Algo ocurre en nuestro sistema constitucional de gobierno que los controles políticos no funcionan nada bien; los pesos y los contrapesos del poder tienen muchos años trabados, están huecos y sus fulcros se alejaron demasiado de la ilegalidad, pues cualquier político de precaria moral puede fácilmente atornillarse a la impunidad y a la evasión de sus responsabilidades.
La pregunta incómoda, aunque esté planteada con subjetividad: ¿Ya después de tanto tiempo para qué? al referirse al juicio que todos esperamos que inicie en contra del exgobernador César Duarte, al que se le acusa de corrupción, desvío de recursos públicos, abuso de poder y muchos otros delitos más.
Por un simple acto de impartición de justicia, me responderá usted. Está bien, pero entonces la pregunta nos obliga también a revisar la carga y distribución de responsabilidades. ¿Quién es más dañino para la sociedad, el que se roba descaradamente el dinero del pueblo que lo eligió o el que, a pesar de las facultades expresas que le otorgó la sociedad, omitió fiscalizar, revisar, auditar, señalar y denunciar oportunamente? Nos obliga a replantearnos si los fulcros de la legalidad estaban o no alineados con las fuerzas del poder, ese que se presumía que era para poder.
¿Falló la Teoría de la Triple Representatividad, también conocida como la teoría de los tres poderes que brotó del pensamiento del filósofo Francés Montesquieu, basado en la labor política de Aristóteles y en el “Segundo Tratado del Gobierno Civil”, publicado por John Locke?
Montesquieu escribió el libro “El Espíritu de las Leyes”, describiendo los fundamentos de la organización política liberal. Fue el responsable de explicar, sistematizar y ampliar el reparto de competencias para acabar con los gobiernos absolutos y establecer límites al poder.
Quienes desde la oposición institucional creyeron que actuaban como freno y contrapeso a los excesos del poder, nos fallaron definitivamente a los chihuahuenses y, en la carga de responsabilidad, también deberían de llevar su parte.
Por supuesto cada poder debe ser autónomo e independiente, sin perder con ello la capacidad de armonizar con los demás. Sin embargo, en el ejercicio del contrapoder, cada uno de ellos debe de ser estricto, inflexible y capaz de actuar con determinación en la imposición de los frenos legales. Así sucumbe la tesis de que entre todos los males, el que resulte menor siempre será mejor, tesis que se privilegió durante el pasado sexenio.
Sin flexibilidad fácilmente se hubiera logrado impedir tanto abuso del poder. Debieron privilegiarse los intereses ciudadanos, aunque por ello se fracturara la gobernabilidad. La política debe dejar de ser un absurdo juego de intereses políticos entre comunes, para convertirse en instrumento de la sociedad, a beneficio y provecho del pueblo.
La solución la encontraron, primero Francia y después Inglaterra. La integración de contralorías sociales, formadas por un grupo de destacados ciudadanos admitidos por la sociedad por su solvencia política y financiera, así como por su incuestionable integridad en materia de conducta ética y moral.
Una especie de jurado que atienda la denuncia formal en el momento es que les es planteada y que con apoyo de los medios de comunicación y la sociedad, deslindan públicamente los señalamientos de corrupción, prevaricación, tráfico de influencia y colusión de gobernantes con otras esferas del poder. Y su trabajo no sea exclusivamente dirigido a evaluar o deslindar sólo al poder que se desvía, sino también a quienes por la razón que sea, omitan y toleren los abusos del poder.
Aún estamos a tiempo de brindarle a Chihuahua un seguro social mejor, más democrático y plural. Un nuevo órgano de control, de supervisión y fiscalización que atienda y busque los intereses de los ciudadanos y no dependa de las esferas del poder, las que se disputan a los ciudadanos durante los procesos electorales.
Un órgano ciudadanizado rector que valide la oportunidad, la viabilidad financiera y la necesidad de las obras que los gobernantes plantean y que supervise en tiempo real el manejo de los recursos públicos, la intencionalidad de los actos de gobierno y la conducta legal, ética y moral de nuestros gobernantes.
Autor: Alfredo Piñera
