Cd. de México.- Con la advertencia de que únicamente fungirá como mediador ante dependencias de seguridad, el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló ayer la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para los comicios de 2027.
La instancia recibirá las listas de precandidatos, candidatos y suplentes que los propios partidos políticos decidan enviar de manera voluntaria, a fin de conocer si representan algún riesgo por presuntos vínculos con el crimen organizado o por indagatorias penales abiertas.
El grupo de trabajo estará presidido por el consejero Arturo Chávez e integrado por sus pares Norma de la Cruz y Uuc-Kib Espadas, además de la Secretaría Ejecutiva del INE.
De acuerdo con los lineamientos, los consejeros no tendrán acceso a la información confidencial: únicamente la Secretaría Ejecutiva revisará las listas remitidas por los institutos políticos para certificar que cada aspirante haya firmado una carta de consentimiento.
Tampoco conocerá los resultados que emitan las dependencias consultadas.
Durante la sesión de instalación, Chávez sostuvo que la comisión busca cerrar el paso a la infiltración delictiva y a perfiles señalados por corrupción.
El ex funcionario federal y del Gobierno capitalino recordó que entre las fuerzas políticas prevalecen las acusaciones mutuas de operar como «narcopartidos» o encabezar «narcogobiernos».
Refirió que en las elecciones de 2024 se contabilizaron 656 víctimas de violencia político-criminal, frente a 567 registradas en 2023. De ellas, el 78.3 por ciento de los ataques se concentró en aspirantes a ayuntamientos.
«Lo decimos claramente: la delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse ahí donde sea posible, independientemente del color partidista», subrayó.
«Frenar la infiltración de la delincuencia organizada significa frenar la violencia política, la corrupción y apostar porque la gobernanza democrática de un país debe mantener la paz y los procesos electorales apegados a la legalidad».
Las consultas se realizarán ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Chávez calificó la instalación como un «hito histórico», aunque matizó que el mecanismo no determina la elegibilidad de nadie, pues la decisión final de registrar o retirar a un abanderado recae exclusivamente en los partidos.
«En todo momento ha de preponderar el derecho a la presunción de inocencia y la garantía a la estricta confidencialidad», apuntó.
A propuesta del consejero Espadas, las revisiones en elecciones locales no se limitarán a la FGR, sino que incluirán a las fiscalías generales de los estados.
«La ley solamente menciona a la Fiscalía General, pero me parece que no se trata de una mención limitativa (…). Sí vamos a recurrir a las fiscalías de justicia de los estados; me parece que en caso contrario estaríamos dejando un amplísimo filón de información», advirtió.
El consejero consideró indispensable que las revisiones abarquen a precandidatos y suplentes para evitar que sirvan como vía de escape.
«Vamos a decirlo con toda crudeza: si nosotros abrimos la posibilidad de que los suplentes no sean escrutados, también sería un espacio para que por esa vía pudieran filtrarse personas con riesgo razonable», alertó.
