificaría la ley para dar facultades a Conagua de otorgar permisos para construir presas de jales mineros cerca de cuerpos de agua, algo que la ley actual no permite.
La académica e investigadora Yasmín Rivera señaló que las prórrogas de los títulos de concesión se basarían en la nueva figura de asignación, sin certeza de que puedan prorrogarse y revisarían la disponibilidad de acuíferos, a pesar de que el volumen ya está contabilizado en el Registro Público de Derechos de Agua.
“La iniciativa es un “capricho” que data de 2020 y es retomada en un momento crítico por el Tratado de Aguas Internacionales»
Jorge Robles, Ejidatario
Denunció que las cuotas energéticas (PEGUAS) son negadas por SADER si el productor tiene trámites inconclusos en Conagua debido a la falta de personal, lo que impide seguir produciendo. Confirmó que la exposición de motivos de la ley señala muy claramente que busca concluir el régimen de las transmisiones de derechos.
Participaron en el foro los legisladores federales Antonio Meléndez, Mario Vázquez, María Angélica Granados Tres Palacios, Carmen Rocío González, y los diputados locales Francisco Sánchez (Movimiento Ciudadano), Arturo Medina (PRI) y Alfredo Chávez (PAN).
“Las prórrogas de los títulos de concesión se basarían en la nueva figura de asignación, sin certeza de que puedan prorrogarse»
Yasmín Rivera, Académica e investigadora
LOS TRANSITORIOS
El extenso dictamen de reforma a la Ley de Aguas Nacionales publicado en la gaceta de la Cámara de Diputados el 9 de octubre y subido al pleno para ser turnado a Comisión, avala la constitucionalidad de la reforma y la técnica legislativa.
En su página última del comparativo de la actual Ley vigente con la propuesta de reforma, agrega seis transitorios.
La entrada en vigor al día siguiente de su aprobación, la derogación de las disposiciones que se opongan al decreto, la no ampliación presupuestal, y la expedición del reglamento en 180 días.
Los transitorios quinto y sexto son los que llamaron la atención y son candados para evitar cualquier interpretación contraria.
“QUINTO. En tanto no se emita la normativa señalada en el artículo transitorio anterior, se seguirán aplicando las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del presente Decreto, siempre que no se opongan a los principios y directrices de éste”.
“SEXTO. Los títulos de concesión, asignación y permisos que se encuentren sujetos a la resolución de algún trámite ante la Comisión Nacional del Agua al momento de la publicación del presente Decreto, se resolverán en términos de la normatividad vigente con anterioridad a la entrada en vigor de éste, siempre que no se opongan a sus principios y directrices”.
Los transitorios blindan, si o sí, la entrada en vigor inmediata de la nueva Ley de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, para lo cual basta la mayoría simple (251 diputados y 65 senadores) que incluso Morena tiene sin necesidad de echar mano de sus aliados, salvo en el Senado, donde le faltan ‘Elimina valor a la tierra al retirarle el recurso hídrico’ diez que bien le pueden proporcionar PT y Verde.
