INTENTOS FALLIDOS PARA PROTEGER LA LIBERTAD

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Por: Alberto Delgado.- La protección a periodistas y derecho humanistas no es cuestión de leyes, sino de aplicación. Existen mecanismos, protocolos y hasta recursos con los que cuenta el Estado para las llamadas “Alertas Tempranas” y “Planes de Contingencia”.

De diciembre a la fecha han sido asesinados en Chihuahua dos comunicadores y dos derechohumanistas.

A un reportero de Grupo Radio Divertida (GRD), Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, lo mataron a balazos al salir de su casa; igual le sucedió a la reportera de El Norte de Ciudad Juárez y corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach Velducea. Manos criminales le quitaron la vida a los defensores indígenas, Isidro Baldenegro López y Juan Ontiveros Ramos.

Las autoridades pueden decir que no denunciaron a tiempo, el hecho es que la protección no llegó, ya sea la especializada o la general.

El 25 de junio de 2012 se publicó a nivel federal, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde se contemplan muchos apoyos, y aunque se buscan siempre nuevos mecanismos, no se han impedido este tipo de tragedias.

Si revisamos la Ley, los textos pueden parecer exagerados, pero son reales.

El artículo 33 habla acerca de las medidas de protección:

  1. Entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital.
  2. Instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona.
  3. Chalecos antibalas.
  4. Detector de metales.
  5. Autos blindados.
  6. Las demás que se requieran.

Pero volvemos a lo mismo, la aplicación no ha funcionado. El mismo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoce que se han detectado “graves obstáculos y fallas”.

Y ahora que se invoca con tanto fervor la transparencia, ¿Alguien sabe con certeza cuántos recursos se han destinado al Municipio y Estado de Chihuahua para la protección de personas que defienden los derechos humanos y periodistas?

La ley contempla puntualmente los tipos de agresiones, tales como el daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación por el ejercicio de su actividad. Además los apoyos refieren reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados, protección de inmuebles, y las demás que se requieran.

Incluso se habla de las sanciones al servidor público que en forma dolosa altere o manipule los procedimientos del Mecanismo para perjudicar, poner en riesgo o causar daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Periodista, peticionario y beneficiario.

“… se le impondrá de dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos referidos en esta Ley.”, señala.

Y no es casualidad que se haya puesto este apartado, en realidad a veces quienes debieran defender a las personas son quienes las agreden, y no se ven muchos castigados por sus excesos.

Mientras tanto los gobernantes no cambian, todos dicen ser incansables defensores de las buenas causas, de la libertad de expresión. Eso sí, cuando no están de acuerdo con ciertas informaciones, las critican e intentan desacreditarlas, invocando el derecho de la réplica, el cual es concedido en casi todos los casos.

Cuando el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, asumía el poder, destacaba como “un gran paso” que su gobierno daba para reforzar la libertad de expresión, pero cuando una información del periódico El Universal “retrató” uno de sus viajes a Mazatlán, entonces la nota fue calificada como de “mala leche”.

Su antecesor César Duarte, defendía la Libertad de Prensa en cada oportunidad, pero en el 2003, el periodista Carlos Ramírez, del periódico El Financiero, denunció amenazas a su integridad, y aseguró que fue amenazado de muerte por información relativa al funcionario.

El exgobernador José Reyes Baeza  se comprometió a defender a los periodistas, aunque en el 2008 fue asesinado el reportero de El Diario de Juárez, Armando Rodríguez, de la fuente policiaca, a quien sus amigos conocían como “El Choco”.

El ex mandatario Patricio Martínez relataba con detalle, vida y obra de la libertad de expresión, admiraba el ejercicio periodístico, pero no respetaba el tiempo de los reporteros,  citaba a rueda de prensa y salía hasta dos horas después.

Y así podemos enumerar los diferentes mandatarios, pero lo concluyente, es que se tiene una deuda con periodistas y defensores de derechos humanos.