Lo que no transparente es opaco, eso es lo que ocurrió en el caso del Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, quien tras ser inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Gobierno del Estado, no sólo no informó a los ciudadanos, sino que trató de ocultar el hecho como si nada hubiera pasado.
Como ahora se sabe, la inhabilitación del funcionario fue desde el pasado 23 de diciembre y tiene una vigencia de tres meses, de acuerdo con la resolución dictada por la Función Pública el 16 de diciembre, marcada en el expediente 0476/2015.
Luego de la amonestación Peniche Espejel obtuvo un recurso legal, según explica después la Fiscalía:
“El pasado 12 de enero del año en curso, se interpuso en tiempo y forma la demanda de nulidad de la resolución dictada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, concediendo una suspensión provisional, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de nulidad”.
En todo caso, el juicio se resolverá negativa o positivamente, pero lo que queda en evidencia es la opacidad del gobierno a informar a la sociedad todos los asuntos.
