Ciudad de México. Una juez de distrito desechó dos demandas de amparo del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, donde denunció presuntos actos de incomunicación, malos tratos y tortura psicológica en el penal del Altiplano.
El ex mandatario estatal presentó los recursos ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, contra el director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano.
En julio pasado, Ruffo Appel promovió ambos recursos y obtuvo una suspensión de plano en un amparo contra presuntos actos de incomunicación y tortura tras su detención.
En aquella ocasión, la juez Azucena Lazalde Íñiguez, pidió a Ruffo Appel que en plazo de tres días narrara los antecedentes de los actos reclamados, de lo contrario daría por no presentada la demanda de amparo.
Sin embargo, Ruffo Appel se reservó su derecho a declarar porque dijo que no había visto a sus abogados. Al respecto la togada argumentó que se tuvieron por hechas las manifestaciones del quejoso; pero dado que transcurrió el término de tres días otorgados y como no se pronuncióz desechó la demanda y la declaró por no presentada. Además dejó sin efecto la suspensión de plano.
«Se deja sin efectos la medida cautelar consistente en la suspensión de plano y de oficio decretada en auto de veintiocho de julio del año en curso; por tanto, hágase del conocimiento la presente determinación al Director del Centro Federal y de Reinserción Social Uno «Altiplano», en Almoloya de Juárez, Estado de México, para los efectos legales conducentes», señala el resolutivo de la impartidora de justicia.
Estos recursos forman parte de los cuatro amparos que ha promovido el abogado del ex gobernador de Baja California, entre ellos contra la negativa de un juez de control de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por domiciliaria.
Tramitó un tercer recurso en otro juzgado del estado de México, contra la omisión de las autoridades judiciales de analizar, debatir y resolver expresa, fundada e individualizadamente la aplicación del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, para que la prisión preventiva se ejecute fuera de un centro penitenciario, pues su defensa argumentó que Ruffo Appel tiene 74 años y presenta padecimientos que requieren tratamiento médico continuo.
Para la FGR, Ruffo Appel y sus cómplices diseñaron y ejecutaron un complejo esquema de simulaciones a través de 11 compañías, cuyo objetivo fue la introducción a territorio nacional de 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos (diésel y gasolina) contenidos en 163 carrotanques, los cuales se advierten de importaciones en condiciones ilícitas, evadiendo contribuciones fiscales y regulaciones en materia aduanera para su posterior disposición en el mercado interno fuera de los canales autorizados. Como parte de las investigaciones, las autoridades descubrieron 129 carrotanques, de ellos 33 en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo, Coahuila, que contenían más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin la documentación legal.
