Ciudad Juárez, Chih.- Más herramientas para reinserción social, más espacios para personas privadas de la libertad, revisiones constantes a las celdas que llevó al decomiso de objetos prohibidos en los penales y la presunción de gobernabilidad es el balance que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ofrece a tres años del motín, la masacre y la fuga de 26 reos del 1 de enero de 2023.
En contraste, la investigación por los delitos de secuestro, homicidio, intento de homicidio y evasión por dicho evento, perpetrado por integrantes del grupo criminal “Mexicles”, envejece sin resultados: un juez local confirmó el sobreseimiento de la causa penal abierta al respecto, la SSPE no ha informado de la suspensión o expulsión de elementos relacionados directamente con el hecho, y la investigación que llevaban agentes en Juárez al respecto fue enviada a la capital por órdenes del fiscal general, César Jáuregui.
De acuerdo con Manuel Salas, titular del Ministerio Público estatal en esta frontera, la carpeta de investigación fue trasladada a la Fiscalía Especializada en Control Análisis y Evaluación, con sede en la capital del estado.
“Esa carpeta no está en Juárez»
Por instrucciones del fiscal general César Jáuregui está en la ciudad de Chihuahua y creo que se la encomendó él al licenciado David Flores Carrete, director general de asuntos internos. No tengo ninguna información de esas carpetas”, dijo el pasado sábado 27 de diciembre Salas.
“Se inició una carpeta aquí (…) y por la trascendencia, por instrucciones del fiscal general la llevaron a Chihuahua, todo el expediente”, insistió. Flores Carrete, fiscal Especializado en Control, Análisis y Evaluación, por separado, no respondió llamadas ni mensajes de este medio.
La madrugada del 1 de enero de 2023, 26 reos encabezados por Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto” (líder “mexicle”), evadieron su estancia en prisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, donde minutos antes habían organizado una fiesta con armas de fuego, drogas y alcohol. Durante el evento, hicieron de equipo táctico para perpetrar el ataque que dejó a 10 custodios y siete reos asesinatos, y a otros más lesionados.
Entonces, los penales estatales estaban a cargo de la Fiscalía General del Estado, que el 31 de enero pasó a ser de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Por la evasión sólo imputaron a Braulio Raúl Ornelas Contreras, operador financiero de los Mexicles, pero fue asesinado en noviembre de 2024 en un penal federal, y fue hasta abril de 2025 que informaron públicamente, no por la Fiscalía, sino por el Tribunal Superior de Justicia, que la causa penal 523/2023 había sido sobreseída, ya que no había acusado al que perseguir. La FGE argumentó que se trataba de un sobreseimiento parcial, pero a la fecha no ha habido más imputados, pese a que sólo dos de los 26 reos evadidos continúan en libertad y el resto fueron abatidos por agentes del orden, asesinados por otros grupos criminales, o recapturados.
