A partir del viernes, los migrantes que intentan convertirse en residentes permanentes legales en Estados Unidos podrían ser rechazados si ellos, o ciertos familiares, utilizan beneficios públicos como Medicaid, cupones para alimentos o incluso ayuda financiera estudiantil.
A los titulares de tarjetas de residencia, o green card, se les permite vivir y trabajar en Estados Unidos de manera permanente; obtener ese estatus es el último paso hacia la ciudadanía. La medida es el esfuerzo más reciente del gobierno de Donald Trump para restringir la inmigración legal y disuadir a las personas de inscribirse en programas de asistencia social.
El gobierno implementó una política similar durante el primer mandato del presidente, pero luego fue bloqueada por los tribunales. Esta semana, una coalición de más de 20 estados y varios gobiernos locales demandó al gobierno por la nueva versión, señalando que se trataba de una medida “catastrófica” que obligaría a las familias a tomar la difícil decisión entre aceptar asistencia pública para satisfacer sus necesidades básicas o arriesgarse a ser deportadas en el futuro.
La propia estimación del Departamento de Seguridad Nacional determinó que, como resultado de la política, alrededor de 950.000 personas podrían decidir darse de baja o no inscribirse en programas de asistencia pública.
Esto es lo que hay que saber sobre la política, llamada regla de “carga pública”.
¿Qué es la regla de carga pública?
Desde 1882, el gobierno federal ha prohibido que los migrantes obtengan tarjetas de residencia si se considera probable que se conviertan en una “carga pública”, o que dependan del gobierno para su subsistencia. A los agentes de inmigración se les permite considerar factores como la edad, la salud y el estado financiero de una persona.
Desde hace mucho tiempo, los funcionarios de inmigración solo han tomado en cuenta el uso de servicios institucionales de atención prolongada y programas de asistencia en efectivo, como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, que proporciona pagos directos a familias de bajos ingresos con hijos. Pero, por lo general, no han tomado en cuenta el uso de programas como los cupones para alimentos o Medicaid, que proporcionan beneficios, pero no dinero en efectivo directamente a las familias.
¿Cómo está cambiando las reglas el gobierno de Trump?
La nueva política amplía los tipos de beneficios públicos que los agentes de inmigración pueden tomar en cuenta antes de determinar que es probable que las personas se vuelvan dependientes del gobierno federal. Sin embargo, no especifica con claridad qué beneficios públicos podrían llevar a los funcionarios de inmigración a rechazar las solicitudes de tarjetas de residencia.
Directrices emitidas el mes pasado señalaban que los agentes podrían considerar el uso de “beneficios públicos sujetos a verificación de recursos”, que incluyen asistencia de vivienda, cupones para alimentos, ayuda financiera para la universidad y otros beneficios similares. Expertos en política migratoria dijeron que la falta de especificidad significa que los agentes podrían estar facultados para considerar una gama más amplia de asistencia pública, incluidos Medicaid y ciertos programas de almuerzos escolares gratuitos.
“Este es un cambio verdaderamente significativo”, dijo Julia Gelatt, directora asociada del programa de política de inmigración de Estados Unidos en el Instituto de Política Migratoria, un centro de estudios no partidista. “Ahora hay mucho margen para la interpretación. Está destinado a crear más malentendidos y más miedo en las comunidades de inmigrantes”.
Los inmigrantes sin tarjetas de residencia ya no pueden acceder a la mayoría de los programas de beneficios públicos. Pero la nueva política ha generado preocupaciones de que los padres con hijos que son ciudadanos estadounidenses, por ejemplo, podrían rechazar programas de beneficios públicos a los que sus hijos tienen derecho legalmente, por temor a que se les puedan negar las tarjetas de residencia en el futuro.
Funcionarios del gobierno de Trump han dicho que el cambio es necesario para proteger los recursos públicos y para restaurar “el principio básico de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos”.
¿Por qué ahora?
El gobierno impuso una política similar durante el primer mandato del presidente Trump que enfrentó una serie de impugnaciones legales. Un juez federal ordenó al gobierno anular la política a fines de 2020, diciendo que excedía la autoridad del poder ejecutivo y citando “numerosas fallas inexplicables” que hacían que la regla fuera “arbitraria y caprichosa”. La política finalmente fue revocada por el gobierno de Biden.
Está por verse si la nueva norma sobrevivirá. Los estados y ciudades que buscan bloquear la política argumentan que perjudicaría a las familias migrantes. También argumentaron que el cambio costaría miles de millones de dólares en fondos federales a los gobiernos estatales y locales, a medida que más personas dejan de recurrir a los programas de asistencia pública.
¿A quiénes se aplica la regla?
La nueva política se aplicaría a los inmigrantes que ya están dentro de Estados Unidos y que solicitan tarjetas de residencia, incluidos los trabajadores calificados y los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses. El gobierno estableció muchas excepciones para ciertos inmigrantes que no estarán sujetos a la nueva política, incluidos los refugiados, las personas a las que se les ha concedido asilo y los ciudadanos afganos empleados en nombre del gobierno de Estados Unidos.
¿Cómo afectará el cambio a las familias inmigrantes?
Los grupos de defensa y los demócratas dicen que la nueva política creará dificultades para las familias inmigrantes, y causará que se retiren de los beneficios públicos de los que dependen.
Después de que el primer gobierno de Trump intentara imponer una política similar, organizaciones sin fines de lucro reportaron una fuerte caída en la inscripción de cupones para alimentos entre las familias inmigrantes. Los investigadores también estimaron que miles de niños fueron retirados por sus padres de los programas de nutrición y atención médica después del anuncio de la regla.
“El presidente Trump está otorgando a los agentes de inmigración individuales una amplia discreción para denegar tarjetas de residencia con base en casi cualquier uso de beneficios públicos”, dijo Maddie Geschu, directora de política y defensa de la Coalición para la Protección de Familias Inmigrantes. “Veremos a familias en todo el país temiendo que buscar ayuda hoy pueda poner en peligro su estatus migratorio o el de sus familiares en el futuro”.
