“¡Alguien tiene que decir la verdad!’’, respondía Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, a quienes le cuestionaban su arrojo para escribir sobre violaciones a derechos humanos, narcotráfico, política y feminicidios en el estado más grande de México, territorialmente hablando.
Su intrepidez la llevó a revelar en marzo de 2016 que la banda de Los Salazar, una de las facciones que integran el cártel de Sinaloa, había infiltrado las listas de candidatos del PRI y del PAN para las elecciones locales que se celebrarían tres meses más tarde.
Un año después, el 23 de marzo de 2017, integrantes de Los Salazar la asesinaron.
Hoy se cumplen nueve años del homicidio de la reportera de La Jornada y oficialmente, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), faltan por ser detenidos el autor intelectual, José Crispín Salazar Zamorano, El Tío Pin, y Wilbert Jasiel Vega Villa, uno de los autores materiales.
Desde que comenzaron las investigaciones, las pistas del homicidio llevaron a Chínipas –municipio del cual era originaria Miroslava–, tierra en la que opera El Tío Pin, líder de Los Salazar desde la detención de su hermano Adan, en 2011, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2023, donde cumple una condena de 15 años, la cual le fue dictada en octubre del año pasado.
Las indagatorias condujeron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que hasta el año pasado era dirigida por Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, a establecer que el panista Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien en 2017 se desempeñaba como alcalde de Chínipas, se involucró en acciones que derivaron en amenazas y el asesinato de la periodista.
Las pesquisas federales establecieron que Alberto Luévano Rodríguez, quien en marzo de 2017 era secretario general del PAN en Chihuahua –y después se convirtió en secretario particular de Javier Corral Jurado, entonces gobernador de esa entidad y actual senador de la República–, y Alfredo Piñera, quien se desempeñó como vocero del comité ejecutivo estatal del blanquiazul, colaboraron para que Schultz Alcaraz se comunicara vía telefónica y grabara a Miroslava Breach sobre el tema de las narcocandidaturas para la elección de 2016.
Sin embargo, el Ministerio Público Federal no imputó cargos al ex secretario general ni al ex vocero del PAN.
Schultz Alcaraz fue sentenciado en junio de 2021 a ocho años de prisión como partícipe del homicidio, ya que él entregó a José Crispín Salazar la grabación de la llamada telefónica que sostuvo con la corresponsal de La Jornada.
En 2024, el entonces fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo señaló: “en los juicios que hemos tenido, la teoría del caso ha demostrado fuerte participación de ese grupo delictivo y que fue la estructura criminal la que dio la instrucción de agredir a Miroslava. Eso está en las pruebas y hay muchos datos que lo sustentan. No se trata de un solo indicio ni es una circunstancia aislada, es una serie de pruebas que nos llevan a esa conclusión”.
El desarrollo de la indagatoria –que aún sigue abierta– refiere que fue José Crispín Salazar Zamorano quien ordenó el asesinato y que se perpetrara el 23 de marzo de 2017, día en que su hermano Adán, fundador del grupo criminal, cumplía años.
Desde la publicación de la infiltración de familiares de Los Salazar en las listas de candidatos a cargos de elección en 2016, Miroslava había disminuido las visitas a su tierra, ya que las amenazas se volvieron constantes, pero ella continuaba con su trabajo: “¡alguien tiene que decir la verdad!’’, expresaba.
A pesar de los mensajes intimidatorios, investigaba la perforación ilegal de pozos de agua y la compra de equipos de alta tecnología para riego en nueve municipios, como parte de una operación de lavado de dinero del narco.
El 23 de marzo de 2017, minutos antes de las 7 de la mañana, cuando la corresponsal de La Jornada se alistaba para llevar a su hijo menor a la escuela y sus homicidas cerraban su plan para privarla de la vida.
Mientras ella sacaba la camioneta del garaje de su casa, su hijo descendió del vehículo por algo que había olvidado. En la esquina de la avenida Río Aros y la calle José María Mata, ya estaba apostado un halcón.
A las 6:54, el vigía (Carlos Moreno Ochoa, El Larry, ya sentenciado a 50 años de prisión) alertó a los otros dos que viajaban en un Malibú gris.
Uno de ellos (Ramón Andrés Zavala Corral, quien fue ejecutado el 19 de diciembre de 2017 y su cadáver fue localizado en la comunidad de El Sombrerito, municipio de Álamos, Sonora), descendió del vehículo; vestía una gorra azul, playera blanca, encima una sudadera color verde y un pantalón negro.
Llevaba las manos metidas en las bolsas de la sudadera. En la derecha empuñaba la pistola calibre 9 milímetros.
Caminó 65 pasos de poniente a oriente sobre Río Aros. Llegó a la esquina de José María Mata. En la acera de enfrente, protegido por las ramas de un árbol, su cómplice le hizo señas y el sicario dio unos cuantos pasos.
Cuando vio que Miroslava continuaba con las maniobras para salir de su casa, él disminuyó la velocidad. Caminó en total 43 pasos. En esos momentos las grabaciones no registran a nadie más en la acera por la que avanzaba el asesino; no había ningún coche o camioneta en movimiento sobre la calle José María Mata.
El sicario quedó solo frente al vehículo. Disparó en ocho ocasiones.
Luego, el asesino enfiló hacia Río Aros, donde lo esperaba el Malibú que era conducido por Wilbert Jasiel Vega Villa, quien después se sabría que es sobrino de José Crispín Salazar Zamorano.
Ambos son considerados prófugos de la justicia, ya que existen órdenes de aprehensión en su contra por el homicidio de Miroslava Breach Velducea. Miros, como se le recuerda cariñosamente. A nueve años sigue habiendo impunidad para los principales involucrados en el crimen.
