Cd. de México.- Una red con influencia en diversas áreas del Ayuntamiento de Tijuana condiciona trámites para proyectos inmobiliarios y exige pagos que pueden alcanzar entre 20 y 25 por ciento para destrabar desarrollos, denunciaron empresarios del sector consultados por Grupo REFORMA.
Las fuentes señalaron como uno de los principales operadores de la red al empresario Fernando Salgado Chávez, a quien atribuyeron influencia sobre funcionarios y directivos relacionados con las áreas de Desarrollo Urbano, obras, compras y autorizaciones municipales.
«Es un padecimiento que tienen todos los que pretenden hacer un desarrollo en Tijuana», resumió una fuente conocedora de la operación inmobiliaria de la ciudad.
Según los testimonios, el esquema aprovecha la discrecionalidad existente en la autorización de proyectos urbanos.
Un desarrollo puede quedar detenido durante el proceso para la obtención de permisos, modificaciones o autorizaciones y posteriormente los involucrados orillan a una negociación para permitir que continúe, explicaron.
«No es diezmo. Estamos hablando del 20, 25 por ciento de cajón», aseguró uno de los denunciantes.
Las fuentes afirmaron que el mecanismo es conocido entre empresarios inmobiliarios y desarrolladores de Tijuana. Incluso señalaron que empresarios han sido citados afuera de oficinas gubernamentales para negociar asuntos relacionados con sus proyectos.
Uno de los lugares mencionados es el piso 10 de un inmueble en la Colonia Aviación, ligado al Grupo Marsan, fundado por Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, que ha sido utilizado para reuniones con empresarios.
Los testimonios ubican a Salgado como el personaje que adquirió influencia sobre esas áreas después de la llegada de Burgueño a la Alcaldía en 2024.
La historia de esa estructura, según fuentes políticas consultadas, se remonta al proceso interno mediante el cual Burgueño llegó a la candidatura de Morena por Tijuana.
Luego de que la entonces Alcaldesa Montserrat Caballero quedó fuera de la posibilidad de buscar la reelección, Carlos Torres Torres, entonces esposo de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, impulsó políticamente a Burgueño, señalaron.
El objetivo, de acuerdo con las fuentes, era mantener la continuidad del grupo político en el Ayuntamiento. Una vez ganada la elección, Torres se incorporó al nuevo Gobierno. El 1 de octubre de 2024, Burgueño lo presentó como encargado honorífico de la Coordinación de Proyectos Estratégicos.
Las fuentes sostuvieron que dentro del grupo existía una ruta política en la que Burgueño encabezaría el Ayuntamiento mientras Torres conservaría influencia sobre determinadas áreas del Gobierno municipal.
Ese esquema comenzó a modificarse tras la crisis política que enfrentó Torres en 2025, cuando se reveló que Estados Unidos le revocó su visa y se señalaron supuestos vínculos con el crimen. Fue entonces, aseguraron las fuentes, cuando Salgado adquirió mayor peso dentro de la Administración local.
De acuerdo con los testimonios, Torres había acercado previamente a Salgado al círculo de Burgueño. Las fuentes describieron que posteriormente se produjo un reparto de áreas de influencia dentro del Ayuntamiento.
«Se dividieron el Gobierno», aseguró una de ellas.
Según esa versión, Salgado concentró su interés particularmente en compras, Desarrollo Urbano y obras, mientras otros integrantes del grupo mantuvieron influencia en distintas áreas de la Administración.
Los denunciantes indicaron que funcionarios y directivos incorporados en las áreas bajo influencia de Salgado provienen principalmente de Sinaloa y Ensenada, además de algunos originarios de Jalisco. El empresario, señalaron, mantiene además inversiones en distintos sectores, entre ellos el inmobiliario.
Los desarrolladores consultados sostuvieron que el control sobre las decisiones de Desarrollo Urbano se volvió particularmente relevante por el crecimiento de Tijuana y los nuevos proyectos de vivienda.
La posibilidad de decidir qué desarrollo avanza, cuál permanece detenido y qué modificaciones recibe autorización genera, según los testimonios, un amplio margen de discrecionalidad.
Ese margen, acusaron, es utilizado para solicitar cantidades millonarias a empresarios cuyos proyectos dependen de una resolución municipal.
Las denuncias surgen mientras Burgueño anunció su intención de buscar la reelección en la Alcaldía de Tijuana en los comicios del año próximo.
