Para la Fundación Konrad Adenauer y varias organizaciones de la sociedad civil, el voto teledirigido por los acordeones determinó en las pasadas elecciones judiciales entre el 75 y el 100 por ciento de las candidaturas federales y a nivel local en las 19 entidades donde fue renovado el Poder Judicial, con una participación bajísima del 13%, y un costo por candidatura en el estado de poco más de un millón de pesos, mientras que en la Ciudad de México fue de $3.3 millones y en el Estado de México de 10 millones de pesos.
El estado de Chihuahua asignó un presupuesto de 328 millones de pesos para su elección judicial local. Al dividir este monto entre los 305 cargos en disputa en el estado, cada candidatura electa tuvo un costo de un millón 075 mil 409.84 pesos.
En la capital del país, el costo por cargo fue de 3.3 millones de pesos, mientras que en el Estado de México alcanzó los $10.3 millones.
En el estudio publicado en febrero de este año, las organizaciones sociales destacan que México es el único país del mundo en someter a la totalidad de sus personas encargadas de impartir justicia a un proceso de elección popular.
Las organizaciones civiles, coordinadas por la fundación Konrad Adenauer, documentaron que el proceso estuvo marcado por la falta de reglas claras y la intervención de poderes políticos. Señalan que el fenómeno de los denominados “acordeones” fue determinante en el éxito de las candidaturas, con listados que indicaban a la ciudadanía por quién votar en cada una de las boletas.
El informe señala que «el éxito no dependió del conocimiento, la honorabilidad, la experiencia o el esfuerzo de campaña del candidato; el factor determinante fue la inclusión de su nombre en las listas de intercambio político».
De conformidad con el estudio denominado Elecciones 2025, un estudio crítico, la efectividad de estos instrumentos de inducción del voto fue alta.
A nivel nacional, la probabilidad de victoria para quien aparecía en un «acordeón» osciló entre el 75% y el 100%, por el contrario, para las candidaturas que no figuraban en estas guías, las posibilidades de ganar fueron calificadas como casi nulas.
“El éxito no dependió del conocimiento, la honorabilidad, la experiencia o el esfuerzo de campaña del candidato; el factor determinante fue la inclusión de su nombre en las listas de intercambio político»
Informe nacional, Fundación Konrad Adenauer México
En el estado de Chihuahua, la coincidencia entre los candidatos sugeridos en los «acordeones» y los ganadores fue del 80%, ya que de los cinco aspirantes a magistrados federales incluidos en esas listas para la entidad, cuatro obtuvieron el cargo.
El informe sostiene que «el voto popular fue sustituido por un instructivo electoral premeditado», con el cual el Poder Ejecutivo federal consolidó el control sobre la integración de los órganos de justicia.
Por ejemplo, destaca, el 100% de los ministros electos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron postulados por el Ejecutivo, ya sea de forma individual o en alianza con el Poder Legislativo. Ninguna persona postulada exclusivamente por el Poder Judicial logró un cargo en la Corte.
Este patrón de dominio se replicó en las judicaturas locales y federales de los estados. En Chihuahua, el 69% de los jueces federales electos fueron impulsados por el Poder Ejecutivo federal. Este porcentaje supera el promedio nacional, que se ubicó en un 59% para este tipo de cargos.
A nivel estatal, Chihuahua renovó el 100% de su judicatura local.
La integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) -indica el estudio- muestra perfiles vinculados al Gobierno estatal actual, con Francisco Javier Acosta Molina, electo presidente del Tribunal, es identificado como militante del PAN y exconsejero jurídico del estado.
Otras integrantes del TDJ de Chihuahua provienen directamente de la administración pública local, como Yadira Anette Gramer Quiñónez que se desempeñaba como consejera jurídica del Poder Ejecutivo estatal al momento de la elección y Nancy Josefina Escárcega Valenzuela que ocupó cargos de confianza en la Fiscalía y el sistema anticorrupción local, esposa del diputado por Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez.
El informe señala que el 100% de los nueve ministros electos fueron postulados por el Poder Ejecutivo controlado por Morena o por el Poder Legislativo donde el mismo partido tiene mayoría.
Hay en el documento señalamientos directos a ministras en funciones como Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, describiéndolas como personas conocidas por su «lealtad al Gobierno federal», su amistad con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus vínculos familiares con colaboradores cercanos de dicha administración.
Entre los nuevos ministros identifican a María Estela Ríos González, quien se desempeñaba como consejera Jurídica del Ejecutivo federal antes de la elección. Otros ganadores como Sara Irene Herrerías Guerra e Irving Espinosa Betanzo, también aparecen en la lista de candidaturas impulsadas por el Ejecutivo.
Dentro del estudio destacan además que el 21% de los votos emitidos para la elección judicial en el estado fueron nulos, una cifra que representa 362 mil 654 boletas desperdiciadas, un porcentaje que duplica el promedio nacional de votos nulos registrado para otros cargos judiciales.
Chihuahua fue la entidad con el mayor número de candidaturas que presentaron voluntariamente sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses («3de3»). Este comportamiento contrastó con el promedio nacional de transparencia, que fue del 1.43% para tribunales de circuito.
