Iniciaba el gobierno de Oscar Flores cuando un desesperado Federico de la Vega partió de madrugada, manejando su vehículo particular, de ciudad Juárez a la capital. La víspera, inspectores de gobernación habían clausurado varios de sus establecimientos de vinos y licores, necesitaba urgentemente una audiencia en Palacio, había que abrirlos para que sonara la caja.
Cuentan que llegó a las ocho de la mañana y, paciente, aguardó a que lo recibiese el enérgico gobernador. Como en la canción de Sabina pero de día, haciendo antesala le dieron las nueve, las diez y las once, las doce y las tres… hasta llegar a las nueve de la noche, cuando Oscar Flores decidió ingresarlo al despacho. Lo recibió con una de sus sentencias inapelables: “ya entendió usted cual es la diferencia entre tener dinero y tener poder”.
En su larga vida, murió en diciembre del 2015 a los 84 años, el patriarca de la familia De la Vega jamás olvidó la dirección del poder. Le costó aprenderla trece frustrantes horas de antesala y tragarse el sapo al terminar la gestión con un “Si señor gobernador, como usted diga, señor”. Pero regresó a Juárez con la seguridad de abrir los negocios.
Como todos en la familia, Alejandra de la Vega conoció la historia de su padre y el gobernador al detalle, pero conocerla es diferente a entenderla. Hoy los De la Vega, ensoberbecidos por su cuantiosa fortuna, desafían al gobierno estatal con un tema similar al que hace décadas desmañanó a su padre.
El fondo de la controversia es sencillo, “Almacenes Distribuidores de la Frontera AC”, operadora de los Del Río y Superette, fue fundada en 1969 con una vida legal de 50 años, mismos que concluyeron 2019. En Asamblea de Socios prorrogaron la vigencia de la AC indefinidamente, con el pequeño detalle de que “olvidaron” notificar la modificación a la Dirección de Gobernación.
Detectado el “descuido”, los inspectores recibieron la orden de iniciar una seguidilla de clausuras en los Del Río, evitando la clausura simultánea a fin de que los pusieran al corriente. Hasta hoy van sesenta clausurados. En vez de buscar una solución conciliadora, la familia recurrió a su departamento legal y promovió recursos de amparo para evitar nuevos cierres. Ya sabe usted, donde intervienen los abogados el pleito se alarga.
Quienes conocen a la familia, ven uno de los habituales desplantes de Alejandra de la Vega. Le pareció fácil retar al gobierno confiada en que su poder económico bastaba para blindar ilegalmente sus negocios. Qué podían hacerle, es una de las dueñas de Juárez. Pues si pudieron, ahí están los negocios clausurados y el resto sufriendo el acoso de inspectores quisquillosos que a la menor falta aplican una multa o de plano los cierran.
Conclusión: hoy cientos de licencias están en litigio, con peligro de perderlas, y las tiendas bajo acoso de inspectores. Tan sencillo que hubiese sido arreglarlo con una visita a Palacio, camino que hace décadas les marcó su padre. La soberbia es mala consejera.
Rompeolas
Quisiera uno no hablar, aunque sea por un día, del señor Presidente. Es imposible, mañana tras mañana nos entrega una tras otra, pero la de hoy sale de cualquier parámetro, en cualquier tiempo de la historia constitucional y en todo país que presuma Estado de Derecho. Nunca esperé ver en un Presidente de la República una declaración como la que hizo justificando la humillación que grupos armados hicieron pasar al Ejército en Nueva Italia, Michoacán. La declaración completa es para desdoblarla línea por línea, quizá lo haga después, hoy recojo el párrafo más desquiciante: “Cuidamos la vida de los elementos de las Fuerzas Armadas, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política completamente distinta. Para mí fue una actitud responsable”. ¡Señor Presidente, está usted diciendo que debe cuidar asesinos, criminales, sicarios, gente cuyo oficio es matar!. Es todo lo contrario, al protestar el cargo -cumplir y hacer cumplir la ley- usted juró combatirlos. Tiene la obligación de oponer toda la fuerza del Estado contra ellos y, si, protegerlos cuando estén detenidos en prisión. Con su protección pone a los soldados del país al mismo nivel que a los criminales, ambos son humanos pero unos asesinos y otros defensores de la patria. Ceder la justicia a los criminales es acercarnos a un Estado de la Mafia, pero de qué me extraño, ha comprobado inequívocamente que la narrativa de abrazos y no balazos es política pública, no estribillo mañanero. Queda uno pasmado con esos comentarios. ¿En qué momento los mexicanos permitimos que un protector –ha dicho que los protege- de criminales ocupara el cargo de mayor responsabilidad en el país? ¿tendrá conciencia plena de sus comentarios? Temo que no, ningún gobernante consciente de sus palabras se atrevería a decir algo así. Ahora, si está convencido de ser misericordioso protector de asesinos, lo correcto sería que deje la Presidencia y vista el hábito de monje benedictino. Imagino como nos ven en el extranjero y muero de vergüenza.
