Chihuahua.- Con o sin el consenso de los concesionarios, la nueva Ley de Transporte Público se aprobará en esta legislatura, según adelantó la diputada Laura Mónica Marín, presidenta de la Comisión Especial de Movilidad en el Congreso local, al destacar que los prestadores del servicio en la capital del estado están renuentes a ese marco legal, mientras que en el resto del estado se ve con buenos ojos.
En este sentido, la legisladora señaló que en estos días los integrantes de la Comisión se reunirán para afinar detalles del dictamen y a partir de ello, se convocará a los concesionarios del transporte para que, si tienen alguna aportación que hacer, pueda tomarse en cuenta.
Sin embargo, subrayó, si la postura de los prestadores del servicio se mantiene bajo la pretensión de eliminar lineamientos a los que estarán obligados, entonces no se les dará cabida.
Marín Franco dijo que ha sido muy clara con el gremio desde que iniciaron los trabajos con las mesas de diálogo, pero se mantiene la renuencia de cierto sector sobre todo en la capital del estado, ya que no están dispuestos a dar el paso a una nueva regulación que sea la punta de lanza para la modernización de los sistemas de transporte en la entidad. La actual legislación se creó en 1994.
Según se ha establecido, la nueva ley aborda todas las aristas para formalizar un marco normativo sólido y contempla cambios en cuanto al tiempo que pueden conservar una concesión; actualmente es por 15 años y se pretende reducirlo a 10 años y en caso de que sea heredada, el titular la mantendrá por el tiempo restante (del plazo descrito) y no de por vida, precisamente los aspectos que han motivado la inconformidad de los concesionarios.
A decir de la diputada, todavía existe el tiempo suficiente para aprobar la ley, pues los trabajos están avanzados y el Congreso del Estado está en condiciones de convocar a otro periodo extraordinario antes de que concluya la actual legislatura.
Como se recordará, se llevaron a cabo diversos foros públicos con especialistas y los involucrados para delinear la nueva ley y primero en enero de este año, después en marzo motivó a manifestaciones de algunos concesionarios para reprobar la iniciativa, argumentando que la actual legislación es positiva solamente que no se aplica al 100 por ciento.
En la capital del estado, concesionarios del transporte público, servicio de carga, transportistas y taxistas alegan que tardan cinco años en pagar una unidad nueva, lo que equivale a la mitad de la nueva vigencia de la concesión, según lo contemplado en la nueva Ley de Transporte y Vías de Comunicación del Estado de Chihuahua que también incluye la modalidad del servicio de Uber.
