Bogotá, Colombia.- Aida Quilcué, líder indígena y senadora colombiana, dijo que conducía por una zona rural del suroeste de Colombia con su equipo de seguridad cuando una media decena de hombres armados vestidos de camuflaje los detuvo junto a una curva de la carretera.
Los hombres, con los rostros cubiertos por pañuelos, le ordenaron que guardara silencio. La escoltaron hasta un matorral y obligaron a Quilcué y a sus dos guardaespaldas a arrodillarse, con las armas apuntándoles a la espalda, dijo en una entrevista.
La noticia de su desaparición el mes pasado saltó a las altas esferas del gobierno colombiano después de que unos transeúntes descubrieran su camioneta abandonada, lo que llevó al ministro de Defensa a anunciar su búsqueda. Tras retenerla durante varias horas, dijo, los hombres huyeron y Quilcué quedó libre.
“Yo he tenido muchos miedos, muchas situaciones difíciles, pero esta vez sentí mucho el peligro de que nos asesinaran”, dijo Quilcué, conocida activista indígena cuyo esposo fue asesinado en la misma región en 2008. “Yo simplemente le pedí a Dios y a los espíritus que pudiera salir de ahí”.
Su relato es el más reciente de una serie de episodios violentos dirigidos contra candidatos políticos que ha conmocionado al país sudamericano y ha dejado en vilo a los colombianos, que este domingo acuden a las urnas para las elecciones al Congreso.
En el periodo previo a la votación se ha producido un repunte de homicidios, secuestros y amenazas de muerte contra políticos y activistas de partidos que ha hecho saltar las alarmas entre los observadores electorales y los partidos políticos.
Los expertos dijeron que el actual ciclo de violencia política es el más grave desde el histórico acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que pretendía poner fin a un brutal conflicto interno de décadas de duración. El desarme de las FARC dejó un vacío de poder ocupado por otros grupos que compiten por la tierra, el dinero y el control de las rutas de la droga.
Desde el año pasado, las Naciones Unidas han registrado 32 homicidios y más de 120 amenazas y atentados contra dirigentes políticos en Colombia. La Misión de Observación Electoral ha emitido alertas para 185 municipios, aproximadamente el 16 por ciento de los municipios de Colombia, donde dijo que el riesgo de “fraude electoral y violencia” era alarmante.
La violencia se ha concentrado en zonas rurales del país, donde los grupos armados han sido acusados de forzar a los residentes a votar por sus candidatos preferidos y de tomar represalias contra políticos que consideran una amenaza para sus intereses, como el narcotráfico y la minería ilegal.
Los problemas de seguridad suponen una prueba clave para las autoridades colombianas y su capacidad para salvaguardar las elecciones antes de la crucial votación presidencial de mayo para sustituir a Gustavo Petro, presidente de izquierda del país, quien no puede postularse a otro mandato.
La reciente violencia se produce en un momento en el que el gobierno colombiano ha suspendido las conversaciones de paz con otros grupos armados y ha prometido perseguir enérgicamente a los narcotraficantes en medio de la presión de Estados Unidos.
Colombia sigue conmocionada por el asesinato el verano pasado de Miguel Uribe, aspirante a la presidencia y nieto de un expresidente, quien fue tiroteado durante un mitin en Bogotá, la capital del país. Su asesinato conmocionó a los colombianos, quienes creían haber superado una época en la que los insurgentes armados y los cárteles de la droga asesinaban y secuestraban habitualmente a políticos y otras figuras de alto nivel.
“Su asesinato cambió completamente el ambiente”, dijo Alejandra Barrios Cabrera, directora de la Misión de Observación Electoral, el principal organismo de vigilancia electoral del país.
El gobierno colombiano se ha apresurado a tranquilizar a los 41 millones de votantes del país, que se preparan para elegir un nuevo Senado y una nueva Cámara de Representantes, con más de 300 escaños en las boletas de votación. Los colombianos también celebrarán primarias para decidir quién representará a tres coaliciones en las elecciones presidenciales de mayo.
El ministro de Defensa del país dijo que el ejército movilizará a casi 250.000 soldados para proteger miles de centros de votación, por remotos que fueran. El gobierno ha difundido videos de soldados armados con equipo antidisturbios que serán desplegados en las urnas.
Algunos de los mayores grupos armados del país, como el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, y el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido comúnmente como El Clan del Golfo, declararon recientemente un alto al fuego. Prometieron dejar que los colombianos votaran “en libertad”. Pero los grupos más pequeños y fragmentados no han seguido su ejemplo.
Freedom House, organización sin fines de lucro que promueve la democracia y la libertad, sitúa a Colombia en la mitad del pelotón entre los países latinoamericanos en cuanto a libertades civiles y libertad política, y destaca su capacidad para celebrar elecciones consideradas en gran medida libres y justas.
Pero los expertos también han advertido de un reciente retroceso del Estado de derecho bajo la presión de grupos armados que han obstaculizado la participación en zonas donde proliferan la minería ilegal, los cultivos de cocaína y el tráfico de drogas.
Esas preocupaciones se intensificaron en los días previos a las elecciones del domingo, ya que los colombianos se han visto inundados por informes casi diarios de agresiones dirigidas contra candidatos.
En Arauca, remota región fronteriza con Venezuela, los dos guardaespaldas de un senador fueron tiroteados mortalmente el mes pasado por el ELN, el mayor grupo insurgente de Colombia, según las autoridades colombianas.
Y hace pocos días, el miércoles, María Bolívar Maury, candidata a la Cámara de Representantes, hizo público un video en el que decía que unos atacantes en motocicleta habían disparado contra su coche mientras ella conducía en Córdoba, en el norte de Colombia.
“Tres disparos impactaron el vehículo”, dice en el video. “Tres intentos de callar una voz”.
El ministro del Interior de Petro hizo pública la imagen del todoterreno acribillado a balazos en el que viajaba la candidata cuando fue atacada y se comprometió a investigar el incidente.
Algunos políticos se han acusado pública y mutuamente de fabricar amenazas para ganar la simpatía de los votantes.
Quilcué, la senadora y líder indígena, dijo que no estaba segura de si los hombres armados que la detuvieron se habían dado cuenta de quién era.
Las autoridades colombianas dijeron que estaban investigando el episodio, que, según dijeron, ocurrió en una zona controlada por un grupo disidente de las FARC.
Muchos miembros de comunidades indígenas viven en las regiones menos pobladas y rurales de Colombia y llevan mucho tiempo sufriendo la violencia de grupos armados que pretenden influir en su voto y que, según los expertos, vigilan y restringen sus movimientos mediante puntos de control y bloqueos.
Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que los residentes en esas regiones “viven en un clima de miedo en el que no pueden hablar y expresar sus opiniones o puntos de vista políticos sin temor a sufrir graves represalias”.
“Si en esa zona asesinan a un dirigente político de izquierda o de derecha, la población interpretará, sin mucha dificultad, que es a quien no deben apoyar”, añadió.
Al aumentar sus filas, los grupos armados se han envalentonado. Algunos han prohibido a determinados candidatos la entrada en sus territorios.
“Es intolerable que en tantos lugares del país hacer campaña con tranquilidad siga siendo una excepción”, dijo Lidio García, presidente del Senado de Colombia.
A pesar de la violencia, los observadores electorales expresaron su confianza en el sistema electoral del país, destacando el largo historial de Colombia de celebración de elecciones prácticamente libres durante periodos de mayor conflicto violento.
“Esto, si de algo nos habla, es de la resiliencia de la democracia colombiana”, dijo José Antonio de Gabriel, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia.
