El “gallo” y “morita” estaban serenos, sintiéndose seguros en el templo que sus hermanos fundaron en 1680, donde generaciones de jesuitas como ellos oficiaron miles de misas, bautizaron infantes indígenas de padres recién convertidos al cristianismo, celebraron cualquier cantidad de fiestas religiosas. Esa tarde administraban los “Santos Oleos” a un moribundo que la violencia arrojó a sus píes, hasta que un sicario del mal profanó la solemnidad del templo. “Déjenlo morir, es un cerdo”, habría ordenado el sicario antes de disparar sobre los ancianos jesuitas que, desoyéndolo, continuaron con el oficio hasta caer abatidos.
Los sacerdotes de la Compañía no tuvieron el beneficio espiritual del infeliz al que asistieron, un guía de turistas víctima del sicario al que almas caritativas llevaron al templo antes de morir. Tres de sus hermanos estaban ahí, pero no pudieron auxiliarlo por que el asesino se llevó sus cuerpos profanándolos con la misma indiferencia con que profanó el templo para darles muerte, dejando paralizados de terror a los otros jesuitas.
El caso Joaquín César Mora Salazar, “morita”, y Javier Campos Morales, “el gallo”, nombre y apodo con que identificaban a los jesuitas asesinados, es de terror porque no iban por un camino apartado a media noche, ni estaban en despoblado, tampoco quedaron atrapados en una riña entre pandillas, ni eran testigos de hechos que no debían ver. Estaban en el lugar correcto, la seguridad de su templo, haciendo lo que debían hacer, proporcionar alivio espiritual a un ser humano en peligro de muerte y, encima, eran conocidos del presunto asesino, alguien al que apodan el “chueco”.
Espantosos hechos que en menos de 12 horas fueron recogidos por la prensa internacional, la influencia de la compañía es mundial. Quizás no califiquen para mártires del catolicismo, sus hermanos y el Vaticano sabrán, pero son dos victimas inocentes de la violencia que destruye amplias regiones del país, en las que predomina la ley de los más fuertes y esos “fuertes” son seres desalmados que matan a la menor provocación.
Si hoy matan en el interior del templo a dos ancianos sacerdotes –morita tenía 78 y el gallo 81-, mañana cualquiera sicario enloquecido puede irrumpir en una primaria, disparar a placer sobre los niños y permanecer en absoluta impunidad. ¿Cómo llegamos a tal grado de descomposición social? Los sociólogos estudiarán ésta negra etapa de la historia nacional y establecerán conclusiones, pero en lo que la historia juzga, podemos decir que muchos mexicanos están convencidos de que la mayor tragedia es la complicidad de los gobiernos con el mal, una cohabitación criminal que atenta contra los valores más básicos de la convivencia social, dejándonos impotentes y atónitos frente a hechos como los de Cerocahui.
Esa asociación criminal empezó con Calderón, siguió con Peña y con López Obrador llegó al cinismo. Hoy nuestro país es gobernado por un presidente autoritario cuya política de seguridad es hacer apología del crimen: “les agradezco por portarse bien en las elecciones”, “también a ellos los defiendo por que son seres humanos”, “atendemos las causas de la violencia”, “ya no somos iguales por que todas las mañanas tenemos reunión de seguridad”, “donde hay un solo grupo se acaba la violencia”, “no me gusta llamarle chapo, es el señor Guzmán”, “ya recibí su carta, señora”, “yo ordené la liberación de Ovidio”. La estrategia de seguridad implementada por el presidente López Obrador gira sobre una narrativa complaciente, de tolerancia, aceptación, protección a las actividades del crimen organizado. Es una narrativa que alienta la violencia de la que, como los jesuitas, suelen ser víctimas miles de inocentes en el país.
Su asociación con el crimen no se queda en el discurso, obviamente las Fuerzas Armadas recibieron la orden del Primer Comandante de bajar las armas ante los pequeños ejércitos irregulares de las organizaciones criminales. Es penoso, indigna ver uno y otro video donde sicarios enfurecidos ofenden a militares, los golpean, destruyen vehículos, los sacan de “sus territorios” en persecuciones humillantes, sin que se atrevan a defenderse. Si uno fuese el discurso y otros los hechos, pudiese tener cierta lógica pensando en tranquilizar a la sociedad, la realidad es que ambos están alineados en una rendición infame cuyo resultado es el abandono de sus deberes con los mexicanos y la cancelación del Estado de Derecho. Qué pueden hacer, son órdenes.
Los tres niveles de gobierno son responsables de la violencia desbordada, me refiero al presidente por dos motivos. Primero por que sólo él postula como su mejor logro en seguridad la política de abrazos y no balazos, con el argumento insostenible de combatir las causas, como si combatirlas fuese incompatible con atacar las consecuencias. Segundo, el presidente impone su fallida estrategia en todo el territorio nacional, manda sobre el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las instituciones de inteligencia, lleva las relaciones con la DEA. Suya es la estrategia de rendición; suya la responsabilidad.
Los especialistas dicen que hemos llegado al punto de no retorno, que seguirá creciendo el número de asesinados, desaparecidos, torturados, desplazados, derechos de piso y todos los delitos que acompañan a las violentas organizaciones. Ojalá no, pero es el momento de que reconsidere su absurda decisión de permitir que los grupos del mal sigan colonizando territorios. Mientras más tiempo la mantenga, más los empodera. Ahora, si su propósito es empoderarlos, eligió la mejor y más eficiente estrategia, lo está logrando aceleradamente.
