Una orden ejecutiva aún en desarrollo busca castigar a inmigrantes indocumentados por uso de beneficios del gobierno. Expertos señalan que si se promulga la orden, que aún está en borrador, millones de residentes legales que hayan recibido cualquier beneficio de programas federales se podrían ven afectados.
La orden ejecutiva que circula indica que el uso de cualquier programa federal, incluso más allá de los cinco principales que son Medicaid, TANF, SNAP, SSI y CHIP, y muchos otros como por ejemplo las becas Pell Grants, serían utilizados contra residentes legales, si estos accedieron a ellos en los primeros cinco años de tener su ‘green card’.
Con la firma del Presidente Donald Trump de la orden ejecutiva, cuyo borrador ha circulado durante los últimos días, se extendería la aplicación de reglamentos implementados en 1999 cobijados por una ley que se que prohíbe a un residente legal volverse una ‘carga pública’.
“Los reglamentos han interpretado ‘carga pública’ a aquellos inmigrantes que dependen de beneficios públicos durante los primeros cinco años de su residencia si la persona se hace ciudadana, sino 40 cuartos de pago de seguro social», explicó Carlos Maldonado, abogado de inmigración en El Paso.
“Hay que recordar que esto es tan sólo un borrador que se ha filtrado. Que podría nunca firmarse. Para que se pueda modificar la interpretación de carga pública se debe presentar una ley que tiene que pasar el congreso, la Cámara baja y la Cámara alta y después el presidente es el que tiene que firmar», añadió el experto legal.
De acuerdo al Instituto de Política Migratoria (MPI) la definición de carga pública podría incluir una amplia variedad de programas federales tales como almuerzos escolares, ayuda financiera para la universidad, asistencia doméstica y servicios de salud pública que no están incluidos en la definición de la ley de bienestar actual de acuerdo al reporte de MPI.
En la actualidad el programa de asistencia de salud Medicaid, que provee seguro médico para familias de bajos ingresos, no está incluido en la definición de carga pública, más sin embargo de estarlo alrededor de 1.4 millones de residentes permanentes serían vulnerables muestra un reporte de National Immigration Law Center (NILC). Si se trata del programa SNAP, de cupones de alimentos, se estaría hablando de 890 mil residentes aproximadamente.
Detractores de la posible acción aseguraron que sería un ataque más contra los inmigrantes, esta vez contra inmigrantes y residentes legales y sus familias, además de representar una amenaza para la salud pública y la movilidad social de vastos segmentos del país.
Inmigrantes reciben menos beneficios
De acuerdo a estudios de la organización CAP, un grupo liberal progresista, las familias inmigrantes reciben menos beneficios públicos por razones de bajos ingresos que las familias de ciudadanos, la orden supuestamente está destinada a combatir el “abuso” de estos beneficios por parte de inmigrantes.
A nivel nacional entre los residentes que tienen un ingreso por debajo del 200 por ciento del nivel de pobreza el 39.7 por ciento de las personas que reciben beneficios de Medicaid son estadounidenses nacidos en el país mientras que el 31.9 por ciento son inmigrantes.
De la misma manera entre las personas que reciben un Ingreso Suplementario de Seguridad 4.5 por ciento son estadounidenses y 4 por ciento son inmigrantes.
Las estadísticas de CAP muestran también que entre los estadounidenses la ayuda que reciben del gobierno en programas federales representa el 15 por ciento del total de su ingreso mientras que entre la comunidad inmigrante es 9 por ciento.
Arriesgan la deportación
Expertos que analizaron la orden indicaron que podría resultar en “cambios radicales respecto a los reglamentos actuales, ampliando la posibilidad de castigar con deportación a personas que han tenido acceso a cualquier beneficio federal y de impedir la entrada al país o la emisión de visa a personas que “podrían” convertirse en carga pública.
No obstante, las razones legales para deportar a un residente legal son “muy limitadas” y no es claro que el gobierno federal pueda aplicar el castigo máximo de deportación a personas que sean residentes legales y declarados “carga pública” a menos que sea casos muy extremos explicó NILC.
Otro beneficio que podría verse afectado por la orden ejecutiva, que aún no ha sido emitida, es el llamado “Earned Income Child Credit”, un crédito fiscal para trabajadores de medianos a bajos recursos con hijos.
Están a la expectativa
CAP y el Niskanen Center, realizaron un análisis del impacto de esta posible orden coincidiendo en que “tendría un efecto devastador en la comunidad de inmigrantes legales”.
Este es, por el momento, “solo un borrador” , pero los activistas afirman que han escuchado que podría salir “en los próximos días”.
Mientras tanto la Casa Blanca no ha confirmado a denegado esta información. (Con información de El Diario de El Paso)
