Ciudad de México— La Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en la incautación de un avión al narco por el que ahora la dependencia tiene que pagar 271 millones de pesos, coincidieron expertos litigantes y senadores.
Grupo Reforma publicó ayer que un avión Rockwell Sabreliner fue asegurado en el 2000, pero un juez resolvió que la PGR alteró la aeronave, por lo que no pudo ser usada como prueba.
La dependencia usó seis años el avión y luego el Servicio de Administración y Enajenación lo remató por 70 mil pesos. Ahora la PGR debe pagar 13.9 millones de pesos por daños –lo que valía la aeronave– y 257.6 millones por perjuicios –lo que la empresa Servicios y Reparaciones Aeronáuticos, S.A. dejó de percibir.
“Hay que ver quiénes armaron esa investigación, cómo se hizo, cómo se condujo, y esto tiene que llevar a responsabilidades de los servidores públicos de la Procuraduría. Esto no es nomás de que la Procuraduría deba pagar”, planteó Rodolfo Félix Cárdenas, abogado penalista y quien fuera Procurador capitalino.
La condena que recibió la PGR es inapelable, luego que, en diciembre de 2015, la entonces directora general de Asuntos Jurídicos, Adriana Campos López, presentara la impugnación fuera del plazo legal.
La funcionaria fue designada en septiembre de 2016 como visitadora de la PGR por el actual titular, Raúl Cervantes.
“La funcionaria a la que se le fue el tiempo para apelar tiene una responsabilidad administrativa muy seria, y quién sabe si hay que investigar si no tiene un interés en que eso haya sido un tema intencional”, comentó Félix Cárdenas.
En tanto, Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, consideró necesario que se sancione este tipo de omisiones y condenó que la funcionaria involucrada haya sido premiada con un ascenso.
“Es inadmisible que en lugar de tener consecuencias frente a una falta tan grave, se dé a la funcionaria una recompensa. El procurador debe analizar con cuidado qué ocurrió”, dijo.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, comentó que casos similares son recurrentes, tanto en la PGR como en las de los estados.
“Tenemos una falla importante en la manera en que operan las autoridades: una cosa es lo que definen los protocolos y otra la que se decide hacer desde el Ministerio Público”, planteó.
“Esto tiene que ver, por un lado, por una falta de capacitación, de pericia, de supervisión, y, por otro lado, por una verdadera carencia de la cultura de la legalidad de los servidores públicos, cuando ellos deberían ser los primeros en tener todo el interés de que se cumpla la norma”. (Reforma/El Diario)
