La vida de los periodistas
Por:
- FRANCISCO RESÉNDIZ
Hacer periodismo en México ha costado la vida a más de 163 hombres y mujeres en los últimos cuatro sexenios. Sólo durante los tres primeros años del gobierno de la Cuarta Transformación, la Secretaría de Gobernación (Segob) registró una impunidad de 90% en 49 asesinatos de periodistas… y el número siguió en ascenso.
Al año siguiente, en diciembre de 2022 la propia SEGOB reconoció además 318 agresiones contra periodistas entre secuestros, amenazas y golpes… los responsables fueron principalmente servidores públicos sin defender la convicción de que el buen periodismo es esencial para la existencia y el fortalecimiento de sociedades democráticas.
Datos de la ONG pro libertad de expresión Artículo 19, en contraste con los datos de la Segob pero quizá más reveladora, refiere que en México han sido asesinados 43 periodistas en el periodo 2019-2023 en relación con su labor informativa.
Y en este contexto —donde los periodistas son blanco inmediato de agentes de poder— hay un descuido, hackeo y filtración en una base de datos controlada por una de las áreas del gobierno federal más sensibles, que dejó expuestos a 263 periodistas, creadores digitales y trabajadores de medios de comunicación que han estado cerca del Presidente de la República y puesto en riesgo incluso su vida.
Pese al estilo del mandatario para mantener un “diálogo circular” y defender su derecho de réplica ante cualquier publicación que considere que falta a la verdad o es promovida por sus adversarios, anoche me decían en Palacio Nacional que la difusión de dicha base de datos pega a la credibilidad de la actual administración no sólo al interior del país.
Un tema de grandes dimensiones que en la antesala del inicio de una contienda electoral que involucrará cada rincón del país, de acuerdo con embajadores consultados por este columnista, se puede convertir en una crisis de credibilidad para el cierre de la actual administración como para el inicio de la próxima.
¿Y por qué afecta su credibilidad?
La protección del trabajo periodístico es tan importante que el Ato Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha pronunciado sobre el tema:
“La libertad de prensa es esencial para la existencia de sociedades democráticas, libres y participativas. Los periodistas y los medios de comunicación son fundamentales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades públicas y gubernamentales. Sin embargo, la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas están amenazadas en el mundo.
“En los últimos años, ACNUDH ha constatado un aumento de la magnitud y el número de ataques perpetrados contra la seguridad física de los periodistas y los trabajadores de los medios, así como incidentes que afectan a su capacidad de ejercer la libertad de expresión, entre otros múltiples casos de persecución, arresto, reclusión, denegación de acceso a las noticias e incapacidad para investigar y llevar a los tribunales estos delitos”.
Y así, hoy 263 periodistas han sido llevados, sin quererlo, a una línea donde incluso está en riesgo su vida; han quedado expuestos a ser agredidos por su labor critica o de apoyo a un personaje político, han quedado vulnerables ante presiones de agentes de poder fácticos para presionar su ejercicio profesional, para desarrollar bajo acoso una labor que se debe a la sociedad y que es base para fortalecer el desarrollo democrático y la pluralidad política del país.
RADAR
NIÑOS ARMADOS.
Desde Guerrero nos dicen que, las imágenes de niños armados en una comunidad de la región de La Montaña, se trató de una medida de presión de un grupo llamado “Policías Comunitarios” para tratar de obligar al gobierno a que se cumplan demandas pese a que había, en efecto, una mesa de negociación para abordar sus problemáticas.
No es una medida de presión nueva. Vale recordar que el 30 de abril de 2021, líderes locales de La Montaña pusieron a desfilar a niñas, niños y adolescentes armados, y el objetivo fue igual: acorralar al gobierno del estado para que cumpliera de inmediato demandas locales.
Nos hacen ver que de inmediato el gobierno estatal echó a andar un programa de atención urgente y especial para los derechos de las niñas, niños y adolescentes a fin de evitar que formen parte de una lucha entre grupos de poder y operadores del narco en la selva guerrerense.
Se designó al titular de Gobernación para que encabece las investigaciones sobre los niños utilizados con fines de presión y se atiendan los reclamos de seguridad del municipio José Joaquín Herrera.
Mientras, se han desplegado policías municipales, estatales y Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por el delito de corrupción de personas menores de edad contra grupos locales que armaron a dos decenas de niños y niñas. Así, no permitirán que se usen a los niños como carne de cañón para presionar la actuación del gobierno.
