Ciudad de México.- Los consejeros Marco Baños, Pamela San Martín, Enrique Andrade y Benito Nacif urgieron al Senado el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), al ser la encargada de la procuración de justicia en materia electoral.
Señalaron que es importante que la Fepade esté funcionando en sus mejores términos y que conserve sus características de autonomía de gestión e independencia.
En este sentido, el consejero Benito Nacif opinó que el nombramiento no debería ser unilateral, sino resultado de un amplio consenso entre partidos, y que una vez designado el nuevo fiscal, se respete el debido proceso en caso de remoción, porque el precedente de Santiago Nieto no puede repetirse.
“Necesitamos una Fepade con las características que tienen las autoridades electorales de este país, que son autonomía e independencia, y necesitamos que las garantías para el desempeño autónomo, independiente, de ese encargo, se refuercen, se mantengan y se respeten a lo largo de todo el proceso electoral”, apuntó.
El consejero Marco Baños lamentó que la salida de Santiago Nieto se haya dado de “una forma inusual, inadecuada para sustituir al fiscal”.
Esperó una designación rápida en la Fepade y que se den todas las garantías para revisar normativamente cómo se hacen estos nombramientos, los periodos que deben cumplir y, sobre todo, “cuáles son los esquemas de remoción”.
Por su parte, el consejero Enrique Andrade manifestó su confianza en que el nombramiento en la Fepade se resuelva pronto, pues la Fiscalía es parte del trípode, dentro de un proceso electoral, que es importante que funcione en los mejores términos, junto con el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Los consejeros fueron entrevistados antes del inicio de la sesión ordinaria de ayer, en la que, por cierto, se retiró el punto de acuerdo sobre los criterios para registro de candidatos, en el que se proponía una cláusula para proteger los derechos indígenas a ser candidatos en los distritos electorales con mayoría de población indígena.
México carece de certeza jurídica ante la falta de un procurador General de la República, un fiscal electoral y uno Anticorrupción, aseguró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Afecta mucho, porque habla de las debilidades de las instituciones. Lamentablemente esa debilidad se traduce en que se afecta la procuración de justicia cuando no tenemos Fiscalía General, Fiscalía Anticorrupción, ni fiscal de Delitos Electorales, cuando no tenemos magistrados Anticorrupción, desde luego que afecta la certeza jurídica de los mexicanos”, comentó Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional.
El pasado 16 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) se quedó sin titular, por la renuncia de Raúl Cervantes.
Su lugar fue tomado por el subprocurador Alberto Elías Beltrán, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 137, párrafo primero, de su Reglamento.
Cuatro días después, Santiago Nieto fue separado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Además, no se ha nombrado al fiscal Anticorrupción del país, el cual tendrá un mandato de nueve años.
Representantes de partidos politicos, así como organizaciones e integrantes de la sociedad civil, aseguran que es necesario que el gobierno federal nombre a los titulares de la PGR, Fepade y la Fiscalía Anticorrupción, ya que se desconoce el avance en las investigaciones.
El pasado domingo, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, consideró que México vive una crisis en materia de procuración de justicia, debido a que están acéfalas instancias de la Procuraduría General de la República (PGR) importantes durante el proceso electoral, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía Anticorrupción.
