Alfredo Piñera Guevara.- Lo más grave que nos sucedió a los chihuahuenses en el sexenio pasado no fue lo que César DJ y su pandilla se robaron; ni el endeudamiento del estado; ni la omisión frente al empoderamiento del crimen organizado; ni el derroche de recursos públicos; ni el cinismo en el ejercicio de servicio público; ni siquiera la pésima obra pública. Lo más delicado que nos sucedió fue la normalización de la corrupción, la trivialización de los actos delictivos y la institucionalización de conductas inmorales para lucrar con el poder público.
Es entonces que el combate a la corrupción sólo será una medida paliativa (quizá justiciera que desahogue un poco la frustración ciudadana frente el descrédito de los políticos), mientras no se instaure un programa intensivo de regeneración de la cultura política, de la conducta torcida a la que se adaptó poco a poco el “círculo rojo” (como le llaman a los políticos) y la sociedad, para reencaminarla por el camino de la legalidad y la legitimidad. Mientras no se busque un pacto de reconciliación y de reconsideración a las políticas públicas entre la autoridad y las diversas formas de organización social, la costumbre de la extorsión, la componenda y la negociación inmoral seguirá subsistiendo en el consciente ciudadano.
A todos contaminó por igual la forma de hacer política de César DJ y su equipo. A las organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, empresarios, profesionistas, comunicadores, actores partidistas y servidores públicos de otras entidades de gobierno. Casi nadie se salvó de verse enredado en las corruptelas del mandatario estatal. Incluso, los que se mantuvieron incólumes, ahora también cargan con el peso de la duda y la especulación.
Se convirtió en normalidad transar servicios y obras públicas a cambio de comisiones o favores. Se acostumbró a negociar abiertamente, con toda naturalidad, contratos y convenios bajo compromiso de lealtad o sumisión y no fueron pocos quienes no tuvieron empacho en ceder el crédito y prestigio de sus propias empresas a cambio de los beneficios del poder.
A esa conclusión me llevó la declaración, tan cínica como natural, del ex diputado local Fernando Reyes Ramírez, quien más por estrategia legal de su defensa que por arrepentimiento, confesó abiertamente que frente a un serio problema financiero personal, acudió al ex gobernador de Chihuahua para obtener 2.4 millones de pesos a cambio de nada, sólo por emitir su voto a favor del gobernador, según asegura la fiscalía. Mayor desfachatez y cinismo no se había visto en Chihuahua, ¿o sí?
Lo más grave de todo es que para la sociedad, el caso particular de Reyes Ramírez no parece ser la excepción, sino la regla que a todos mide, a un gran número de personajes políticos que se beneficiaron por igual, cada quien con su modus operandi, de la corrupción y la componenda institucional.
¿Cómo vamos los chihuahuenses a confiar una vez más en cualquier político, si en esta cultura de degradación ética no hubo distinciones de color partidista, corriente ideológica, origen o personalidad? Claro, por supuesto habrá muchos que protestarán asegurando que jamás se involucraron en esa absurda corrupción. Aun cuando esto fuera cierto ¿usted les cree? Ese es el problema.
Tenemos que recomponer a nuestra sociedad. Debemos encontrar la manera de remodelar los patrones de conducta que la administración gubernamental anterior poco a poco le inculcó a muchos líderes de nuestra sociedad. Necesitamos además revalorar y legitimar cada una de las decisiones y acciones de nuestros gobernantes, aunque sea por el bien de nuestros hijos.
Si no lo hacemos así, estaremos fritos, con la cárcel llena de políticos corruptos.
