El fiscal Anticorrupción de Chihuahua (FACH), Abelardo Valenzuela, adelantó que buscará desaforar a jueces y magistrados una vez que sean judicializadas las acusaciones en su contra, ya que destacó que es alarmante el nivel de desaseo que existe en el actuar de algunos juzgadores.
Precisó que tiene señalamientos contra 11 jueces y dos magistrados, de estos últimos, mencionó que uno de los señalados forma parte del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
Por su parte, el presidente del TDJ, Francisco Acosta, mencionó que el área que encabeza se encarga de las faltas administrativas y que está en constante coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
“Tenemos que poner un alto en ese sentido, porque no podemos permitir que estén olvidando lo más importante. Ellos obedecen a los justiciables y cuando se desvían de eso, es cuando tiene que haber una sanción. No descartamos acudir pronto al Congreso para que inicie el proceso de desafuero”, dijo el fiscal Valenzuela.
Sin precisar las acusaciones, mencionó que estaría relacionado con temas de posibles actos de corrupción. “Nadie puede adjudicarse que ignora la ley”, apuntó.
“Yo tengo como abogado desde 1998 y nunca había percibido un desaseo tan alarmante en la actuación de algunos jueces, como lo estamos viviendo en este último año y fracción. Es alarmante la actuación de algunos jueces y tenemos que poner un alto”, apuntó.
“Nosotros como Fiscalía Anticorrupción tenemos que llevar una carpeta muy sólida, muy integrada, porque serán ellos mismos los que sancionen la conducta desviada de algunos de sus compañeros. El derecho actual es muy garantista y tenemos nosotros que llevar una carpeta sumamente sólida, sumamente armada, que nos permita sostener un juicio”, recalcó.
Añadió que por motivo de las investigaciones en proceso, no es posible dar más detalles. “No puedo dar detalles, porque eso sí violentaría totalmente el debido proceso”, expuso.
Declaró que las acusaciones son contra 11 jueces y dos magistrados, pero algunos tienen más de una. “Hay unos que sí tienen más de tres”, señaló.
Dijo que como Fiscalía Anticorrupción actúan sin la necesidad de tener que esperar a los procesos del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), ya que los jueces y magistrados también son funcionarios públicos cuyas acciones pueden ser parte de una investigación y sanción penal.
Por su parte, Francisco Acosta explicó que en su caso lo que pueden sancionar son las faltas administrativas y que existe una relación cercana con la Fiscalía Anticorrupción.
“Nos coordinamos prácticamente cada semana para llevar a cabo diligencias, criterios, pláticas, acercamientos, conversatorios sobre la situación del combate a la corrupción en nuestro estado por medio del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que ambos somos miembros y todos los de ese comité nos coordinamos, platicamos, conversamos, intercambiamos información y criterios”, expresó.
“Dentro de ese contexto, cada uno tiene su rol y sus facultades”, apuntó y añadió que ser servidor público no es nada más ocupar un cargo, sino cumplir atribuciones y funciones y en dado caso de
“Abelardo Valenzuela tiene absolutamente libertad de jurisdicción para perseguir delitos en materia de corrupción; yo para investigar faltas administrativas y de las carpetas que él señala, qué bueno que se integren, yo espero que logre su cometido”
Francisco Acosta Titular del Tribunal de Disciplina Judicial
que abuse, puede ser perseguido y sancionado.
“Él (Abelardo Valenzuela) tiene absolutamente libertad de jurisdicción para perseguir delitos en materia de corrupción; yo tengo libertad de jurisdicción para investigar faltas administrativas y de las carpetas que él señala, qué bueno que se integren, yo espero que logre su cometido”, mencionó.
Concluyó que en su caso desconoce el contenido de las carpetas y a quienes están acusando en la Fiscalía Anticorrupción.
“Desconozco absolutamente y por obvias razones es el contenido de esas carpetas, no sé de qué tratan, pero por supuesto que un juez puede estar en carpetas de la Fiscalía de Anticorrupción; todos los servidores públicos del estado de Chihuahua pueden ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción y en su caso determinar responsabilidades penales”, finalizó.
