Chihuahua, Chih.- El fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, afirmó que existen otras carpetas de investigación en las que aparece el nombre del exgobernador Javier Corral Jurado, mismas que aún no han sido judicializadas, al precisar que la dependencia sólo procede cuando cuentan con todos los elementos probatorios que exige la ley; sin embargo, anticipó que pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) no atraer el caso autorizado por un tribunal.
En entrevista, el fiscal sostuvo que es absolutamente irregular la forma en que la federación ha intentado llevar una de las carpetas de investigación, al tratarse de un expediente que está suspendido y cuya atracción fue a partir de una audiencia que calificó como furtiva entre un agente del Ministerio Público Federal y un juez federal.
Explicó que lo resuelto recientemente corresponde únicamente a un conflicto competencial, derivado de esa audiencia, el cual fue planteado por un juez de Control local y resuelto por un Tribunal Colegiado que determinó turnar el asunto a un juez penal federal.
“Lo que buscan es desviar la atención del fondo del asunto, que es la presunta desviación de 98.6 millones de pesos” Abelardo Valenzuela Fiscal Anticorrupción
No obstante, subrayó que es una situación inédita, ya que la carpeta permanece suspendida y uno de los imputados cuenta con inmunidad constitucional, lo que impide el ejercicio de la acción penal.
Valenzuela cuestionó el objetivo de atraer una carpeta en esas condiciones y sostuvo que lo que buscan es desviar la atención del fondo del asunto, que es la presunta disposición y desviación de 98.6 millones de pesos del erario estatal, entregados a un particular por trabajos que nunca fueron acreditados.
Detalló que el despacho beneficiado fue requerido durante tres años por la Auditoría Superior del Estado (ASE) para comprobar los servicios contratados, sin que presentara evidencia alguna. Posteriormente, tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción, tampoco acreditó trabajo alguno y la estrategia legal fue limitada a la promoción de amparos.
Señaló que estos fueron solicitados por los tres imputados, luego de que un juez local librara órdenes de aprehensión, mismos que han sido resueltos en su mayoría en contra, confirmando jueces federales la competencia de las autoridades estatales para conocer del caso.
El fiscal precisó que es un delito tipificado en el artículo 170 del Código Penal del Estado de Chihuahua, relacionado con hechos de corrupción, y aclaró que los recursos utilizados provienen de participaciones federales de libre disposición, por lo que tienen el carácter de recursos estatales, descartando que sean aportaciones federales.
Afirmó que pretenden generar confusión jurídica para beneficiar a uno de los imputados, lo cual calificó como inédito.
Añadió que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) continuará agotando todas las instancias legales disponibles, incluido el recurso de reclamación, y aclaró que hasta el momento no han sido notificados formalmente del engrose de la resolución del conflicto competencial.
Indicó que lo único que han difundido son versiones parciales a través de medios y redes sociales por parte de algunos imputados, y dijo no tener antecedente de que alguien celebre el traslado de un caso de la jurisdicción local a la federal, al considerar que ello refleja una expectativa de impunidad.
Respecto a las demás investigaciones, Valenzuela confirmó que hay varias carpetas en integración en las que aparece el nombre del exmandatario estatal, derivadas tanto de investigaciones del Ministerio Público como de denuncias presentadas por exintegrantes del gabinete del quinquenio anterior.
Sin embargo, evitó precisar el número de expedientes para no vulnerar el debido proceso ni la presunción de inocencia.
Finalmente, rechazó el criterio de que una mínima aportación de recursos federales sea suficiente para que la federación atraiga el caso, al señalar que dicha interpretación rompe con el pacto federal y vulnera la autonomía de las entidades, y advirtió que de concretarse esa atracción sentaría un precedente negativo para la vida institucional y jurídica del Estado.
LA SOLICITUD A LA FGR
Valenzuela comentó que presentarán la solicitud para que la Fiscalía General de la República se abstenga de atraer la investigación en curso y agregó que existen otros temas en los que podría actuar la instancia federal.
Dijo que confían en que la FGR se desista de tomar el asunto y que, en dado caso que fuera turnado a una instancia federal, debería ser la Fiscalía Federal Especializada en la misma materia.
Apuntó que aún existen recursos legales que serán utilizados, ya que el objetivo es que sea a través de las instancias judiciales que logren mantener la carpeta de investigación.
Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, mencionó que este tema debe ser resuelto por la vía jurídica, porque la autoridad estatal tiene los recursos para mantener el proceso bajo su autoridad.
Al respecto el líder priista dijo que la FGR puede declinar la competencia, ya que el turnar el asunto a la instancia federal es una petición que hizo la defensa del exgobernador.
