Tres años después de la impugnación que senadores de oposición presentaron contra la figura de los “superdelegados” y cuando ha sido aceptado sin reniego por los gobiernos estatales, la Corte decidió otorgarles carácter constitucional, en una votación que partió en dos a los ministros; cinco por el Si, cinco por el No y una ausencia. Resultado previsible, ni los mismos senadores que promovieron el recurso estuvieron pendientes del proceso.
La votación sirvió, sin embargo, para exhibir la subordinación de varios magistrados al presidente López Obrador, pues los cinco ministros que votaron el Si sólo atinaron a expresar que la figura está legalmente bien planteada y sus atribuciones perfectamente definidas, por lo que respeta la autonomía de los estados y no merma su soberanía.
En contraste, los ministros del No argumentan que “son una autoridad intermedia entre el gobierno federal y los estados, casi a nivel de Secretarios de estado, por lo que se genera inseguridad jurídica”, argumentos coincidentes con algunos de los juristas más reconocidos del país.
En la realidad, los superdelegados son representantes personales del Presidente López Obrador en los estados, que recuerda los viejos “delegados políticos” enviados por la Federación a entidades con problemas de gobernabilidad. Esa figura de intermediación no existe en la Constitución, pero cinco de los diez magistrados presentes en la sesión decidieron que si para darle gusto al presidente.
De cualquier forma, para efectos prácticos, la resolución de la Corte carece de importancia, hoy las funciones de los superdelegados están reducidas a supervisar la distribución de recursos a través de los diferentes programas asistenciales. Y si, en muchos casos como el de Chihuahua, intentan hacer contrapeso político al gobernador, esforzados en minar las oposiciones regionales.
Loera y sus homólogos en todo el país están ahora constitucionalmente validados, lo que tampoco es la gran cosa en un régimen que no conoce más ley que la del “líder amadísimo”, si la Corte resuelve su inconstitucionalidad, igual hubiesen seguido operando en la más absoluta impunidad.
Ellos ni por enterados se dan, continuarán con los programas del asistencialismo, intentando convertirse en gobernadores, seguros de la protección política del Presidente. Nada de qué preocuparse, la realidad y la inexperiencia de la mayoría redujo su capacidad operativa dejándolos en simples delegados del Bienestar, lo que antes era Sedesol.
Rompeolas
La Iniciativa de Reforma a la Ley del Poder Judicial, cuestionada en voz baja por jueces y abogados, pasó el filtro de la Comisión de Gobernación que preside Omar Bazán. Ya la habían regresado una vez, ahora la votaron a favor los diputados del PRI y PAN, Morena en contra y abstenido Movimiento Ciudadano. Entre los puntos más discutidos está la designación de los magistrados, de los consejeros de la Judicatura y el tiempo requerido para ser presidente del Tribunal. No adelantaré opiniones, hay que verla con reposo, pero todo parece indicar que seguirá adelante, pues en términos generales ha sido bien recibida por la institucionalidad del Poder Judicial. Mario Vázquez debe estar tranquilo, es una de sus preocupaciones legislativas.
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La jueza de control de la Sexta Sala de lo Penal, Guadalupe Hernández, desestimó las 135 quejas sobre violaciones al debido proceso en el caso de un acusado de homicidio. Simplemente dijo no a todo lo que invocó la defensa del acusado, violando sus derechos humanos, ya que lo deja en la indefensión jurídica. Está bien que en algunos casos los jueces tengan motivos personales, son humanos, pero de plano negar toda posibilidad de defensa a los acusados es un exceso.
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Como girasoles en día nublado, desorientados y sin saber hacia donde voltear, andan los alcaldes de la entidad. Están desesperados por que pasa mayo y cada que abren el cajón es sólo para comprobar que está vació. Lo abren una y otra vez pero siempre con el mismo resultado, no les ha caído absolutamente nada. Se presionan más sabiendo que deben rendir su primer informe en septiembre y la mayoría, especialmente los pequeños, no han podido encementar ni medio metro de banqueta. Hasta donde se sabe, la gobernadora Campos está urgiendo la liberación de recursos, pero la burocracia es la burocracia y por los motivos que usted quiera no sueltan los centavitos. Ya liberen los recursos, no sean así, hacen quedar mal a la gobernadora y se arriesgan a que los alcaldes de frágil salud sucumban a un infarto. Están desesperados y lo que le sigue.
