Para que Enrique Ochoa, la más dócil marioneta de Peña Nieto, haya declarado la “exigencia” de no aumentar por segunda vez el precio de las gasolinas, es que la decisión de mantenerlos está tomada; no habrá otro gasolinazo… por ahora.
El riesgo era enorme: malograr la unidad nacional conseguida por el factor Trump, arrastrar al límite la popularidad de Peña, comprometer todavía más las elecciones en el Estado de México y alejar al PRI de la competencia en el 2018, provocar nuevos saqueos y tomas de carreteras e instalaciones, soportar a los gobernadores encima reclamando su proceder…
Eran muchas, variadas y de alto impacto las consecuencias de abandonar el precio a la libre flotación de la oferta y la demanda. Sin embargo es previsible que duren poco, en marzo volverán a revisarse y quien sabe, puede que entonces los suelten otra vez.
Es una decisión que despresuriza temporalmente el malestar social y tranquiliza la política, sin embargo en el libre mercado no hay revesa, llegó para quedarse. Ayer mismo se supo que, a partir del 2018, México exportara crudo por vez primera en su historia.
Son noticias pésimas para un país que durante décadas basó su economía en la producción petrolera, recuerde el “administrar la abundancia” de López Portillo. El desbalance petrolero refleja además despilfarro y corrupción endémica e histórica en la emblemática paraestatal.
Tres datos para reflexionar: hace diez años Pemex es una empresa que opera con pérdidas; su deuda es de 100 mil millones de dólares; del 2003 al 2012 perdió 12 mil millones de dólares por “irregularidades” es decir por causas asociadas a la corrupción.
Así es imposible, pero tenían que llegarse hasta el límite de la corrupción y la ineficiencia para despertar del enorme letargo y ni siquiera se espabilan pronto. Falta detener el robo de combustible, tampoco hay medidas ejecutivas para rescatarla del pozo y mucho menos sinceras acciones contra la corrupción.
Ahí es donde patina Peña, su renuncia contra la impunidad lo paraliza y desacredita. Sin embargo la presión social tuvo sus efectos, al menos no aumentará durante el mes de febrero y como están las cosas es un alivio.
Contra el prematuro descrédito al que lo someten sus amigos dentro y fuera del gabinete, el gobierno de Javier Corral debería depurar los mecanismos anticorrupción, tema central de su campaña y compromiso mayor al asumir el cargo.
Podría empezar prohibiendo contratar obras y servicios con empresas creadas desde su triunfo a la fecha, las que contribuyen a generar comaladas de nuevos millonarios sexenales, fenómeno recurrente que siempre y en todas partes condenó el PAN.
No es que se diga al tanteo, desde el lunes existe un irrefutable botón de muestra proporcionado por uno de sus más públicos amigos, síndico y panista de rancios apellidos. Ya que evidenciaron el corrupto influyentismo, no está de más tomar providencias para evitar nuevas sorpresas.
La recomendación tampoco es de ocurrencia o por ganas de molestar, la historia de Gustavo Madero y los moches es relativamente reciente y la experiencia con empresarios en la administración pública suele ser desastrosa, siempre están tentados al negocio fácil con el tráfico de influencias y resulta imposible pensar que la señora De la Vega sea excepción.
Ya que se espinó temprano, o lo espinaron, no permita que sus pies se ampollen y le impidan caminar en el sentido correcto ¿Que no?.
Un rayo de luz iluminó a Norma Ramírez Baca, titular Obras Públicas del Gobierno, y le hizo notar que la Secretaría a su cargo no era solo normativa, que su atribución principal es ejecutiva.
Es probable que entendiese el mensaje luminoso, pues el lunes anunció en Juárez la construcción de dos hospitales –de la mujer y general- y 26 proyectos ejecutivos más en estudio.
Pasaron cuatro meses para que un funcionario del actual gobierno anunciase “la intención” de construir dos hospitales e informar que estudian 26 proyectos de construcción.
No saben, de bien a bien, de qué manera los construirán, pues “estamos haciendo una búsqueda de fondos extraordinarios, sin que se comprometa la economía de gobierno para realizar proyectos novedosos que nos permitan continuar con la construcción”, explicó la Secretaria durante las audiencias públicas en Juárez.
Por falta de espacio esta columna no manejó ayer el dato, pero dado que marca un hito en la política monotemática del actual gobierno, era imposible ignorarlo. Muy bien, ya identificaron áreas de oportunidad para desarrollar proyectos de construcción y se dieron a la tarea de buscar financiamiento.
Perfecto, es un paso gigantesco para una gobierno ocupado en teorizaciones, quizás en 2018 o 2021 ofrezcan resultados, por ahora es bueno pensar en positivo. Pero lo más significativo de la declaración que hizo Ramírez Baca es la revelación en sí misma, empiezan a comprender las obligaciones de gobernar.
Las obras siempre serán bien recibidas por la población, contribuyen al desarrollo de la entidad. Felicidades, nunca es tarde para pensar en que deben hacer algo con el poder recibido de los ciudadanos.
Gallarda defensa de la corrupción hace Karina Velázquez, representante de César Duarte en el Congreso del Estado, declarando que la Fiscalía se extralimitó al resguardar centro de cómputo de la Auditoria Superior del Estado.
Si la diputada hubiese mostrado congruencia durante la pasada era negra de la dictadura ignorante e impune del anterior gobernador, ahora tendría credibilidad para hablar de los nuevos funcionarios.
Sin embargo ella, junto a la mayoría de los diputados de su partido –hubo excepciones dignas- y de otros partidos –incluyendo algunos del PAN- avalaron con su silencio cómplice el atentado inmoral y sin límite al estado.
Ya déjenlo ir, Duarte debe pagar por sus excesos, ahora si la complicidad es tanta y están dispuestos a caer con él, pues cada quién su gusto, verdad doña Karina.
Corrección y posdata tardía. En la entrega de ayer se dijo que “son asuntos de su esposa y su cuñado” referente a la empresa MOLRI de los Molinar Riggs y el síndico, cuando lo correcta era “son asuntos de su hermana y su cuñado”. Y la posdata tardía, es que Mónica Soto, protagonista central en el conflicto entre el Ejecutivo y el Ichitaip, es comadre de Stéfany Olmos y Ricardo Gándara. Todo queda entre familia y compadres.
